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Tormenta perfecta


  • Escrito por Jesús Membrado Giner
  • Publicado en Opinión
(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Llevamos meses en los que, cuando vamos al supermercado, alucinamos con la subida de los precios de alimentación: el pan, la leche, la fruta, las verduras, la pasta… Igual ocurre cuando recibimos los recibos de la luz o del gas, por no decir cuando llenamos el depósito de la gasolina del coche.

El Gobierno nos dice que la pandemia y la guerra e Ucrania son los causantes de estas subidas. Lo cierto es que tanto la energía como las materias primas y los alimentos están por las nubes desde hace casi un año. Seguramente una de las causas sea la ruptura producida entre oferta y demanda, tanto por el COVID como por los efectos colaterales de la guerra. Sin embargo, la demanda sigue creciendo y eso hace que se paguen auténticas barbaridades por productos o actividades que antes eran asequibles para la mayoría de los ciudadanos del país.

Según algunos estudios recientes, además de las razones planteadas por el Gobierno, hay otras causas en esta espiral inflacionista. La reciente encuesta a empresas con 1147 respuestas, realizada por Javier Aznar a través de twitter, nos plantea que la primera sigue siendo, con un 55% de respuestas, la interrupción en la cadena de suministro, seguida por la política monetaria/fiscal con el 38%, el poder de mercado de las empresas con el 6% y la estrategia medio ambiental con el 1%. Salvando la metodología utilizada y lo reducido de la muestra, es un acercamiento al problema a tener en cuenta.

Porque un reciente estudio de investigadores norteamericanos del Instituto de Política Económica de Washington también concluyen que la principal causa de la inflación en los productos industriales está en la disrupción en la cadena de suministro. Pero también los hay que consideran los incrementos de los beneficios empresariales como factor clave, contribuyendo con alrededor el 54% al aumento total de los precios desde el principio del COVID, mientras que la disrupción de la cadena de suministros la sitúan en el 38% y los costes laborales en el 6%.

En la Eurozona según los datos del Banco Central Europeo, son los costes de la energía los que más han contribuido a esta espiral, con el 39% y los de los alimentos con el 7’5%. Es sorprendente que no se recojan datos de los efectos producidos por os beneficios empresariales, máxime cuando se está produciendo una concentración corporativa en algunos sectores industriales que van a darles una mayor capacidad para fijar precios e influencia.

Sorprendentemente el pasado día 15 el Banco de España presentó un estudio sobre 1500 empresas, desechando las más grandes y por lo tanto las energéticas y financieras, en el cual destaca que los beneficios empresariales crecieron un 62% en el primer trimestre de este año, respecto del pasado. No se llega todavía al porcentaje de beneficios empresariales anterior al COVID, pero supone una ampliación considerable de los mismos.

Por las mismas fechas, el gabinete económico de CC.OO señala que los beneficios empresariales son la principal fuente de inflación con un 83’4%. Según el mencionado estudio, absorbieron la bajada del impuesto a la electricidad del 21% al 10% y los impuestos a la generación de la energía. Por otro lado, el informe plantea que los salarios crecieron un 1’33% o lo que es lo mismo, han subido una media del 2’44% para 5’8 millones de trabajadores que ya tienen firmado convenio y del 0% para los 4’8 millones que no lo han suscrito.

Lo que parece claro es que el aumento de los costes de producción, como consecuencia de los cuellos de botella de las cadenas globales de producción y suministro y del encarecimiento de muchas materias primas incluidas las energéticas, se ha trasladado por parte de algunas empresas a los precios de venta. El problema es que hay sectores donde los márgenes se sitúan por encima de su nivel previo a la pandemia. Es el caso del sector energético (60’4% frente al 45% en la eurozona) el financiero (25’7% frente al -0’6% en la eurozona) y el manufacturero (7’4% frente al 1’3% en la eurozona). Hay otros como el sector agroalimentario con importantes diferencias respecto de la eurozona, por no entrar en el comercio y la industria turística y hostelera donde, por ejemplo, los márgenes se han disparado un 45’5% en el último año.

El problema es que hay sectores donde no ha habido falta de suministros, y en los que ni los costes de materias primas o los aumentos de costes energéticos justifican estos crecimientos. Estamos en un momento donde se asume aquella máxima especulativa: “suben los precios porque suben los precios”.

El informe plantea que, para contenerlos, es posible utilizar el Art.149.13 de la Constitución por el cual el Estado tiene la potestad de fijar unos precios máximos para según qué productos que pueden entrar en el ámbito de los excesos de beneficios, como se hizo hace años con las energías y la telefonía o más recientemente, con las limitaciones de precios en materias esenciales para la lucha contra el COVID.

 

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