EL OBRERO PERIODISMO DE DATOS
18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
España arrastra un déficit histórico de vivienda pública: el parque apenas alcanza el 1,5% de los hogares
Imagen ilustrativa generada mediante inteligencia artificial.

El Banco de España sitúa el parque público español muy por debajo de la media de las economías avanzadas. En 2025 se terminaron 11.000 viviendas protegidas, frente a las más de 56.000 anuales que se construían en la década de los 2000.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España, pero el país afronta esta situación con una red pública de alojamiento muy reducida. El Informe Anual 2025 del Banco de España cifra en torno al 1,5% la proporción de viviendas principales que forman parte del parque público, frente a una media próxima al 7% en las economías avanzadas analizadas. La dimensión del déficit ayuda a explicar por qué las administraciones disponen de un margen limitado para ofrecer alternativas de alquiler a los hogares con menos recursos.

La cifra del parque público debe distinguirse de la estimación del alquiler social. Según los datos recogidos por el Gobierno en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el alquiler social representa alrededor del 3,5% del conjunto de hogares, mientras que las viviendas de titularidad pública alcanzan aproximadamente el 1,7%. Son indicadores diferentes —uno atiende al régimen y precio del alquiler y otro a la propiedad pública—, pero ambos reflejan la reducida dimensión de la oferta social en España.

Muy lejos de los países europeos con mayor parque social

La comparación internacional que recoge el Banco de España muestra la distancia existente con otros países. El peso de la vivienda pública alcanza el 34,1% en Países Bajos, el 23,6% en Austria, el 21,3% en Dinamarca y el 16,4% en Reino Unido. Francia se sitúa en el 14%, mientras que España aparece en el extremo inferior de la tabla, con un 1,5% de las viviendas principales.

El organismo advierte de que esta escasez limita la capacidad de respuesta ante las dificultades actuales de acceso. Una parte importante de la demanda procede de hogares con rentas bajas que deben destinar una proporción elevada de sus ingresos al alquiler de mercado. Un parque público de alquiler con precios inferiores a los del mercado puede actuar como red de protección y contribuir a moderar las tensiones en los segmentos más vulnerables.

De más de 56.000 viviendas protegidas al año a apenas 11.000

El retroceso se aprecia también en la evolución de la construcción. El Banco de España señala que en 2025 se terminaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500. Aunque estas cifras superan la media anual de 9.000 unidades registrada entre 2015 y 2024, quedan lejos de los niveles de décadas anteriores: se terminaban unas 62.000 viviendas protegidas al año en los noventa y alrededor de 56.000 en la década de los 2000.

El informe añade otro dato relevante sobre el destino de estas promociones. Pese al aumento del alquiler protegido, en 2025 este régimen representó el 37,4% de las viviendas públicas, frente al 49% destinado a la venta a precios limitados. La composición del parque importa: la vivienda protegida en propiedad puede facilitar el acceso a determinados hogares, pero no amplía de la misma manera la oferta estable de alquiler público disponible para quienes no pueden comprar.

La serie histórica muestra cómo el modelo español se apoyó durante años en la promoción de vivienda protegida que, en muchos casos, terminaba vendiéndose a sus beneficiarios y perdía su condición protegida al cabo del tiempo. El Banco de España recuerda que entre 1991 y 2015 se construyeron más de 1,3 millones de viviendas protegidas con recursos públicos, pero buena parte de esos programas tenía una protección limitada temporalmente. Ese diseño contribuyó a que el esfuerzo público realizado no se tradujera en un parque de alquiler social permanente de dimensiones comparables al de otros países.

Un déficit que se acumula mientras crecen los hogares

La debilidad del parque público coincide con un desequilibrio más amplio entre la creación de hogares y la construcción residencial. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 el déficit acumulado entre las viviendas terminadas y el aumento del número de hogares alcanzó unas 750.000 unidades. Solo en 2025 se crearon alrededor de 240.000 hogares, mientras que se terminaron 92.000 viviendas nuevas.

Esta brecha no explica por sí sola todas las dificultades del mercado —que también dependen de la localización de la oferta, los precios, la disponibilidad de suelo y la capacidad de construir—, pero ayuda a entender la presión sobre los alquileres y la compra, especialmente en las áreas urbanas con mayor actividad económica y crecimiento demográfico.

Los planes públicos buscan recuperar capacidad, pero tardarán en notarse

El informe identifica distintas actuaciones en marcha para ampliar la oferta. Entre ellas figuran programas financiados con fondos europeos para construir alrededor de 20.000 viviendas en suelo público, destinadas al alquiler social o asequible durante un periodo mínimo de 50 años, así como líneas de financiación del ICO para construcción y rehabilitación que podrían impulsar entre 40.000 y 45.000 viviendas.

También destaca el papel previsto para CASA47, la entidad estatal que gestionará activos inmobiliarios y suelo público, y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y orientado, entre otros objetivos, a la construcción y adquisición de vivienda con protección permanente. El Banco de España advierte, no obstante, de que los esfuerzos tardarán en materializarse y que su dimensión sigue siendo reducida en relación con las necesidades actuales.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda estima que, si se mantiene el ritmo de construcción del primer semestre de 2026, las viviendas protegidas terminadas podrían superar las 25.000 unidades en el conjunto del año. En los seis primeros meses se contabilizaron 11.270, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. Se trataría de la cifra anual más elevada de los últimos catorce años, aunque todavía lejos de los volúmenes registrados en décadas pasadas.

Un reto que exige continuidad

La fotografía que dibujan los datos es la de un problema estructural: España llega a la actual crisis de acceso a la vivienda con un parque público pequeño, una producción protegida insuficiente para recuperar el terreno perdido y una demanda residencial que crece con más rapidez que la oferta. Las nuevas promociones y los programas de financiación pueden contribuir a corregir esa situación, pero su impacto dependerá de que se ejecuten, se mantengan en el tiempo y las viviendas conserven su función social.

La cuestión ya no es únicamente cuántas viviendas se construyen cada año, sino cuántas permanecen dentro de un parque asequible y estable, durante cuánto tiempo y para qué hogares. Esa es una de las diferencias que separan a España de los países europeos con mayor vivienda social y uno de los principales desafíos de la política pública en los próximos años.

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