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EL PERIÓDICO
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La honestidad es democracia


La base de la credibilidad institucional siempre debería ser la honestidad de sus gestores. Esto será así, porque ninguna persona logra construir un círculo de confianza y credibilidad duradero si intenta sustentarlo con mentiras y falsedades. De nada sirve lo poderosos que sean influenciando a su entorno. La mentira surgirá de las cenizas de la necesaria honestidad en el desempeño de los cargos institucionales. Así muchos pretenden lograr el control de poder público. Lo hacen sometiendo a las instituciones de todos los ciudadanos a los intereses de unos pocos.

La fugaz visita de Díaz Ayuso a una ficticia España vaciada, a 35 kms del centro de Madrid, es un caso de alteración de la verdad para construir un relato irreal.  Ha ido al municipio de Colmenar Viejo, a 37 minutos en Cercanías de la Puerta del Sol de Madrid, para descubrir la "España vaciada". La localidad tiene 53.000 habitantes y conexión con diferentes líneas de tren al centro de la capital.

Ello, forma parte de una parodia que alimenta los espacios mediáticos afines que, a su vez, son consumidos por millones de personas planificadamente desinformadas, que aceptan lo que los y las presentadoras les ofrecen. Ello ocurre, porque la capacidad de ser creído está vinculada más a lo que las personas crean de las instituciones, y de sus gestores, que a lo que hacen realmente. Es decir, credibilidad no está vinculada a la veracidad del mensaje, sino a los componentes generalmente subjetivos, con su parte de objetividad, que hacen que otros interlocutores crean, o no, en dichos contenidos. Lo que es profundamente deshonesto. Por tanto, decididamente antidemocrático.

Por ello, para tener credibilidad, la persona, o la información emitida, deben generar confianza en los demás. Estamos en los tiempos de la postverdad. De las usinas de fake news. De la máquina del fango de Umberto Eco. Son tiempos en los que descubrimos que lo cierto se ha vuelto incierto. Como cuando la honestidad de la monarquía se pretende desvincular de las conductas probablemente delictivas de sus miembros. No resulta creíble. En casos así, es donde las resoluciones judiciales despiertan sospechas acerca de su misión ejemplificadora. Los casos se suceden y la justicia no está a la altura.

Los relatos institucionales se confrontan con las campañas que someten a prueba a la credibilidad de las personas y a su capacidad para convencer al prójimo. Nos han dicho a la cara que las armas de destrucción masiva existían y, con el paso del tiempo, que no existían. Todo, en boca de la misma persona. Sin ninguna consecuencia. Mentir es moneda corriente. Se lleva a cabo hasta el extremo de negar lo que se ha comprometido. El contrato social se incumple y lo ofrecido se restringe. Sistemáticamente, los ciudadanos observan como los gestores institucionales quiebran el compromiso electoral sin consecuencias. Aún está pendiente la derogación de la mayor parte de la legislación del PP de M. Rajoy.

Si la credibilidad está sujeta a la confianza, el primer condicionante tendría que ser que la reputación institucional fuera solvente. Pero, a ojos de la ciudadanía, esa reputación se deteriora cuando se transgreden las reglas del juego institucional. Éstas implican a la legalidad vigente. Como ocurre con los obstáculos que se oponen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inaceptable la pretensión de someter a los demás poderes del Estado de Derecho a una fiscalización desde un órgano que transgrede las normas. Tampoco la inviolabilidad de la monarquía es algo aceptable.

¿Es creíble una institución cuyos miembros están sospechados de corrupción fiscal, al menos? La credibilidad se basa en la honestidad. Ningún favor se les hace a las instituciones cuando se pretende ocultar o evitar que se le investiguen las causas que dieron lugar a las denuncias. El mentir fue siempre el método preferido del despotismo. 

Sólo la honestidad recuperará la democracia en España.

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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