La pandemia ha golpeado a la educación pública española, pero, realmente, lo que ha hecho ha sido sacar a la luz sus graves carencias, fruto de casi una década de intensos recortes, provocados por la anterior crisis, pero, sobre todo por un modelo educativo que ha primado el trasvase de fondos a la escuela concertada. Ha habido una descapitalización de un pilar fundamental del Estado del Bienestar, pilar porque no sólo la escuela forma a nuestros futuros ciudadanos para que emprendan sus proyectos de vida y contribuyan al buen funcionamiento de nuestras sociedades, sino porque también es un motor para aminorar la desigualdad, un aspecto que determinadas concepciones políticas no quieren tratar porque no les interesa, y es consecuente con su adelgazamiento de lo público. Educar no significa exclusivamente, y esto parece que hay que recordarlo todavía, transmitir conocimientos y procedimientos, sino también valores, esos que sustentan nuestro sistema democrático, otro aspecto polémico para esas mismas opciones tan dadas al trasvase del dinero público a la empresa privada o hacia la Iglesia. Y educar significa aportar oportunidades para progresar, para poder acceder a vidas mejores, a que los españoles de mañana mismo no estén en extremos de la fractura de la desigualdad.

El Ministerio de Consumo está preparando una reforma para prohibir los teléfonos de atención al cliente, de tarificación adicional, los que todos conocemos que comienzan por 902. El respaldo legal a esta reforma que comienza a ponerse en marcha se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2017 declaró que era ilegal que el coste de una llamada a un servicio posventa superase el de una llamada estándar, es decir, normal. Han pasado ya tres años, pero, al menos, ahora parece que se podrá aplicar en nuestro país. Para ello hay que modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 21.2, que tiene que ver con este tipo de llamadas de atención al cliente.

El anuncio de la fusión entre Bankia y CaixaBank genera varios interrogantes, habida cuenta de que si se produce surgiría de resultas una poderosísima entidad financiera.

La sentencia que declara que el Estado es el legítimo propietario del Pazo de Meirás es una noticia de primera magnitud, solamente superada por la más apremiante de la pandemia. Y lo es por dos razones, una de estricta justicia, y la otra de un gran valor histórico pedagógico.

UGT ha expresado que una de las prioridades del mes de septiembre, entre tantas tareas fundamentales a abordar en un mes de septiembre, indudablemente decisivo, estaría la necesidad de atender a los desempleados que no tienen prestación, ya sea porque la habrían agotado durante la pandemia, o porque habiendo quedado en paro no tendrían derecho a la misma.

Ley y Orden es la divisa que proclama el presidente Trump ante los recurrentes disturbios generados como respuesta hacia las acciones que, de forma, periódica, están ejerciendo algunas fuerzas policiales sobre ciudadanos afroamericanos. Pero no parece que esa divisa se deba aplicar a quienes ejercen esa violencia desproporcionada con resultados en determinados casos muy graves y hasta mortales, ya estén en cuerpos policiales, ya sean particulares en grupos de milicias urbanas. La divisa se debe aplicar, con todo su rigor, hacia los manifestantes, ya sean pacíficos, ya violentos, que han reaccionado a lo que está ocurriendo.

Nunca un comienzo de curso escolar había sido portada de periódicos, cabecera de informativos televisivos y radiofónicos, y nunca había ocupado tanto espacio en las distintas redes sociales. Es evidente que la pandemia ha hecho que un asunto casi cotidiano para la sociedad española cada mes de septiembre, se convirtiera en primera noticia. Hay miedo, hay incertidumbre, hay preocupación. Hasta aquí es normal que estén presentes estas sensaciones entre los alumnos, los docentes y las familias. Y se producen porque las escuelas, los colegios y los institutos suponen una concentración evidente de personas, porque estamos hablando de millones de niños, profesores y de personal administrativo y de servicios que desde mediados del mes de marzo no se han reunido para aprender, educar y trabajar, y porque, en general las instalaciones educativas españolas o están envejecidas, o sin estarlo no están hechas para este problema de salud.

El referéndum vinculante que Junts pel Sí prometió a los catalanes no se va a celebrar el próximo 1 de octubre.

Ante el esperpento parlamentario vivido la semana pasada en Cataluña, en la que, parafraseando a Miquel Iceta: “la mayoría independentista que da apoyo al Govern, ha impuesto sus deseos por encima de la ley, desoyendo a los servicios jurídicos del Parlament, al Consell de Garanties Estatutàries, y pisoteando los derechos de los diputados y grupos de la oposición”, se hace necesario poner en valor la actitud de los muchos alcaldes, en su inmensa mayoría del PSC, que han apostado sin fisuras por defender la Democracia y el valor de la Constitución Española, al advertir de que sus municipios no se prestarán al referéndum soberanista, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, impuesto al margen de la Ley, por PDeCAT, ERC y la CUP.

Mariano Rajoy se someterá mañana, aunque esta vez en sesión extraordinaria, a la enésima dosis de preguntas-reprimenda de la Oposición a cuenta de la trama Gürtel.

De lo inapropiado, falto de respeto y vergüenza, de la utilización de banderas independentistas y pancartas atacando al Jefe del Estado y del Gobierno, en una manifestación contra el terrorismo yihadista y en apoyo de las víctimas, familiares y amigos de los atentados sufridos en Barcelona y Cambrils la semana pasada, se han escrito ya ríos de tinta, con los que EL OBRERO, solo podemos mostrarnos de acuerdo. Ayer no era el día de la reivindicación política sino de la unidad de los demócratas frente al terror.

No debería hacer falta que, desde EL OBRERO, reflexionemos sobre obviedades tales como que felicitar a los Mossos por su profesionalidad durante las horas posteriores al atentado de Barcelona, no te convierte en independentista, parte del Procés, ni criticar algunas de sus actuaciones, te vuelve un centralista recalcitrante, de la más rancia derecha, pero es necesario a la vista de cómo se debate en tertulias políticas o redes sociales.