La justicia no es venganza: de 1996 a 2026, 30 años después

El segundo problema es que España, al igual que las sociedades democráticas, tiene un problema de abuso de poder y de corrupción. No somos únicos, y eso no es un consuelo, pero demuestra que las personas somos vulnerables, egoístas y, unas más que otras, fáciles de caer en tentaciones. No entiendo el gusto por las joyas ni por la ostentación, no la he practicado, pero no tiene mérito alguno: he nacido así, más bien simple y poco interesada en el oropel. Si además mi pasión es leer y la filosofía, pues al final te conviertes en una rara avis en el mundo del consumismo. Pero no tiene mérito porque no me cuesta ningún esfuerzo.

El problema grave de la corrupción es que deteriora el sistema democrático, genera desconfianza de la ciudadanía con sus representados y debilita los valores colectivos. Sin embargo, lo que sí hemos visto para nuestra tranquilidad es que las fuerzas del Estado persiguen a todo el mundo, sean de derechas o sean de izquierdas, sean políticos o empresarios, sean funcionarios o trabajadores, sea incluso la Casa Real. Esto significa que no hay corrupción sistemática, hay corruptos; no somos un Estado fallido, somos un Estado democrático. Y claramente vemos al delincuente pillado.

Sin embargo, llega el tercer grave problema. Y es que, actualmente, hemos perdido la confianza en el poder judicial, que se ha convertido en un estamento cuestionado abiertamente, no solo por los políticos, sino por los medios de comunicación y por la propia ciudadanía, que no entiende a quienes, en vez de impartir justicia (que debe ser ecuánime y racional), se dedican a tratar de forma diferente a los delincuentes.

Como dice la RAE, corrupción es la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores, pero también tiene una segunda lectura: deterioro de valores, usos o costumbres. Y aquí es donde el actual sistema judicial está cayendo en actitudes de clara deshonestidad. En primer lugar, cuando hay jueces que usan su cargo con utilización perversa y envilecida, como el caso del juez Peinado; en segundo lugar, cuando hay jueces que no juzgan con las mismas sentencias los mismos delitos; y, en tercer lugar, cuando existe tal corporativismo en defensa de las manzanas podridas que deterioran todo el sistema judicial.

Porque se exige a los políticos, a la militancia y a la ciudadanía que defiende a un partido que sea honesta y denuncie a los corruptos. Y eso ha hecho el PSOE, quitándoles la militancia y esperando las resoluciones judiciales. Sin embargo, no es la misma actitud de las asociaciones y organismos judiciales, que cierran filas incapaces de tomar medidas cuando un juez se «toma la justicia por su mano». Se dice que los jueces son imparciales y hoy esta afirmación resulta absolutamente increíble e incierta.

¿En serio Begoña Gómez es una criminal en potencia para entregar el pasaporte y enfrentarse a pena de cárcel, cuando, en caso de que haya delito (muy improbable para muchos abogados y jueces), sea tan solo un caso administrativo? ¿De verdad el hermano de Pedro Sánchez se ha tenido que sentar en el banquillo por un posible enchufe? Algo también cuestionable cuando David Sánchez es un magnífico director de orquesta con un currículum extraordinario y es perseguido tan solo porque se trata de un «acoso y derribo» al presidente.

Y si Zapatero ha metido la mano, ha cobrado lo que no debía y ha escondido joyas que no le corresponden, que se le juzgue. Nos dolerá a muchos, a muchos que hemos confiado en él, que lo hemos tenido como una referencia ética y política, pero no se le puede juzgar previamente, como ya se está haciendo de forma mediática y política. Ningún socialista ha defendido los tejemanejes de Ábalos y Koldo, y todo el mundo ha mantenido silencio esperando que sus delitos fueran juzgados. Quien lo haga, que lo pague.

Sin embargo, el estupor y la indignación aumentan cuando la sentencia impuesta a Ábalos es de 24 años. Inaudito. Como señala el periodista Jesús Civera, ¿ha cometido Ábalos un asesinato o un genocidio? A Rudolf Hess le cayeron los mismos años de cárcel que a Ábalos. Algunos mandos militares genocidas de los Balcanes tuvieron penas de entre 10 y 35 años (https://www.levante-emv.com/opinion/2026/06/24/ruedo-iberico-131723057.html). Las penas para los asesinos en España oscilan entre 15 y 25 años de cárcel para el tipo básico. Las penas por violación (agresión sexual con penetración) oscilan actualmente entre los 4 y los 15 años de prisión. Y las penas por pederastia oscilan entre 2 a 6 años (sin penetración) hasta 15 años con agravantes.

La pena a Ábalos se da el mismo día que se absuelve al autodenominado «Yonki del dinero» en Valencia, quien se había autoinculpado de casos de corrupción. Y, sobre todo, lo más impresentable es que el corruptor, el empresario Víctor de Aldama, no entrará en la cárcel ni devolverá el dinero escaqueado, y además se libra del gran caso de corrupción de los hidrocarburos. Y aún lo veremos en alguna lista electoral devolviendo favores y cubriéndose las espaldas.

Recordaba el periodista Juan R. Gil en un artículo titulado «El temido gobierno de los justos» (https://www.levante-emv.com/opinion/2026/06/22/temido-gobierno-justos-131694215.html) que:

• Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo, exministro portavoz del Gobierno, exportavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso y exalto cargo directivo de la primera multinacional española, Telefónica, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le condenó a diez años de prisión por una serie de delitos que al menos le reportaron, según consta acreditado, diez millones de euros, delitos cometidos cuando desempeñaba cargos en la Administración. Y solo pasó 9 meses en prisión porque decía padecer una grave enfermedad.
• Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue condenado a algo menos de cinco años de cárcel por tres delitos que habrían supuesto un fraude a las arcas públicas de ocho millones de euros. Cumplió dos. Y ha publicado un libro donde culpa de todos sus males a policías, fiscales y jueces conchabados (más bien, dirigidos) por Mariano Rajoy.

Estos son solo algunos ejemplos de la diferencia de sentencias. ¿Es una conspiración de jueces contra el PSOE? ¿O es realmente un abuso de poder de una institución cada vez más cerrada, más endogámica, más soberbia, más empoderada de sus cargos, que además dificulta que el acceso judicial sea modificado porque no se sostiene el proceso de oposición, considerado el peor de Europa?

Sí escucho voces judiciales solitarias que advierten de los peligros que están deteriorando el poder judicial y la gravedad que eso supone para el sistema democrático. Pero, lamentablemente, estos jueces son ignorados y rechazados por el propio corporativismo.

Mientras tanto, resuenan con más fuerza las palabras de Ansón en aquella famosa entrevista realizada en la revista Tiempo el 23 de febrero de 1998: «Había que terminar con González, esa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro… pero era la única forma de sacarlo de ahí».

--Han pasado exactamente 30 años desde que se desalojó a Felipe González del Gobierno con una estrategia de crispación, vileza, odio, provocación, bulos y conspiración entre medios de comunicación, jueces y políticos. Y aquí nos encontramos de nuevo: «el que pueda hacer que haga», dixit José María Aznar.