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EL PERIÓDICO
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Sobre la justicia


Desde estas páginas, Javier García Fernández analiza con ejemplos la sentencia del Tribunal Constitucional. Podemos encontrar la explicación jurídica a lo que está ocurriendo en sus artículos.

Más allá de las consideraciones legislativas y de derecho, quisiera incidir en la necesaria revisión que le corresponde realizar a la propia Justicia (es decir a sus jueces, magistrados, abogados y personal que compone tan esencial institución para garantizar los derechos democráticos), para “aproximarse” al pueblo, a la gente.

Todo el mundo no tiene por qué saber de leyes como no sabemos de ciencia, de medicina o de cualquier conocimiento específico. Por eso, una sociedad democrática CONFÍA en sus representantes de cualquier ámbito, en su conocimiento, en su formación y en su “saber hacer” para conducir entre todos, de forma transparente y solidaria, una sociedad “buena”, es decir, una sociedad “justa”.

Ahora bien, la Justicia parece ocupar un papel ausente de la comunidad ya que, ejerciendo su potestad sobre “el bien y el mal”, lo realiza de forma incomprensible para la sociedad. No solo incomprensible desde la legibilidad que, de entrada, “asusta” a cualquier ciudadano por su farragoso lenguaje y que uno no sabe bien si ha cometido un delito, si debe pagar una multa o si Hacienda le devuelve dinero o le hace una inspección. Pero las piernas tiemblan ante cualquier acto vinculado con lo judicial.

Y esa es una primera consideración. Para que la Justicia sea un verdadero instrumento democrático debe ser comprensible, comprendida, aceptada. No puede convertirse en un elemento de agresividad o de “imposición” que asuste, porque la democracia no se fundamenta sobre el miedo sino sobre el respeto.

En segundo lugar, esa “comprensión” no solo debe darse en sus formas y contenidos sino también en sus resoluciones. Y he ahí un nuevo y serio problema. Tres ejemplos que están ocurriendo que alejan a la ciudadanía de la comprensión de la institución judicial, convirtiéndola en un ente extraño, opaco, oscuro y, sobre todo, incomprensible.

El primer ejemplo se encuentra en la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de suspender ahora, año y medio después, el primer estado de alarma decretado por el Gobierno Español el pasado marzo del 2020.

Una resolución que llega tarde y que por tarde es de imposible cumplimiento. No se puede volver al pasado. Pero que además resulta realmente insólita. Desde la sociedad nos preguntamos: ¿acaso el estado de alarma no se tomó para proteger a la ciudadanía de una pandemia? ¿acaso no lo votó todo el Parlamento? ¿acaso no veíamos la situación que se producía en el resto del mundo? ¿acaso no se trataba de una medida provisional que cumplía con el mandato constitucional? Pues ahora parece ser que no. Tampoco está tan claro porque la resolución fue “casi” un empate, porque además se levantan voces claramente en contra desde la propia judicatura y porque el fallo se produce porque un grupo político, Vox, que votó a favor del estado de alarma luego interpone la denuncia por puro electoralismo. ¿Y si no hubiera interpuesto tal denuncia, la Justicia no tenía nada sobre lo que pronunciarse?

Segundo ejemplo. Resulta más que incomprensible que en cada Comunidad Autónoma se decrete una sentencia diferente sobre los confinamientos y medidas restrictivas que cada gobierno autónomo quiere realizar sobre su territorio. En Valencia se aceptan y en el País Vasco no. Y así, cada Comunidad cuenta con un Tribunal autonómico que interpreta las leyes y la situación de forma completamente diferente. Pues menudo caos. Se pide a los políticos coherencia, coordinación, trabajo en común, centrar esfuerzos, y, en cambio, parece que los diferentes tribunales ni siquiera se plantean emitir un mensaje coherente.

Tercer ejemplo. Sigue pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tal es el escándalo que hasta los propios jueces, en concreto Juezas y Jueces para la Democracia, elevan ya la voz y piden que el Presidente del Consejo dimita para forzar la renovación. ¿Es importante la renovación? ¿Es un instrumento del Parlamento consensuar a sus vocales y elegirlos? Su no renovación parece indicarnos varias cosas contradictorias: que no importa que no se renueve porque, al fin y al cabo, la sociedad no conoce estos entresijos porque la Justicia “está por encima” del pueblo, o bien, que importa demasiado su renovación porque el bloqueo es claramente político, en este caso, del PP.

Cojan ustedes la interpretación que quieran pero lo cierto es que tales decisiones, cualquiera de ella, lo que hacen es debilitar la confianza ciudadana en una justicia que no entienden, que se aleja de sus representados y defendidos (para eso está), y que le interesa más el lío político que verdaderamente la esencia de los Derechos.

Quienes forman parte de la Institución Judicial deben realizar el esfuerzo de comprensión, transparencia, cumplimiento de sus obligaciones (incluso en la renovación de cargos), y fortalecimiento de la democracia.

Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia.

Tutora de Sociología en la UNED (Valencia)

Miembro del consejo de redacción de la revista Temas para el Debate, y crítica de libros de la revista Sistema.

Articulista en la revista digital Sistema Digital.

Miembro de las asociaciones literarias Concilyarte y Clave.

Ha codirigido cursos de la UIMP (Valencia)

Miembro de varias ONG Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Amnistía Internacional y Fundación Hugo Zárate.

Coordinadora de actos culturales: mesas redondas, presentaciones de libros, encuentros literarios y exposiciones.

Varias publicaciones: artículos de prensa, críticas de libros, artículos de reflexión filosófica, antologías poéticas, novela y ensayo.