En los últimos años, España ha experimentado una sucesión de acontecimientos de enorme impacto colectivo: la pandemia de la covid-19; grandes incendios forestales en verano; la dana que asoló varios municipios valencianos en 2024 y, más recientemente, los accidentes de la red ferroviaria de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y Toledo.

Si bien estas crisis difieren en su origen, escala y consecuencias, todas ellas han generado dinámicas similares de solidaridad inicial, atribución de responsabilidades y confrontación política, al igual que el gran apagón eléctrico de 2025.

Las catástrofes y los desastres suelen ser abordados como acontecimientos que suspenden temporalmente la vida social y política ordinaria y ponen a prueba el funcionamiento institucional y el caudal cívico de las comunidades.

Sin embargo, estos acontecimientos traumáticos también generan formas emergentes de organización, resistencia y política contenciosa, así como expresiones de solidaridad civil o la formación de identidades colectivas y discursos rivales.

Crisis como los atentados terroristas, las pandemias, los desastres naturales, las emergencias humanitarias o lo que el sociólogo de la Universidad de Yale Charles Perrow denominaba en su libro Accidentes normales (los que suceden como consecuencia del funcionamiento habitual de un operativo tecnológicamente complejo) funcionan como espejos políticos: intensifican y hacen visibles campos identitarios y conflictos sociales preexistentes.

Las teorías de la modernización reflexiva destacan cómo las sociedades se enfrentan a riesgos producidos por su propio desarrollo, incierto y controvertido. Más recientemente, algunos autores han subrayado las raíces socionaturales de ciertos riesgos, como las pandemias o el cambio climático.

Cuando ni la ciencia garantiza el consenso

La ciencia no garantiza el consenso ni el control; pasa a convertirse en una voz más dentro de controversias públicas más amplias. En la percepción y materialización del riesgo, los desacuerdos entre expertos y la relación entre conocimiento experto, lego y política, los intereses prácticos de los públicos o los procesos de amplificación social del riesgo intensifican la incertidumbre.

Las catástrofes intensifican de forma radical la centralidad política de la responsabilidad. Cuando los daños son extensos, las causas inciertas y la prevención se convierte en una pregunta retrospectiva, la responsabilidad emerge como un eje fundamental de interpretación y movilización.

Los procesos de atribución intentan responder a cuestiones urgentes: ¿quién falló?, ¿quién debería haber actuado de otra manera?, ¿quién tiene la culpa de pérdidas que podrían haberse evitado?

La responsabilidad en contextos catastróficos no se limita a la rendición de cuentas institucional o jurídica. Opera como un recurso moral y político mediante el cual gobiernos, expertos, grupos sociales y ciudadanos son evaluados a través de categorías como cuidado y negligencia, legitimidad e irresponsabilidad.

Como resultado, emerge una política de la culpa (politics of blame) donde la discusión pública se desplaza desde el acontecimiento material hacia la atribución de responsabilidades y la disputa por el significado de la crisis.

En España, estas dinámicas han podido observarse durante las crisis y catástrofes aludidas al inicio. En la pandemia, cuando epidemiólogos, gobiernos autonómicos y gobierno central formularon diagnósticos divergentes sobre restricciones y estrategias de gestión. Y también durante la dana y los incendios forestales, cuando los debates sobre alertas tempranas, equipos de actuación, recursos de extinción y emergencias, la coordinación institucional o la adaptación al cambio climático coexistieron con fuertes controversias políticas.

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo han reabierto debates sobre el mantenimiento de infraestructuras, la inversión pública y la capacidad de supervisión institucional, reproduciendo dinámicas similares de atribución de responsabilidades y confrontación política.

Catástrofe, cruzadas simbólicas y polarización

El concepto de “cruzada simbólica” (symbolic crusade) de Joseph Gusfield proporciona una herramienta analítica útil para comprender estas dinámicas. Las cruzadas simbólicas remiten a concepciones compartidas, aunque disputadas, de la justicia, la obligación y la legitimidad que configuran las expectativas y reacciones colectivas, especialmente en contextos de tensión estructural o crisis social.

En situaciones catastróficas, estas cruzadas no surgen de forma espontánea; son producidas activamente mediante los procesos de enmarcado impulsados por los actores políticos y a través de las prácticas sociales. Su objetivo no consiste únicamente en reparar los daños materiales, sino también en institucionalizar un determinado orden moral y legitimar la posición de unos grupos sociales frente a otros.

Estas cruzadas se desarrollan en el seno de la esfera civil, a través de un discurso que distingue entre virtudes “civiles” (como la solidaridad, la transparencia o el cuidado) y vicios “inciviles” (como el egoísmo, la corrupción o la irresponsabilidad).

¿Quién es el responsable del dolor?

Tras una catástrofe, las cruzadas simbólicas instrumentalizan esta dicotomía. Actores políticos rivales se presentan como los auténticos representantes de la solidaridad cívica mientras retratan a sus adversarios como amenazas para la comunidad. En este sentido, las catástrofes desencadenan procesos de trauma colectivo en los que el significado del acontecimiento se configura a través de una disputa sobre quién es responsable de haber infligido la herida al cuerpo colectivo.

Las crisis generan interpretaciones enfrentadas sobre quién merece protección, qué sufrimientos deben ser reconocidos y quién debe asumir los costes de la respuesta colectiva. Estas disputas morales se convierten en recursos de movilización política y de construcción de identidades colectivas.

Al transformar a las víctimas en símbolos políticos y convertir la gestión técnica en un juicio moral, las cruzadas simbólicas aceleran la delimitación de fronteras entre lo civil y lo incivil. Lejos de congelar el conflicto, las catástrofes se convierten en escenarios donde comunidades rivales luchan por imponer una definición legítima del vínculo social, mientras los posicionamientos morales intensifican clivajes tradicionales y procesos de polarización.

Confianza de segundo orden y crisis de legitimidad

Las catástrofes no solo alteran las condiciones materiales de la vida social; también erosionan lo que puede denominarse confianza de segundo orden: la expectativa compartida de que los demás confían en que las instituciones, las normas y los procedimientos funcionen como deberían.

El orden social en las sociedades complejas depende menos de la confianza interpersonal directa que de la presunción de que la confianza es mutuamente anticipada y está institucionalmente estabilizada. Cuando esta expectativa se debilita, la legitimidad se erosiona incluso en ausencia de fallos técnicos inmediatos.

Las catástrofes, los desastres o los accidentes mortales ponen de manifiesto y aceleran este proceso de erosión. En contextos marcados por la incertidumbre y el sufrimiento, los ciudadanos no evalúan únicamente si las instituciones funcionan de manera eficaz, sino también si perciben que operan dentro de un marco normativo compartido. Los fallos, reales o percibidos, son interpretados como indicios de que el sistema ha dejado de constituir una infraestructura fiable de coordinación y cuidado.

En estas circunstancias, la polarización funciona como un mecanismo de reorientación moral. Los distintos campos políticos ofrecen narrativas simplificadas que restablecen certezas mediante la atribución de responsabilidades y la clarificación de las fronteras de legitimidad. Esta dinámica contribuye al deterioro de la legitimidad institucional al menos de dos maneras.

• En primer lugar, las atribuciones de responsabilidad pasan a filtrarse a través de identidades partidistas, de modo que las evaluaciones institucionales dependen menos del desempeño efectivo que de la alineación política.

• En segundo lugar, expresiones cívicas de solidaridad, protesta o duelo público pueden ser simbólicamente apropiadas por actores políticos que buscan reforzar sus intereses electorales.

Las crisis sufridas en España en los últimos años revelan con crudeza dónde nos encontramos como sociedad.

Rubén Díez García, Profesor de Sociología de la UCM, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.