Parece mentira, pero persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país y en el mundo. Por muchos avances que se haya producido es una realidad palpable y medible, englobando un conjunto de elementos que van más allá de lo puramente salarial, sin deja de afirmar que, por regla general, las mujeres siempre cobran menos, especialmente en el ámbito de la empresa privada.

Es sumamente curioso que dos Comunidades Autónomas con tanto peso económico, social, demográfico y político en nuestro país, como son Madrid y Cataluña, estén gobernadas por dos personajes políticos que están castigando a sus conciudadanos. Mientras Torra representa una presidencia preocupada por la salvación de todos los males que supuestamente España infringe a Cataluña, aunque ahora un poco en segundo plano por la pandemia, en medio de los líos del propio nacionalismo catalán enredado en disputas internas, y sin olvidar que el propio presidente vive enfrascado en su posible inhabilitación, Díaz Ayuso es la cabeza del caos en la gestión de esta misma pandemia que está convirtiendo Madrid en un horror. Se puede estar de acuerdo o no con otros presidentes autonómicos, pero, en general, casi todos intentan, con distinto acierto, luchar contra la gravedad que nos acecha, sin dar el lamentable espectáculo que desde la Plaça de Sant Jordi y la Puerta del Sol se nos ofrece un día sí y otro también.

Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, castiga a la ciudadanía, con afirmaciones que no pueden dejar de calificarse como peligrosas, además de inciertas, siempre con el objetivo de no asumir la desastrosa gestión que está realizando su Gobierno de la tragedia de la pandemia en esta Comunidad.

Aunque el cese de actividad por la pandemia ha provocado un descenso de los accidentes laborales, en los siete primeros meses del año han fallecido 418 por el hecho de ir a trabajar, es decir, 47 más que el mismo período del año pasado cuando no había Covid-19.

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de una rebaja fiscal de medio punto para todos los tramos del IRPF supone un ejemplo más de las políticas que en Madrid y en España ha adoptado la derecha desde hace ya mucho tiempo.

Sin dudar que la pandemia está generando una crisis general en nuestro país, en realidad, lo que nos está mostrando son las muchas y grandes carencias que padecemos en distintos ámbitos. Como bien sabemos, una economía que se basa tanto en los servicios vinculados al turismo, la hostelería, etc., se está resintiendo precisamente por las características sanitarias de la crisis. Pero también hemos visto como las políticas de austeridad en sanidad nos están pasando factura, o la forma en la que se ha abordado la atención a los mayores no nos ha pasado factura, sino que ha provocado una tragedia, que es la principal de todas, y que no tiene paralelos en nuestra historia reciente.

La Audiencia Nacional ha condenado al ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Moreno a la pena de 133 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas en el año 1989. Esta noticia parece que ha pasado un poco desapercibida en un día de fuertes conmemoraciones y en medio de los problemas derivados de la pandemia y otros asuntos de intensidad tanto en la política nacional como internacional. Pero merece que nos detengamos en este hecho capital, en un suceso terrible que conmocionó a nuestro país, y a la opinión internacional, por un brutal asesinato de unas personas comprometidas con los que más sufrían en un El Salvador de tantos padecimientos y tanta sangre en los años ochenta.

El pasado jueves en el Congreso se ha dado un paso adelante para subsanar un retraso de nada más y nada menos que de 17 años en relación con la sanidad en el ámbito penitenciario español que, como se comprueba, parece que ha sido un ámbito olvidado.

Los datos que ofrece la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019 pueden ser calificados de terribles. Un 13’7% de mujeres en este país han padecido violencia física o sexual a lo largo de su vida, es decir, casi tres millones de mujeres mayores de 16 años.

Cada día nos amanecemos con más noticias sobre la operación Kitchen, provocando que nos preguntemos si no estamos ante una versión española del Watergate, con espionaje, no contra el contrincante político, como en el caso norteamericano, sino sobre un miembro del propio partido, pero que guardaba una información vital que demostraba cómo se había financiado la formación política, y que había que hacerse con ella para destruirla. En el caso español, además, está el añadido de que toda esa operación se hizo a cargo del dinero público a través de los fondos reservados que, en teoría, están dedicados a operaciones para salvaguardar los intereses españoles, no los de una formación que, además, ha quedado demostrado que se financió irregularmente.

En estos días estamos viendo cómo ha funcionado la guerra sucia en las cloacas del Estado durante la última Administración del Partido Popular, con hechos que, de confirmarse al final, nos demostrarían en qué manos hemos estado, y cómo todo vale para tapar la corrupción generada por la misma formación, empleando hasta dinero público con espionajes, mentiras, etc., al mejor estilo del cine de suspense político. Sin lugar a dudas, hay material para realizar una apasionante película en el futuro.

En la Memoria del año 2019 del Ministerio Público (la Fiscalía General del Estado) se nos cuenta que hay un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia de signo sexual entre adolescentes. Al parecer, en ese año, ha aumentado los procedimientos en un 15% por abuso sexual, cometidos por menores.