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Las servidumbres y la pérdida de autoridad


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El conjunto ciudadano parece observar que el jefe de gobierno está demostrando una creciente incapacidad para gestionar el escándalo de las escuchas. Inclusive, se está produciendo una sensación de pérdida del poder necesario para ejercer su autoridad. Al menos, en el caso de la ministra de defensa se tiene la percepción de que su poder ministerial se debe a instancias diferentes al jefe del ejecutivo. La alusión de Robles a las contribuciones que las fuerzas armadas han hecho a la democracia, pueden interpretarse al contrario. El recorrido realizado por los medios de prensa de la derecha mediática, rozan el estilo “berlanganiano”.

Si la gestión política está cautiva de la información comprometedora que atesoran los imputados y condenados, mal asunto. Otro desequilibrio del sistema. Los gobernantes deben estar libres de esas servidumbres. De lo contrario existe un desequilibrio en la relación entre los poderes del Estado. Los ciudadanos quedan indefensos. Si, además, se aprecia que sólo la prensa libre de este país saca a la luz los asuntos turbios, y deja en evidencia las mentiras del aparato gubernamental, entonces es que tenemos un gravísimo problema. Los últimos escándalos se tapan con conflictos lejanos o programas bien subvencionados de máxima audiencia y escasa verdad.

Sólo la prensa libre deja al descubierto las operaciones mediáticas. Su perseverancia. Su trabajo heroico en condiciones de extrema escasez de recursos. Esa ha sido la salvaguarda del resto de honradez que va quedando en el sistema. La prensa financiada se ha quitado la máscara. Por ello, la nueva prensa libre se ha convertido en el canal al que acuden a informarse los ciudadanos de una manera creciente.

La prensa libre está fuera del alcance del control del entorno del poder económico e institucional, con su discrecional manejo de los fondos de publicidad. Es función del accionar político de la sociedad civil quien tiene la misión de restituir los equilibrios rotos. Cada ciudadano con su compromiso. Con su apoyo cotidiano a la ética del trabajo y a la merecida recompensa. Los ciudadanos tienen al alcance de su mano el recuperar el control de los desajustes. Será una tarea compleja. Ingrata. Pero, cada día, será un día de construcción en el camino hacia la recuperación de los desequilibrios rotos.

La prensa libre está llevando a cabo una batalla histórica. Los malos lo saben. Los indignados también. Tal vez quepa preguntarse si Pedro Sánchez tiene la intención de recuperar algo del sentido que debe tener un estadista y tomar las riendas de la crisis.

No hacerlo confirmaría la demostrada incompetencia que ha tenido para gestionar todos y cada uno de los grandes temas que han sometido a España a la denominada crisis. No solo no ha resuelto el poder que manifiestan impunemente los grupos hostiles a la democracia, sino que los ha agravado. El paso del tiempo ha permitido apreciar un empeoramiento de los desequilibrios. El propósito de la ultraderecha y de su nuevo líder Feijoo, será proseguir el desgaste del sistema público. Dejar sin inversiones. Pauperizar. Desmantelar a los impecables sistemas de salud. De pensiones. La educación pública. La sanidad. Todas acciones premeditadas. Todo orientado a justificar la implantación del modelo privatista. Romper la equidad. Destrozar el equilibrio. Así, han creado la España de la pobreza.

Porque, no obstante, están seguros de la impunidad. Véanse los últimos casos de presunta corrupción detectados y la inoperancia judicial. Quizá el tratamiento ágil que los tribunales debieran dar a estas cuestiones debe imponerse. Es la hora de estadistas que hagan de la política una herramienta para la protección de su pueblo. Ya está bien de traicionar los compromisos adquiridos.

Sin embargo, es menester prevenir a los lectores de que, tal como decía Aldous Huxley:

“Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje.”

Debes estar prevenido ciudadano. Movilízate. Estás en tu derecho.

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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