Contra el voto femenino, una vez más

Nada de esto resulta especialmente novedoso. Hasta que apareció una propuesta que sí debería inquietarnos: el llamado household voting, el voto por hogar. La idea es sencilla: un voto por familia, ejercido por el cabeza de familia. Es decir, por el hombre.

No es nuevo que la política intente intervenir en la esfera privada. Tampoco que los movimientos ultraconservadores reivindiquen el regreso a una familia tradicional en la que hombres y mujeres ocupen papeles perfectamente delimitados. Lo que resulta nuevo —y mucho más preocupante— es convertir esa aspiración en una propuesta para modificar las reglas de la democracia.

Y es que en Estados Unidos está cobrando fuerza un movimiento que plantea abiertamente retirar a las mujeres su derecho al sufragio. Una de sus voces más visibles es el pastor Doug Wilson, vinculado a la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, a la que también pertenece el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Wilson encabeza un movimiento que agrupa a unas 140 iglesias evangélicas reformadas y ocupa un lugar relevante dentro del nacionalismo cristiano estadounidense. Su relación con Hegseth tampoco es precisamente anecdótica: el secretario de Defensa ha difundido en sus redes sociales múltiples vídeos del pastor.

Así, un discurso que durante mucho tiempo podía parecer marginal empieza a establecer conexiones con las más altas esferas del poder.

Otro pastor, Dale Partridge, defiende también un sistema de voto por hogar decidido por el marido. Su argumento es todavía más explícito: las mujeres, sostiene, votan basándose en las emociones y la política se habría «feminizado».

Hay incluso quien ha intentado dotar de una apariencia intelectual a estas ideas. Entre otros, Helen Andrews publicó en 2025 un ensayo sobre los peligros de lo que denomina la «gran feminización institucional», equiparando el feminismo con el llamado mundo woke.

Pero quizá una de las mayores paradojas de este movimiento sea que, mientras pretende devolver a las mujeres al hogar, son precisamente las mujeres quienes desempeñan un papel cada vez más visible en su difusión.

Ahí aparecen las tradwives, las llamadas esposas tradicionales: creadoras de contenido que reivindican la familia, la maternidad, la domesticidad y una feminidad deliberadamente alejada de las conquistas del feminismo. Algunas de ellas presentan la vida doméstica como una elección liberadora y llegan a afirmar que la mayoría de las mujeres nunca quiso votar y que el sufragio femenino fue simplemente la reivindicación de una minoría radical: las sufragistas.

La paradoja no termina ahí. Estas mujeres son, en muchos casos, empresarias, comunicadoras e influencers que convierten precisamente ese mensaje de dependencia y domesticidad en un negocio. Monetizan la subordinación.

Y lo hacen con una estética impecable. Sus perfiles muestran casas ordenadas, niños sonrientes, vestidos cuidadosamente escogidos, recetas, jardines y una felicidad doméstica casi publicitaria. La radicalidad política queda así envuelta en una imagen amable, aspiracional y aparentemente inocente. La investigadora Eviane Leidig ha definido esta estrategia como softpilling: suavizar un mensaje radical para hacerlo aceptable.

La estrategia conecta con la conocida lógica de la red pill de la manosfera, inspirada en Matrix: la promesa de revelar una verdad que permanece oculta. En el caso de las tradwives, esa supuesta verdad consiste en descubrir todo aquello que el feminismo habría querido ocultar sobre la naturaleza de las mujeres. La revelación llega, convenientemente, mientras se hornea pan, se cuida de los niños o se prepara una mesa perfecta.

El fenómeno también se ha convertido en negocio. Han proliferado las llamadas Wife Schools, cursos en línea destinados a enseñar los roles tradicionales y que incluyen conceptos como el «respeto consistente» o la «sumisión bíblica». En algunos de estos programas se explica que, si existe conflicto en el matrimonio, probablemente sea porque la esposa se ha alejado de su «energía femenina». Entre los consejos que circulan encontramos uno especialmente revelador: «Tu sumisión silenciosa cambiará a tu marido mucho más rápido de lo que tus opiniones en voz alta nunca lo harán».

Cuesta no pensar que ya hemos escuchado esta historia. Todo este discurso parte de una premisa aparentemente sencilla: las mujeres modernas son infelices porque han abandonado el lugar que les correspondía. El feminismo sería, por tanto, responsable de su descontento.

Pero en 1963 Betty Friedan explicó precisamente lo contrario en La mística de la feminidad. El «malestar que no tiene nombre» que afectaba a tantas mujeres estadounidenses de los años cincuenta y sesenta no procedía de haber conquistado demasiada libertad, sino de vivir atrapadas en un modelo social que glorificaba la dedicación exclusiva al hogar y la dependencia económica del marido. Aquella supuesta felicidad doméstica producía, en muchas mujeres, depresión, frustración y pérdida de identidad. Sesenta años después, algunos parecen empeñados en vendernos de nuevo la misma solución para el mismo problema.

Y tampoco parece que la prometida felicidad conyugal esté demasiado respaldada por los hechos. Estudios recientes han analizado las actitudes de los hombres que defienden el modelo tradwife. Rachael D. Robnett, psicóloga del desarrollo en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y Matthew Hammond, de la Universidad Victoria de Wellington, esperaban encontrar entre estos hombres un patrón de sexismo benevolente o paternalista. Encontraron, sin embargo, algo distinto: aquellos que valoraban positivamente el papel de la tradwife mostraban mayores niveles de sexismo confrontativo u hostil. La paz doméstica prometida no parece, por tanto, tan pacífica.

De hecho, en los últimos meses ha comenzado a aparecer en las redes sociales otro fenómeno mucho menos conveniente para el relato: las tradwives arrepentidas. Es el caso de Enitza Templeton, una tradwife con más de 200.000 seguidores que durante años promocionó este modelo de vida y que finalmente decidió divorciarse para escapar de lo que terminó describiendo como «una cárcel». Al intentar reincorporarse a la vida laboral después del divorcio, descubrió hasta qué punto había quedado económicamente atada a su marido, llegando incluso a necesitar ayuda para subsistir.

La historia tiene algo de ironía. El modelo que promete libertad a través de la dependencia económica puede funcionar mientras el matrimonio funciona. ¿Pero qué sucede cuando deja de hacerlo?

La respuesta nos lleva directamente al núcleo del problema. Porque detrás de todo este movimiento hay una idea mucho más antigua que las redes sociales: la religión como fundamento del orden patriarcal. El rechazo del feminismo está profundamente arraigado en el nacionalismo cristiano estadounidense, uno de los pilares del movimiento que llevó a Donald Trump de nuevo al poder y que interpreta su presidencia como una oportunidad para recuperar determinados valores sociales.

De ahí la reivindicación de una «feminidad bíblica» frente a lo que denominan la girlboss era. De ahí también el llamado «complementarismo»: la idea de que Dios habría asignado a hombres y mujeres papeles diferentes y complementarios.

La palabra importante aquí es «complementarios». Porque pocas palabras han servido mejor para hacer parecer igualitaria una relación profundamente desigual. Si Dios ha establecido que el hombre gobierne y la mujer obedezca, el argumento deja de ser político para convertirse en una cuestión de fe. Se trata de un argumento de autoridad.

Doug Wilson lo formula sin demasiados rodeos cuando afirma que las mujeres fueron creadas por Dios para ser domésticas y defiende el voto por hogar como una forma de devolver a la familia al centro de la sociedad.

Tampoco estamos ante una idea completamente nueva en Estados Unidos. En los años sesenta y setenta, Phyllis Schlafly convirtió la oposición a la Enmienda de Igualdad de Derechos en una cruzada política a través del movimiento STOP (Stop Taking Our Privileges). Una de las ideas que recuperaba aquel movimiento resulta sorprendentemente familiar: la dependencia económica del marido no sería realmente dependencia, sino un «privilegio» que las mujeres deberían agradecer.

El argumento vuelve ahora con otro envoltorio: elegir la sumisión sería una forma de libertad. Renunciar al voto en favor del marido podría convertirse, incluso, en un acto de rebeldía contra el sistema.

La paradoja es extraordinaria: para demostrar que son libres, las mujeres tendrían que renunciar a algunos de los derechos que hicieron posible su libertad. Entre ellos, el voto.

Algunos de estos movimientos han llegado a reclamar la derogación de la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1920 y que reconoció el derecho de las mujeres al sufragio. La idea reapareció con especial fuerza en 2016 a través de la etiqueta #RepealThe19th, una campaña provocadora de la ultraderecha que cobró fuerza como reacción a la enorme brecha de género que se había puesto de manifiesto en aquellas elecciones y al hecho de que las mujeres votaran mayoritariamente por los demócratas.

Y aquí aparece la política real que se esconde detrás de la retórica sobre la familia.

Porque retirar el voto a las mujeres no sería una medida neutral. Tendría consecuencias electorales evidentes para un Partido Republicano que sabe que las mujeres estadounidenses han mostrado históricamente una mayor inclinación demócrata y que, además, presentan niveles de rechazo a Donald Trump superiores a los de los hombres. No se trata, por tanto, de proteger a las mujeres. Se trata de neutralizarlas políticamente.

Hay, además, otra contradicción de fondo. El modelo de domesticidad que se presenta como una especie de orden natural se recupera en un contexto social radicalmente distinto de aquel en el que nació. Hoy el divorcio es legal, las mujeres participan masivamente en el mercado laboral y la familia tradicional que estos movimientos idealizan convive con una realidad social mucho más compleja.

La supuesta elección de la domesticidad solo sería verdaderamente libre si las mujeres dispusieran de recursos suficientes para entrar y salir del mercado laboral a voluntad.

Pero esa libertad económica no existe para la mayoría. La brecha salarial persiste, la violencia machista continúa siendo estructural y abandonar el mercado de trabajo durante años tiene consecuencias económicas que pueden acompañar a una mujer durante toda su vida. Promover la dependencia económica como solución a la supuesta infelicidad femenina no es proteger a las mujeres. Es hacerlas más vulnerables.

Y aquí aparece otra dimensión que tampoco deberíamos perder de vista: la económica. La economía feminista lleva décadas señalando que el trabajo doméstico, la crianza y los cuidados son trabajo, aunque durante mucho tiempo hayan permanecido invisibilizados precisamente porque se realizaban en el hogar y, en buena medida, por mujeres. Autoras como Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Nicole Cox, Mariarosa Dalla Costa o Selma James analizaron la relación entre patriarcado y capitalismo y cuestionaron una concepción del trabajo que dejaba fuera precisamente aquellas tareas imprescindibles para sostener la vida y reproducir la fuerza de trabajo.

La campaña internacional Wages for Housework, impulsada en los años setenta, llevó esta discusión al terreno político: si el trabajo doméstico es imprescindible para sostener la economía, ¿por qué debe realizarse gratuitamente?

La pregunta sigue siendo incómoda. Porque quizá una de las razones por las que la dependencia doméstica resulta tan atractiva para determinados discursos no sea solamente moral o religiosa. También es económica. Un sistema en el que una parte de la población asume gratuitamente los cuidados y el mantenimiento cotidiano de los hogares resulta extraordinariamente rentable.

Por eso debería preocuparnos que estos mensajes estén adquiriendo legitimidad en Estados Unidos. No solo por lo que dicen sobre las mujeres estadounidenses, sino por la capacidad de Estados Unidos para convertir sus debates políticos y culturales en debates globales.

Lo verdaderamente preocupante no es que alguien quiera devolver a las mujeres al hogar. Tampoco que haya quien considere que la emancipación femenina fue un error.

Las sociedades democráticas pueden soportar incluso las ideas más reaccionarias.

Lo que debería preocuparnos es otra cosa: que empecemos a aceptar como una discusión legítima la posibilidad de retirar a la mitad de la población uno de sus derechos fundamentales.

Porque detrás de la retórica sobre la familia, la protección y la felicidad femenina hay una idea bastante menos amable: que las mujeres estaríamos mejor si otros decidieran por nosotras. Que nuestra libertad nos hace infelices. Que nuestra independencia es una amenaza. Y que alguien —preferiblemente un marido, un pastor o un político— debería devolvernos al lugar que, según ellos, nunca debimos abandonar.

Lo hemos escuchado antes. También entonces se habló de protección, de orden y de felicidad. La historia, sin embargo, nos enseñó otra cosa: que los derechos que se presentan como innecesarios suelen ser precisamente aquellos que alguien está a punto de intentar quitarnos. Por eso quizá convenga tomarse en serio esta nueva cruzada antes de que deje de parecer una extravagancia.

No porque necesitemos que nadie nos proteja de la libertad.

Sino porque, cuando alguien empieza a decidir quién puede votar, la pregunta ya no es quién debe quedarse en casa.

La pregunta es quién quiere decidir por todos.