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Sin la justicia, que serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

Esto, que no lo dijo Pablo Iglesias, es una sentencia moralizadora de San Agustín. Porque el concepto de Justicia se define como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Sin más. Si la vara de medir depende de lo medido, no hay justicia. La discriminación es la degradación de lo justo. Instrumentalizar la Justicia es como instrumentalizar al Estado, como hizo Juan Carlos I.

Pretender proteger a ciertas personas e instituciones del escrutinio público es una invitación a que finalmente las tentaciones se impongan por sobre las obligaciones que le son propias. Los privilegios o los fueros son la esencia de la decadencia de la calidad de la democracia.

Por qué en los Estados democráticos los poderes se contrapesan entre sí como un modo de evitar la corrosión que conlleva la sensación de impunidad o de inequidad. El Statu Quo procura que se entrelacen «favoritismos» cruzados que, en la práctica terminan arribando a la cooptación. Ello supone, de facto, las inevitables colusiones que nos han traído hasta aquí.

Se confunden las lealtades constitucionales con las correspondientes a instituciones comprendidas por esta. La monarquía, por ejemplo. Así se termina atribuyendo, por el statu quo, legitimidad a los actos ilegítimos que se pudieran cometer a su amparo. La justicia, al decir de un ministro del Opus, se podía «afinar».

Se jura la bandera. Se debe obediencia a la Corona. A figuras religiosas. A España, sin precisar que supone esto. La obediencia a grupos filosóficos. A ocultar las atrocidades del pasado. Las lealtades se confunden. Los secretos oficiales se prolongan más allá de los límites previstos. Hay una sensación de ocultamiento. Inadmisible, porque todas esas instituciones no pueden estar por encima de la propia Constitución.

Así, dados los acuerdos oscuros de la Transición, tenemos lealtades que se imponen, aunque colisionen con el marco jurídico constitucional. Todo esto produce tanta confusión como puede hacerlo la celebración del nacimiento de Jesús en el Solsticio de Invierno o el curioso desarrollo del Caso Infanta junto al del Caso Undargarin. Por no mencionar a la sucesión de irregularidades que desquician la ética púbica. Como el desmantelamiento de la UDEF en plena instrucción de los innumerables casos de corrupción. Se apela al «sentido de Estado». Artimañas, nacidas todas de la violenta e ilegítima toma del poder.

Lo que debería hacer de nuestro sistema político, económico y social, algo sólido y equitativo, es la existencia de Poderes Democráticos que lo hagan posible. Que sea este equilibrio cruzado quien impida la comisión de transgresiones de otros poderes, como así también la de otros poderes de impedir los abusos de jueces y fiscales. Como fue el nombramiento de jueces afines que impusieron los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial en su mandato caducado. Todo con la sospechosa intención de ofrecer impunidad a los investigados.

Esto trae aparejado la necesidad de una regulación de los fueros y del sistema de elección de los magistrados. En muchas ocasiones tras ella se parapetan los corruptos. Los ciudadanos deben ser conscientes de lo que se juega la calidad democrática española. De ello depende nuestro futuro como Estado y el de las personas que lo habitan.

Es la hora de los estadistas o de los cobardes que buscan un poco de lentejas en un plato de oro, aunque la Historia los relegue al fondo oscuro de los miserables.

Nos acercamos al momento crucial.

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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