Las izquierdas y la autodeterminación (2). El dictamen sobre España

En el PSOE, la resolución sobre el derecho de autodeterminación, aprobada en el XXVI Congreso (Suresnes, 1974), se mantuvo en el XXVII Congreso (Madrid, 1976), pero pronto se apostó por los gobiernos autonómicos como solución al problema de las nacionalidades. Otro tanto ocurrió en el PCE, que, en 1975, en el Manifiesto-Programa mantenía dicho principio, pero luego, sin renunciar a él, aceptó el marco autonómico en una solución por etapas, hacia una hipotética autodeterminación en un futuro por determinar. Una posición semejante la adoptaron el PTE, la OCE-BR y la ORT como salida táctica inmediata, pero, sin renunciar al principio general, que las izquierdas partidarias de la ruptura con el Régimen mantuvieron como un objetivo irrenunciable. Y la negativa a aplicarlo se tomó como un signo de la continuidad del franquismo bajo una apariencia democrática.

Aceptando el discurso de los grupos nacionalistas, el dictamen que surgió desde las izquierdas fue, en síntesis, el siguiente: España no existe, lo que existe es el (represivo) Estado español; la nación española es una ficción, porque lo que existe son varias naciones en el territorio peninsular e insular, aunque a la hora de determinar cuáles eran tales naciones no había acuerdo.

Tres naciones -y tres posibles nuevos estados- se admitían por todos como seguras -Cataluña, Euskadi y Galicia-, a las que en algunos casos se añadía Castilla, que era la nación hegemónica y opresora de las otras, y el resto era España o el Estado español. En otros casos se admitía Canarias, que para algunos grupos era una colonia africana, similar al Sahara español o a Ceuta y Melilla. Otras naciones (y estados) probables eran Navarra, Andalucía, el País Valenciano y las islas Baleares, habitadas, según el PCE (i), por un pueblo euroafricano.

En aquellas circunstancias, ningún partido negó la posibilidad de que pudieran surgir más naciones, si así lo decidían los habitantes de ciertas regiones; pero nadie imaginó que pudieran aparecer 17 naciones, tantas como comunidades autónomas hubo luego. El Estado español era, por tanto, un Estado plurinacional, cuyas naciones eran oprimidas por un centralismo al que no le faltaron calificativos (ultracentralismo, centralismo asfixiante, feroz, fascista, despótico o monarco-fascista).

El Estado español era el resto del imperio, que debía seguir el mismo camino que los demás componentes del viejo imperio español y descolonizarse del todo.

Como se afirmaba, gratuitamente, que las burguesías nacionalistas habían abandonado la lucha por los derechos de las nacionalidades oprimidas, el proletariado, es decir, sus partidos, debía ponerse a la cabeza de tales luchas y aliarse con las fuerzas nacionalistas más consecuentes para alcanzar ese objetivo.

De acuerdo con ello, en las nacionalidades, las izquierdas radicales reclamaban elecciones para formar asambleas nacionales constituyentes, que, apoyadas en refrendos populares, pudieran decidir si se separaban como naciones o seguían dentro de España, y si se mantenían, después, como países independientes o si optaban por vincularse a las otras naciones en un Estado único, que podía adoptar la forma de República Federal Democrática, República Democrática, Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, República Popular y Federativa, Federación de Consejos Obreros de la Península Ibérica o Unión de Repúblicas Libres de España, entre otras fórmulas.