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El Consejo del Poder Judicial y la pérdida del significado de las palabras


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Desde el día de Santa Bárbara de 2108, patrona de Artillería que se celebra el 4 de diciembre con el estrépito propio de la casa, lleva en posición caduca el Consejo General del Poder Judicial.

Si se llegase al 4 de diciembre de 2023 sin la deseada/indeseada renovación se habría consumado el paso de un quinquenio con la misma alineación indebida y se habría eliminado de seriedad y rigor el procedimiento de vivificación del órgano colegiado del sistema judicial.

Entre distintas funciones del Consejo están las del nombramiento de los jueces, la inspección de los juzgados y los tribunales, la formación judicial y la mejora de la calidad de la justicia.

Es decir, que es órgano vertebral del Estado en lo que concierne al poder judicial, uno de los tres pilares de la arquitectura democrática, sin cuyo funcionamiento de uno de los tres la homologación de esta calidad política resulta imposible.

Esta advertencia, no obstante, sobre la incomodidad que subsiste desde diciembre de 2018, con unas personas con dosis de precariedad institucional alarmantes, no atosiga a los partidos políticos que tienen que componer las tres quintas partes de Congreso y Senado para lograr un acuerdo de renovación.

Naturalmente, en el reparto de culpas y remordimientos hay una fuerza, la que gobierna y tiene más representación en el parlamento, que merced a su más amplia presencia también tendrá más eco en los debates para sacar adelante la renovación necesaria.

Si el sistema de renovación va estrechamente conectado con los vaivenes políticos, que dependerán de una más o menos nutrida representación de tal o cual formación política, guarda hilo argumental que las mayorías de gobierno tengan más peso en la negociación a la hora de generar una nueva situación de gobierno en el órgano judicial.

El Partido Popular no entiende este silogismo de equilibrios y medidas y viene obstruyendo objetivamente la renovación.

La voluntad de oposición bien se podría residenciar en los intereses del propio Partido Popular si se atiende a la ingente cantidad de ilícitos que afectan a la formación y que podrían terminar en condenas en los tribunales de producirse cambios en los juzgados pendientes de resolución.

De ser ello cierto, se avivaría el sentimiento expresado por Ignacio Cosidó, gris senador del PP y director general de la Policía, que en 2018 jugó en mensajería con sus compañeros senadores sobre las diversiones y ventajas que produciría para su partido el hecho de que la presidencia del Consejo la ocupase alguien de su línea ideológica.

Las dilaciones en el acuerdo de renovación son imputables diáfanamente al filibusterismo del Partido Popular, que rebusca en las tácticas de ventaja que le pueden proporcionar un mejor horizonte penal para un más óptimo aprovechamiento de la nómina de magistrados y componentes de tribunales.

El efluvio de manejo de trampa y ventaja en la negociación de un asunto de Estado como lo es el de Consejo del Poder Judicial empieza a calar en una opinión pública del segmento conservador que habría pensado en el candidato Feijóo como un ventilador de viejas actitudes del Partido Popular.

El borrado y tachado de Esteban González Pons sobre los avances obtenidos por el defenestrado Teodoro García Egea, de cuando los tiempos de presidencia de Pablo Casado, en esta materia del órgano del Consejo, confirma los devaneos de escasa credibilidad de cambio en la nueva dirección del partido de la calle Génova, renovada la ubicación física y sus antiguos usos y costumbres.

Sencillamente, la parte de menos atribución numérica para lograr las tres quintas partes de las cámaras para la obtención del acuerdo de renovación del Consejo Judicial, institución-fuerza del Estado democrático, es decir, el Partido Popular, opone un obstáculo opresivo y grosero, está subvirtiendo las bases de un acuerdo capital para el funcionamiento de la maquinaria de equilibrios.

Feijóo carece en estos momentos de voluntad para romper esa meticulosa trampa que impide que los acuerdos sobre el Consejo se hagan realidad. Se dispone, con distintas y artificiales declaraciones, a la perpetuación del engaño y de la artimaña.

Como señala Michel Houellebecq, en su reciente “Aniquilación” (Anagrama, 2022), “cuando personas en manifiesto desacuerdo sobre todas las cuestiones se reúnen para celebrar algunas palabras, es que esas palabras han perdido todo su significado”.

Periodista (Ciencias de la Información, Univ. Complutense de Madrid), colaborador en distintas cabeceras (Diario 16, El País, Época, El Independiente, Diario de Alcalá), miembro del Patronato de la Fundación Diario Madrid.

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