Irán ante su eterno dilema

En el frente interno, Irán afronta una crisis de profundidad inédita. Las últimas protestas estallaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán y tuvieron, en un primer momento, un claro detonante económico: la devaluación de la moneda, el aumento del coste de la vida y una inflación que ya roza el 50%. Todo ello en el contexto de una economía estructuralmente disfuncional, asfixiada desde hace años por las sanciones internacionales impuestas por Washington y respaldadas por la comunidad internacional.

Sin embargo, la indignación no tardó en extenderse a otros bazares del país y, lo que resulta más significativo, a sectores tradicionalmente conservadores que hasta ahora habían constituido la base social del régimen. Las consignas dejaron de ser exclusivamente económicas y adoptaron un tono abiertamente político, señalando la corrupción de las élites y la desconexión del poder respecto a la ciudadanía.

En ese escenario, las mujeres —particularmente castigadas por la teocracia iraní— han vuelto a situarse en la primera línea de las manifestaciones. No es un detalle menor: cada vez que ellas avanzan, el régimen tiembla. Porque cuando el malestar económico se funde con la reivindicación de libertades, la crisis deja de ser coyuntural y se convierte en existencial.

En respuesta a todo ello, el régimen de los ayatolás se retuerce por sobrevivir desatando, según múltiples denuncias, la represión más feroz de su historia reciente. La república islámica parece haber declarado la guerra a su propia población: se ha restringido el acceso a internet y el ejército ha tomado las calles, empleando munición real contra manifestantes desarmados.

El régimen, a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, reconoce únicamente 3.117 muertos en lo que califica como “actos terroristas”. Pero otras cifras dibujan un panorama mucho más sombrío. La Asociación Pro-Derechos Humanos habla de 12.000 asesinados, mientras que la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Soto, eleva la cifra por encima de los 20.000. En la guerra de números también se libra una batalla por el relato: minimizar la tragedia es, para el poder, una forma de contenerla.

Desde el interior del país, diversas fuentes denuncian además prácticas que rozan lo macabro: familias obligadas a pagar sumas cercanas a los 5.000 euros para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. El importe —afirman— aumentaría en función de los proyectiles hallados en el cadáver. Lo llaman el “precio de las balas”, una expresión que resume con crudeza la lógica implacable de la represión.

Al mismo tiempo, según informaciones difundidas por HRANA, cerca de 27.000 iraníes han sido detenidos por participar en las protestas. La magnitud de las cifras sugiere que no se trata de disturbios aislados, sino de una contestación social de alcance nacional. Y cuando un régimen necesita encarcelar a decenas de miles de ciudadanos para sostenerse, el problema ya no es de orden público, sino sobre su propia legitimidad.

No se trata, en realidad, de un fenómeno nuevo. La protesta se ha convertido en una constante en la historia reciente de Irán. Ahí están la revuelta estudiantil de 1999, el “Movimiento Verde” tras las elecciones presidenciales de 2009, las movilizaciones que se sucedieron entre 2017 y 2019 o el levantamiento “Mujer, vida, libertad” de 2022- 2023. Cada uno de esos episodios erosionó la autoridad del régimen y dejó cicatrices profundas. Pero ninguno había alcanzado —al menos en extensión territorial, intensidad y desafío abierto al poder— la magnitud de las protestas actuales.

En medio de esta convulsión interna, las amenazas de Donald Trump sobre una eventual intervención militar despiertan sentimientos encontrados: esperanza para quienes creen que solo un golpe externo puede precipitar la caída del régimen; temor para quienes recuerdan que la injerencia extranjera rara vez trae consigo estabilidad o democracia duradera.

Porque si algo ha marcado la historia contemporánea iraní es su pulsión por preservar la soberanía frente a potencias que, a lo largo del último siglo, han tratado de influir —cuando no de controlar— su destino, atraídas en buena medida por sus vastos recursos energéticos. Esa memoria colectiva, forjada entre intervenciones, golpes y sanciones, sigue siendo un elemento central del imaginario nacional. Y es precisamente ahí donde cualquier amenaza exterior corre el riesgo de ofrecer al régimen un argumento que conoce bien: el de la patria asediada.

Fue en 1908 cuando la Anglo-Persian Oil Company —hoy conocida como BP— descubrió petróleo en el subsuelo iraní. Aquel hallazgo cambió para siempre el destino del país. El acuerdo suscrito bajo tutela británica establecía que la mayor parte de los beneficios derivados de la explotación quedarían en manos inglesas. Irán poseía el recurso; otros se llevaban la riqueza.

El punto de inflexión llegó en 1951, con la llegada al poder del hasta entonces parlamentario Mohammad Mosaddegh. Convertido en primer ministro, impulsó reformas de carácter modernizador en el ámbito político y social y, sobre todo, decretó la nacionalización de la industria petrolera. El gesto fue mucho más que una medida económica: era una declaración de soberanía.

La reacción de las potencias occidentales no se hizo esperar. En agosto de 1953, la CIA, en coordinación con el Reino Unido, orquestó un golpe de Estado que derrocó a Mosaddegh y devolvió el poder efectivo al sha Mohammad Reza Pahlavi, consolidando su autoridad al frente de una monarquía formalmente parlamentaria.

A partir de entonces se puso en marcha la llamada “Revolución Blanca”: un ambicioso programa de modernización que impulsó infraestructuras, promovió la alfabetización, fomentó la educación laica y alentó la emancipación femenina. Pero ese proyecto tuvo un reverso autoritario. La reducción de la influencia del clero chií y la concentración creciente de poder en el sha vinieron acompañadas de una represión sistemática contra cualquier forma de disidencia. Modernización y autoritarismo avanzaron de la mano, sembrando las semillas de una contestación que, décadas después, terminaría por estallar.

En la década de 1970, la oposición al régimen se había expandido hasta conformar un frente tan amplio como improbable: desde militantes de izquierda y nacionalistas laicos hasta clérigos chiíes ultraconservadores. Aquel mosaico ideológico compartía, sin embargo, dos críticas centrales: la acelerada occidentalización del país y la represión sistemática contra los disidentes.

Desbordado por unas protestas cada vez más masivas y persistentes, el sha Mohammad Reza Pahlavi terminó abandonando el país junto a su familia en 1979, rumbo al exilio. El vacío de poder abrió la puerta a una pugna por el liderazgo de la revolución. Y fue entonces cuando emergió con fuerza la figura del ayatolá Ruhollah Jomeini.

Recién regresado del exilio y recibido por multitudes como un salvador, Jomeini logró lo que parecía imposible: unificar, bajo su autoridad moral y religiosa, a una oposición profundamente heterogénea. El 1 de abril de 1979, tras la celebración de un referéndum nacional, proclamó el nacimiento de la República Islámica. Lo que comenzó como una revolución plural contra el autoritarismo del sha culminó en la instauración de un nuevo orden político de carácter teocrático, cuya huella sigue marcando el destino de Irán hasta hoy.

Tras consolidar el poder, y rompiendo buena parte de las promesas formuladas a la oposición laica y democrática, el ayatolá Ruhollah Jomeini instauró un régimen teocrático, consagró la sharía como eje normativo del nuevo Estado, restringió de forma drástica los derechos de las mujeres y se erigió en líder supremo. En el plano interno, la revolución devoró a muchos de sus propios hijos: la represión alcanzó a liberales, izquierdistas y a cualquiera que cuestionara la autoridad clerical. En el exterior, la naciente república islámica se definió por una consigna tajante: ni Unión Soviética ni Estados Unidos; independencia frente a ambos bloques en plena Guerra Fría.

Bajo esa premisa tomó forma el llamado “eje de resistencia”, una red de alianzas y apoyos que incluía a Hamás, el régimen de Bashar al-Ásad en Siria, Hezbolá en Líbano y los Movimiento Hutí en Yemen, además de diversas milicias afines en Irak y Baréin. Durante años, esa arquitectura de influencia permitió a Teherán proyectar poder más allá de sus fronteras y desafiar el equilibrio regional.

Hoy, sin embargo, ese entramado atraviesa uno de sus momentos más frágiles, erosionado por conflictos prolongados, presiones externas y tensiones internas. Al mismo tiempo, su gran rival regional, Arabia Saudí —principal potencia suní— aparece más reforzado y con mayor legitimidad internacional que en décadas.

Muy a pesar de ello, el precedente de las últimas intervenciones estadounidenses invita al escepticismo. En contadas ocasiones el gigante americano ha actuado como verdadero motor de democratización; con mayor frecuencia ha sido percibido —dentro y fuera de la región— como una potencia guiada por intereses estratégicos y energéticos.

En ese contexto, la narrativa de los ayatolás, que se presentan como el último bastión frente al imperialismo de Estados Unidos, podría verse revitalizada ante una hipotética intervención de la administración de Donald Trump. Nada cohesiona más a un régimen cuestionado que la amenaza de un enemigo exterior. La historia iraní demuestra que el nacionalismo defensivo puede convertirse en el mejor salvavidas del poder establecido.

A ello se suma la propia coyuntura interna del presidente estadounidense. Cuestionado por su política de deportaciones, por los vaivenes en materia arancelaria y con las elecciones de medio mandato en el horizonte, el margen político para embarcarse en una nueva guerra parece limitado. Sin embargo, Trump mantiene la presión negociadora con su característico enfoque transaccional, buscando acuerdos concretos con Teherán, especialmente en lo relativo al petróleo y al programa nuclear.

Entre la amenaza y el pacto, entre la retórica y el cálculo electoral, la región vuelve a situarse al borde de un equilibrio inestable. Y en ese filo, como casi siempre, quienes más arriesgan no son los líderes, sino los ciudadanos.

A las amenazas procedentes de Washington se han sumado las declaraciones desde el exilio de Reza Pahlavi, hijo del último sha, quien se ofrece para encabezar una eventual transición democrática. Su proyección como figura providencial descansa, en parte, en la memoria de una dinastía que muchos consideran modernizadora, casi “bonapartista” en su impulso reformista. Sin embargo, esa aura histórica no se traduce necesariamente en apoyos efectivos dentro del país. Su visita en 2023 al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien ofreció colaboración, provocó fuertes críticas en el gigante persa y reforzó las sospechas de quienes lo ven demasiado alineado con intereses extranjeros.

También desde el exilio, la periodista y activista Masih Alinejad interpreta las actuales protestas como la prueba definitiva de que el régimen no admite reformas internas y debe ser derrocado. Ha llegado incluso a comparar el momento presente con la caída del Muro de Berlín, sugiriendo que la implosión podría ser súbita. En esa línea se pronuncia igualmente Farid Vahid, investigador de la Fundación Jean Jaurès, quien define al sistema iraní como un “Estado zombi”: aún en pie, pero carente de legitimidad y sostenido por la inercia represiva.

Y es que la ruptura con la sociedad civil es casi total, y el régimen parece haber perdido incluso el respaldo de los comerciantes de los bazares, que hasta ahora constituían su principal base social. Sin embargo, y pesar de que el país sí cuenta con élites intelectuales formadas y prodemocráticas, las posibilidades de una transición hacia la democracia quedan reducidas ante la ausencia de partidos o sindicatos organizados, fuertemente perseguidos por los ayatolás.

En suma, el panorama iraní se dibuja más laberíntico que nunca, mientras su población clama ayuda a las potencias verdaderamente democráticas, aferrándose a la esperanza de un cambio real.