El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha aprobado dos medidas de especial relevancia en materia económica y de Justicia: la tramitación urgente del futuro decreto de revalorización de las pensiones para 2027 y el impulso de una nueva ampliación de 700 plazas de jueces y fiscales.

La primera de las decisiones busca acelerar el procedimiento para actualizar las prestaciones a partir del próximo 1 de enero y garantizar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. Sin embargo, el acuerdo aprobado hoy no establece todavía el porcentaje definitivo de incremento. La cuantía se determinará una vez se conozca la evolución de los precios y se apruebe la correspondiente norma con rango de ley.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el acuerdo permite poner en marcha el procedimiento administrativo necesario para efectuar la revalorización. Según ha señalado, el Ejecutivo considera prioritario que las pensiones continúen evolucionando conforme al coste de la vida.

El dato adelantado del IPC de noviembre se conocerá el próximo 27 de noviembre, según el calendario del Instituto Nacional de Estadística. Ese indicador será determinante para calcular la actualización de las pensiones contributivas. Saiz ha situado la previsión de incremento en una horquilla de entre el 3 % y el 4 %, aunque la cifra definitiva todavía no está cerrada.

700 nuevas plazas para jueces y fiscales

La segunda medida aprobada por el Ejecutivo se dirige a reforzar los recursos humanos de la Administración de Justicia. El Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de dos reales decretos que permitirán crear 500 nuevas plazas judiciales y otras 200 para el Ministerio Fiscal durante 2027.

La ampliación supondrá, según los datos del Ministerio de Justicia, un crecimiento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla fiscal.

El reparto de las nuevas plazas judiciales atenderá a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población. De las 500 previstas, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial, 11 para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. A ellas se sumarán ocho nuevas presidencias de Tribunales de Instancia y cuatro plazas en la Audiencia Nacional.

Cataluña figura entre los territorios que recibirán un mayor refuerzo. La previsión del Ejecutivo contempla 94 nuevas plazas judiciales y 47 de fiscales para la comunidad. Andalucía contará también con 94 plazas judiciales, mientras que Madrid tendrá 74 y la Comunitat Valenciana, 53.

La distribución de las nuevas plazas fiscales se realizará entre las distintas comunidades autónomas y los órganos centrales. En el caso catalán, las 47 incorporaciones supondrán un incremento del 9,9 % de la plantilla del Ministerio Fiscal en ese territorio.

Una tramitación que todavía debe completarse

Aunque el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la vía urgente para ambas iniciativas, los acuerdos no significan que todas las medidas estén ya materializadas. En el caso de las pensiones, queda pendiente conocer el dato definitivo de inflación y aprobar la norma que concrete los porcentajes de actualización. Para las nuevas plazas judiciales y fiscales, la distribución será trasladada a los órganos e instituciones competentes para recabar sus propuestas y aportaciones.

Con estas decisiones, el Ejecutivo pone en marcha dos procedimientos que tendrán efectos en 2027: la actualización de las prestaciones de los pensionistas y el refuerzo de los recursos humanos de la Justicia.