El secreto de Estado, en escena

Este vendaval noticioso-literario en torno al que debiera ser el núcleo más discreto de la acción estatal obedece, sin duda, a profundos déficit informativos y, sobre todo, a cambios operados en la escena. Cambios no solo de coyuntura, sino estructurales, doctrinales, germinales y básicos. Cabría adentrarse en los meandros de la política politicienne, es decir, en el menudeo político, e intentar inducir qué es lo que está sucediendo en este mundo velado por el secreto. Pero sería un esfuerzo baladí ignorar las causas remotas y hondas de una materia política tan sensible como ésta, únicamente comprensible del todo desde un razonamiento deductivo complementario del que propone la inducción.

Desde el punto de vista de la información periodística, las costuras de la preconstitucional ley de Secretos Oficiales comenzaron a reventar a medida que la conciencia democrática avanzaba en nuestro país, pese a los obstáculos que le impone aquella norma. La publicación de informaciones o libros sobre los servicios de Inteligencia no solo es fruto de la libertad de expresión, tan mecánicamente aventada por algunos medios, sino, sobre todo, constituye requisito fundamental de un derecho constitucional a la Información, que la mentada ley de Secretos Oficiales restringe al máximo. La libertad expresiva no tiene sentido si no se ve referida al derecho democrático a la información: tal es su alter ego en términos de responsabilidad social.

Nadie en su sano juicio puede negar que la acción estatal, incluso en un Estado democrático, pueda y deba verse sometida al secreto cuando la materia tratada involucra a la seguridad y la defensa de la sociedad. Ahora bien, el secreto estatal ha de tener, como tiene en todas las legislaciones democráticas, unos plazos de desclasificación, generalmente medidos en décadas, al concluir los cuales la información secreta o reservada debe necesariamente aflorar a la sociedad. Porque esa información es parte de la historia del país concernido. Cuando los vociferantes jeremías de siempre achacan excesos y arbitrariedades a quienes reivindican la memoria histórica y democrática, relativa, por ejemplo, a la Guerra Civil y a la posguerra, olvidan la relación estrecha y directamente proporcional existente entre el secreto y la desmemoria. A mayor volumen de secreto, mayor volumen de desmemoria. Y a mayor entidad de la desmemoria, más desconcierto, más complejidad y mayor conflictividad social. La incomunicación y la ignorancia son la base de toda contienda. Ese cerrojazo a la memoria es uno de los rasgos más repulsivos del autoritarismo, enemigo jurado de la democracia.

El secreto de Estado no puede mantener a la sociedad en el infantilismo de la desmemoria perpetua. Ningún pueblo merece verse obligado a permanecer en la ignorancia desinformada del secreto político eterno, como es el caso español. Es apremiante establecer plazos de desclasificación de los secretos de Estado, de los que la ley del 68 carece, porque la cultura democrática lo exige con urgencia, ya que vamos viendo los efectos de todo tipo que afectan a la calidad democrática en nuestro país, al sentido del voto y a sus repercusiones sobre la cualificación –lamentable- de gran parte de la clase política más vociferante.

Esta tarea de desencriptación y de transparencia sensata y firme de los secretos de Estado, mediante la legislación parlamentaria de sus hoy inexistentes plazos, sí que cabe incluirla en la verdadera razón de Estado. Esperemos que los distintos grupos parlamentarios estén a la altura de una necesidad social de esta envergadura.

Sin embargo, sobre los servicios de Inteligencia de la etapa democrática, CESID hasta 2002 y CNI hasta nuestros días, además de su cometido sustancial consistente en procurar información coadyuvante a la decisión política gubernamental, recayó y fue acríticamente asumida -por razones no explícitas en ley alguna- la onerosa tarea de ocultar bajo el secreto de Estado la anómala conducta personal de Juan Carlos de Borbón y de su entorno familiar. Y ello con el supuesto propósito de frenar la erosión que su discurrir implicaba para la institución de la Corona, para el Estado, para el Gobierno de turno –responsable de los actos del Rey- y para las clases política y periodística, en prolongado silencio o en involuntaria inopia ante los supuestos desmanes conductuales observados.

Los presuntos desmanes concernían al entonces titular de la Jefatura del Estado, de la Jefatura de las Fuerzas Armadas y al garante de la Constitución, todo ello asignado a su persona con carácter hereditario y vitalicio, al igual que la irresponsabilidad y la inviolabilidad que la Constitución de 1978 le otorgaba en los artículos 56 a 64 del Título II del texto fundamental.

Tras la abdicación del entonces rey en 2014, con fiscalías foráneas y nacionales examinando sus pasos, su heredero, el rey Felipe VI, con el fin de zanjar la erosión de prestigio e imagen de la Corona, deteriorada asimismo por su cuñado Iñaki Urdangarín, ha arbitrado una serie de medidas de firmeza tendentes a restaurar una ejemplaridad perdida por su antecesor, hoy en el exilio en un emirato del Golfo Pérsico del que reclama regresar, sorprendentemente, “con condiciones”.

Lluvia fina de un discurso tóxico

Por otra parte, la doctrina que solía regir la actividad informativa secreta de los servicios de Inteligencia ha ido incorporando, en los últimos años, una serie de supuestos axiomas, es decir, supuestas verdades no demostrables, relativa a la defensa de los intereses económicos de las empresas españolas en el extranjero, a las cuales ha brindado y brinda información de Inteligencia para operar en numerosos escenarios. Tarea aparentemente encomiable, de observar esas empresas conductas empresariales acordes con la democracia económica, la buena fe, las buenas prácticas y preservar los principios competenciales, siempre a favor de los intereses sociales mayoritarios de nuestro país.

Sin embargo, la lluvia fina del mensaje tóxico del capitalismo financiero más privatista, más egoísta y más asocial, ha ido permeando las prácticas de gran parte de las empresas que recibieron esa información privilegiada para sus negocios privados: comisiones, cohechos, falsificaciones, malversaciones, evasión fiscal, subvenciones derivadas a otros fines, blanqueos y todo tipo de ilícitos ha salpicado la actividad de algunas de tales empresas que, por cierto, de españolas solo conservan el nombre, ya que en su accionariado acostumbran disponer de cómodas mayorías fondos de pensiones orientales, fondos buitres anglosajones, caprichosos jeques que no saben qué hacer con su dinero o vaya Usted a saber.

Los hechos descritos, es decir, el amparo a la conducta personal del titular de la Corona, que se atribuyó cometidos representativos empresariales desproporcionados, y la dación de información privilegiada a las empresas supuestamente españolas, componen dos cometidos asumidos por los servicios de Inteligencia que, como poco, cabe definir como inapropiados y como mucho, como alegales o ilegales. Y todo ello bajo el manto del secreto. Resulta muy difícil eludir la existencia de un fino hilo que los vincula a ambos.

Desde una perspectiva objetiva, cabe señalar que concepciones erróneas sobre la defensa del Estado y de las empresas llevaron a distintos directores del servicio de Inteligencia a interpretar que debían asumir disciplinadamente unas responsabilidades desproporcionadas, que en puridad no les correspondían y que, objetivamente, eran competencia más de jueces, de políticos y de policías que propiamente de responsables de Inteligencia.

Lo cierto es que esta hiper-responsabilización ha generado en algunos de ellos un errático desconcierto personal y un presumible desgarro ético, con la temida erosión del importante organismo de información estatal que rigieron en detrimento de la resiliente conducta observada por muchos de sus funcionarios.

Revelación de secretos, incómodas memorias, acceso a “patrióticas” compañías eléctricas, mentiras ante comisiones parlamentarias… han sido síntomas de muy posibles sentimientos de indefensión de personas que ocuparon tareas directivas en el servicio. Son las mismas personas que, quizá, teman que las actividades, al menos anómalas, obligadamente importadas y por ellos disciplinadamente asumidas, den ahora, ya fuera del servicio, con sus huesos en la cárcel; y ello mientras quienes les indujeron tal asunción se alejan del avispero que el temor reverencial a la Corona y a las prerrogativas constitucionales de las que goza, más las conductas por esa inmunidad generada, crearon en torno suyo.

Desde la sociedad civil española, hastiada de tanta corrupción y de tanto desconcierto en importantes responsables de partidos, tribunales, organismos y empresas, cabe pedir a las instituciones el valor necesario para afrontar una reforma parlamentaria de esa ley de Secretos Oficiales que se encuentra en el origen de muchos de los males descritos. Además y sobre todo, impide el acceso a informaciones que, sin duda, resultarán en principio molestas por doquier, pero que, al cabo, permitirán la conversión de la descodificación del secreto de Estado en cultura democrática, capaz de iluminarnos a todos y todas en el camino hacia la concordia, la prosperidad y la felicidad.

(1)“Al servicio de su Majestad”, por Fernando Rueda. La Esfera de los Libros. 2021. “El jefe de los espías”, de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Roca Editorial. 2021. Entrevista con Alberto Sáez, la Sexta. Noviembre de 2021. “Espía accidental”, por Jorge Dezcallar. La Esfera de los Libros. 2021.