EL OBRERO PERIODISMO DE DATOS
18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
El ruido no tapa las mentiras: Feijóo no superó el examen de los datos
RTVE.

El líder del PP quiso convertir el cara a cara en un juicio al Gobierno, pero sus acusaciones, sus cifras y algunas de sus afirmaciones más graves no resisten el contraste con los datos oficiales. Sánchez mantuvo mejor el hilo argumental y no se dejó arrastrar a la bronca, aunque tampoco salió indemne de las verificaciones.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tenía que servir para que los españoles pudieran comparar dos proyectos de país, escuchar propuestas y valorar la capacidad de quienes aspiran a gobernar. Sin embargo, una parte sustancial del encuentro terminó convertida en un intercambio de reproches, interrupciones y acusaciones. Y, en ese terreno, Feijóo volvió a mostrar una preocupante inclinación a sustituir la precisión por el golpe de efecto.

El candidato del PP compareció con un tono incisivo, agresivo por momentos, recurriendo a descalificaciones e interrumpiendo reiteradamente a su adversario. Buscó imponer el ritmo, llevar la conversación a los terrenos que más le convenían y presentar cada intervención como una acusación definitiva contra el presidente. Pero la política no consiste en hablar más alto ni en interrumpir más veces. Consiste, sobre todo, en explicar qué se propone hacer y responder de la veracidad de lo que se afirma.

Pedro Sánchez, por su parte, compareció con mayor rigor argumental, conocimiento de los asuntos y capacidad para sostener sus respuestas sin aceptar permanentemente el terreno de confrontación que le planteaba Feijóo. No fue un debate perfecto ni estuvo libre de imprecisiones por parte del presidente. Pero, en nuestra valoración, Sánchez consiguió evitar que el encuentro se convirtiera exclusivamente en el espectáculo de ataques personales que buscaba su adversario.

Cuando las cifras se convierten en munición electoral

La prueba más reveladora del debate llegó después, cuando los equipos de verificación comenzaron a contrastar las afirmaciones de los dos candidatos. Y el resultado merece atención.

La plataforma Capitol, que verificó 205 afirmaciones con fuentes oficiales y aplicó el mismo criterio a ambos contendientes, contabilizó 116 afirmaciones de Feijóo y 89 de Sánchez. En el caso del líder popular, 29 fueron clasificadas como engañosas y seis como falsas. En el del presidente, 23 resultaron engañosas y dos falsas. El índice de veracidad elaborado por ese medio fue de 82 puntos para Feijóo y 84 para Sánchez.

El dato obliga a matizar cualquier triunfalismo: los dos candidatos incurrieron en imprecisiones y ninguno ofreció un discurso impecable. Pero también desmiente la imagen de un Feijóo que habría acudido al debate armado de datos incontestables para desenmascarar al presidente. Su intervención acumuló afirmaciones que, sometidas a comprobación, no se sostenían.

Uno de los ejemplos más claros fue la vivienda. Feijóo aseguró que Sánchez había prometido 184.000 viviendas y que solo había entregado 540. Presentó esa cifra como prueba de un incumplimiento prácticamente absoluto. Sin embargo, los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo indican que entre el primer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 se terminaron 47.346 viviendas protegidas. Las 540 unidades citadas por Feijóo correspondían a promociones cuya entrega había anunciado el Gobierno en determinadas notas de prensa, no al conjunto de viviendas terminadas.

La diferencia no es menor: se tomó un dato parcial y se presentó como si representara la totalidad de la política pública de vivienda. Eso no es una comparación rigurosa. Es una forma de construir una acusación mediante una cifra escogida para producir un efecto político.

También fue desmentida su afirmación sobre la supuesta caída del 69% de la oferta de alquiler en Barcelona. Los datos oficiales citados por El País no acreditan esa reducción de la oferta. Y su afirmación sobre los desahucios en la capital catalana tampoco encajó con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial: en 2025 se practicaron 6.814 lanzamientos en Cataluña, un 7% menos, mientras que en Madrid fueron 2.267, también por debajo del año anterior.

La pensión no está a punto de «petar»

Especialmente grave fue la acusación relativa al sistema público de pensiones. Feijóo atribuyó al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, la afirmación de que el sistema estaba a punto de quebrar. Pero la grabación de la entrevista a la que aludió el líder popular no respalda esa interpretación.

Cuerpo habló del incremento del gasto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom y de la necesidad de adoptar reformas para garantizar la sostenibilidad futura. Y añadió expresamente que reconocer el aumento del gasto no equivale a afirmar que el sistema sea insostenible.

Convertir una explicación sobre los desafíos de financiación en una supuesta confesión de quiebra es una tergiversación. Más aún cuando se utiliza para sembrar inquietud entre millones de pensionistas, trabajadores que cotizan y personas que esperan recibir una prestación después de toda una vida laboral.

En la misma línea se situó la afirmación de que el Gobierno había excarcelado a 1.400 violadores y condenados por abusos sexuales como consecuencia de la ley del solo sí es sí. La cifra oficial del Consejo General del Poder Judicial contabilizó 1.233 reducciones de condena, de las cuales 126 terminaron en excarcelaciones. Feijóo presentó como personas liberadas a un conjunto mucho mayor que el de las excarcelaciones efectivamente registradas. La diferencia entre una reducción de condena y una excarcelación no es un matiz técnico: es precisamente la diferencia entre dos hechos distintos.

Corrupción: no todo investigado pertenece a un partido

El capítulo de la corrupción fue otro de los momentos en los que la contundencia verbal sustituyó a la precisión. Feijóo recurrió a una relación de 130 supuestos imputados vinculados al PSOE. Sin embargo, la revisión realizada por la Cadena SER detectó que 56 de esos nombres no tenían relación acreditada con el partido. Entre ellos figuraban empresarios investigados en el caso de hidrocarburos, además de personas incorporadas a procedimientos diferentes o contabilizadas más de una vez.

Esto no significa que no existan investigaciones judiciales que afecten a personas del entorno socialista, ni que el Gobierno esté exento de dar explicaciones. Significa algo mucho más elemental: no se puede presentar a cualquier investigado en una causa como imputado de un partido político. Tampoco se pueden sumar nombres de procedimientos distintos, repetir personas y ofrecer después el resultado como si fuera una cifra judicial acreditada.

La corrupción debe investigarse hasta el final, sin excepciones y sin proteger a nadie por sus siglas. Precisamente por eso resulta imprescindible no convertir las investigaciones judiciales en munición partidista mediante atribuciones que no están demostradas.

Ceuta, migración y cifras que se inflan

En materia migratoria, Feijóo afirmó que habían llegado 100.000 personas a Ceuta. La cifra no coincide con los datos ofrecidos por las autoridades, que situaron la entrada masiva en torno a 80.000 personas. También sostuvo que solo había cinco guardias civiles en la frontera durante aquellos acontecimientos. Los informes desclasificados citados por la Cadena SER indican que estaban operativos 243 agentes y que en el turno nocturno había 48 desplegados.

La diferencia entre cinco y 243 no puede despacharse como una discrepancia menor. Cuando se habla de seguridad fronteriza, de la actuación de los cuerpos policiales y de una crisis migratoria, las cifras deben ser exactas. La ciudadanía tiene derecho a conocer lo ocurrido, no a recibir una versión deformada para reforzar una acusación política.

También quedó cuestionada la afirmación de que la regularización de personas migrantes provoca un efecto llamada. No basta con establecer una coincidencia temporal para demostrar una relación causal. Para sostener esa acusación hacen falta pruebas, y no se aportaron en el debate.

El contraste también obliga a Sánchez

La exigencia de rigor no puede aplicarse únicamente al candidato del PP. Sánchez también incurrió en afirmaciones que las verificaciones consideraron imprecisas o descontextualizadas. Su referencia a un millón de viviendas construidas durante los últimos ocho años confundió las viviendas iniciadas con las terminadas: los datos recogidos por El País sitúan estas últimas en torno a 750.000. También presentó como resultados definitivos actuaciones de rehabilitación que mezclaban objetivos previstos, ayudas concedidas y obras todavía no finalizadas.

Reconocerlo es necesario. Un editorial no debe convertirse en una transcripción de los argumentos de un partido ni en una defensa automática de un presidente. Sánchez tiene la responsabilidad de explicar con exactitud los resultados de su gestión y de no presentar objetivos como si fueran logros concluidos.

Pero hay una diferencia entre una cifra que mezcla objetivos y resultados, que debe corregirse, y atribuir a un responsable público palabras que nunca pronunció; entre confundir viviendas iniciadas y terminadas y convertir reducciones de condena en excarcelaciones; entre ofrecer un dato parcial y utilizarlo para acusar a un partido de tener más de un centenar de imputados que no le corresponden.

Un debate no es un concurso de interrupciones

La imagen que deja el cara a cara va más allá de las cifras. Feijóo pareció confiar en que la acumulación de ataques, las interrupciones y el tono de reproche terminarían imponiéndose sobre la explicación de los hechos. Sánchez, con sus aciertos y errores, mantuvo una mayor continuidad argumental y no aceptó que el debate quedara reducido a una sucesión de descalificaciones.

La ciudadanía no necesita dirigentes que confundan la firmeza con la agresividad. Necesita representantes capaces de escuchar, responder, reconocer los problemas y explicar cómo piensan resolverlos. Necesita propuestas concretas sobre vivienda, salarios, sanidad, educación, pensiones, empleo, migración y convivencia. Y necesita que las cifras utilizadas para defender esas propuestas puedan comprobarse.

La campaña del 29 de noviembre se desarrolla en un momento decisivo. El país afronta problemas reales y complejos que no van a resolverse con frases efectistas ni con acusaciones lanzadas a golpe de interrupción. La vivienda sigue siendo una dificultad para millones de personas; los servicios públicos necesitan recursos y mejoras; el sistema de pensiones debe prepararse para los cambios demográficos; y la política migratoria exige responsabilidad, cooperación y respeto a los derechos humanos.

En lugar de explicar qué haría un Gobierno del PP ante esos desafíos, Feijóo dedicó buena parte del cara a cara a intentar desacreditar al presidente mediante cifras y acusaciones que varias verificaciones han desmontado. Esa estrategia puede servir para alimentar la crispación, pero no demuestra capacidad para gobernar.

El debate no lo gana quien interrumpe más, quien eleva más la voz o quien lanza la acusación más aparatosa. Lo gana, en términos democráticos, quien ofrece mejores razones, propuestas viables y respeto por la inteligencia de los ciudadanos.

Feijóo quiso convertir el cara a cara en un juicio a Sánchez. Pero, cuando llegó el momento de contrastar sus propias palabras con los datos, también tuvo que responder ante el tribunal de los hechos. Y ese examen dejó demasiadas sombras.

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