El Tribunal de Cuentas ha rechazado archivar las actuaciones y propone nombrar un instructor para investigar la adquisición. PSOE y Más Madrid reclaman aclarar quién ordenó la operación, mientras la Comunidad sostiene que se ajustó a la legalidad y anuncia que recurrirá.
El ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros continúa sin uso y sin comprador, mientras el Tribunal de Cuentas ha decidido que la operación debe ser investigada. El órgano fiscalizador ha rechazado la petición de archivo presentada por la Comunidad de Madrid y la propia sociedad pública, al apreciar indicios de que la adquisición pudo suponer una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal».
La compra se formalizó el 14 de abril de 2026 en un inmueble de la calle General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí. El ático cuenta con unos 485 metros cuadrados, de los que aproximadamente 199 corresponden a una terraza. Planifica Madrid, empresa dependiente del Gobierno regional, abonó 6,3 millones de euros por la propiedad.
La operación se justificó inicialmente por la necesidad de disponer de un espacio institucional provisional durante las obras en la sede de la Presidencia de la Comunidad, en la Real Casa de Correos. La vivienda iba a albergar despachos y zonas de trabajo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el inmueble no llegó a utilizarse y, tras conocerse públicamente la compra a finales de julio, el Ejecutivo regional anunció que lo pondría a la venta.
El Tribunal de Cuentas aprecia indicios y rechaza archivar el expediente
En una resolución conocida el 13 de noviembre, el Tribunal de Cuentas acordó elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor. La investigación deberá determinar si la adquisición pudo ocasionar un daño efectivo a los fondos públicos y si existen responsabilidades contables.
El auto plantea varias cuestiones sobre la operación. Entre ellas, que los estatutos de Planifica Madrid vinculan la adquisición de inmuebles a usos administrativos; que el ático es una vivienda situada en un edificio residencial; y que la memoria justificativa de la necesidad de la compra se elaboró el 2 de julio, casi tres meses después de la escritura pública, formalizada el 14 de abril.
El órgano fiscalizador también examina el precio abonado. Una primera tasación de Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros, por debajo de los 6,3 millones pagados. La Comunidad y Planifica aportaron posteriormente una segunda tasación, de octubre, que elevaba el valor a 6.320.341,26 euros al incluir parte de la terraza cerrada. El Tribunal de Cuentas considera que deben aclararse las circunstancias de esa valoración y las condiciones urbanísticas del cerramiento.
La resolución no declara que exista responsabilidad contable ni determina que se haya cometido una infracción. Abre una fase de investigación para comprobar si se produjo un perjuicio económico y, en su caso, quiénes serían responsables. La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la decisión.
Dos subastas desiertas y ninguna oferta de compra
Un día después de que la operación trascendiera públicamente, la Comunidad anunció que vendería el inmueble y que destinaría los fondos obtenidos a la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios del verano. El precio de salida se fijó en 6.694.201 euros, cantidad que incluye el importe de compra y los impuestos asociados.
Sin embargo, las dos subastas celebradas quedaron desiertas. Tampoco se había recibido ninguna oferta en el procedimiento de venta posterior, cuyo plazo fue ampliado hasta el 24 de noviembre. La operación permanece así pendiente de una salida comercial, mientras el inmueble sigue sin incorporarse al uso institucional para el que se había presentado inicialmente.
La falta de ofertas es uno de los elementos que el Tribunal de Cuentas menciona al valorar si el precio fijado refleja el mercado. La resolución señala que el hecho de que las licitaciones hayan quedado desiertas puede ser indicativo de que el mercado no ha absorbido el precio de venta establecido. La Comunidad, por su parte, sostiene que no existe pérdida patrimonial porque el inmueble conserva un valor susceptible de recuperarse mediante su venta.
Más Madrid y PSOE reclaman que se esclarezca quién impulsó la compra
La decisión del Tribunal de Cuentas ha reactivado las críticas de los grupos de la oposición madrileña. Más Madrid ha reclamado que la investigación determine quién dio la orden de adquirir el ático y con qué justificación. La formación considera que la documentación conocida no acredita suficientemente la necesidad previa de la operación ni su adecuación a los fines de la empresa pública.
El PSOE también ha pedido aclarar quién impulsó la adquisición, qué necesidad concreta pretendía cubrir y qué controles administrativos, presupuestarios y jurídicos se aplicaron. Los socialistas denunciaron la operación ante el Tribunal de Cuentas y han destacado que el órgano fiscalizador haya rechazado el archivo solicitado por la Comunidad y Planifica Madrid.
Vox, por su parte, ha registrado iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones sobre la compra, el uso previsto del inmueble y sus consecuencias económicas. En septiembre, el PP utilizó su mayoría en la Mesa de la Asamblea para rechazar varias preguntas de la oposición dirigidas a Ayuso sobre la operación, incluidas iniciativas del PSOE y de Vox. La Asamblea señaló entonces que otras preguntas relacionadas con Planifica Madrid sí habían sido admitidas.
El Gobierno regional defiende la legalidad y anuncia un recurso
El Ejecutivo autonómico ha sostenido que la adquisición se realizó conforme a la legalidad y a las competencias de Planifica Madrid. Fuentes del Gobierno regional afirmaron tras conocerse la resolución que «no hay nada ilegal» en la operación y anunciaron que recurrirán la decisión del Tribunal de Cuentas de continuar las actuaciones.
La Comunidad ha defendido que el inmueble se adquirió como un activo patrimonial y que la operación no supone un deterioro económico para las arcas públicas, puesto que puede venderse. También ha cuestionado las críticas del PSOE y las ha enmarcado en el contexto de la campaña electoral. La resolución del Tribunal de Cuentas, no obstante, considera que los elementos aportados por los denunciantes y las dudas sobre la finalidad, la tramitación y el precio justifican que se investigue el posible perjuicio económico.
Una operación pendiente de explicación y de desenlace
La adquisición reúne ahora tres cuestiones sin resolver: el procedimiento administrativo por el que Planifica Madrid decidió comprar el inmueble, la finalidad pública que justificaba destinar 6,3 millones de euros a una vivienda de uso residencial y el resultado económico de una venta que no ha encontrado comprador en los procesos celebrados hasta ahora.
La investigación del Tribunal de Cuentas deberá esclarecer si la operación se ajustó a los fines legales de la empresa pública y si causó un perjuicio a los fondos de la Comunidad. Al mismo tiempo, el Gobierno regional mantiene su defensa de la compra y su intención de recurrir, mientras la oposición reclama responsabilidades políticas y explicaciones sobre la cadena de decisiones que condujo a la adquisición.
Por el momento, el ático continúa sin uso institucional y sin comprador. La investigación contable abre una nueva fase en un caso cuya resolución dependerá de la documentación que se examine, de las diligencias que practique el instructor y del resultado del procedimiento de venta.





