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EL PERIÓDICO
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La formación del gobierno en España: nueva praxis constitucional y nueva política


Dentro del Derecho constitucional y de la Ciencia Política, la reflexión y el análisis del Gobierno es una de las materias más interesantes, porque combina sutiles conocimientos teóricos con una práctica política muy compleja. Y dentro de esa parte del Derecho constitucional que estudia el Gobierno, todo lo referente a la vida del órgano atrae mucho interés. Más interés todavía si hablamos de un Gobierno de coalición. Añádase que el Gobierno es un órgano muy mal regulado en todas las Constituciones democráticas, pues en estas encontramos pocos artículos que disciplinan al Gobierno, frente a la extensa regulación que reciben los Parlamentos o la Jefatura del Estado.

El cambio de Ministros (que no de Gobierno) conocido el pasado 3 de julio merece algunas acotaciones desde el Derecho Constitucional y desde la Política.

En primer lugar, sobre la repetición de cambios en un Gobierno. Salvo en los Gobiernos de Felipe González en las legislaturas 1982-1986 y 1986-1989, con dos únicos cambios de Ministros, en la política española ha sido muy normal que a lo largo de una legislatura de tres o cuatro años el Presidente cambie cinco o seis veces de Ministros (a veces, sólo cuatro). Luego, un cambio de Ministros año y medio después de constituirse es bastante usual en la historia de los Gobiernos españoles.

En segundo lugar, llama la atención la amplitud de los Ministros cambiados. También ha sido usual, después de alguna situación crítica, cesar y nombrar un número elevado de Ministros. Tras la gran crisis socio-sanitaria de la pandemia, la salida de Iglesias Turrión de la Vicepresidencia y la larga crisis catalana que se inicia con las elecciones de febrero pasado y culmina con los indultos, una gran renovación de Ministros estaba justificada y responde a la praxis de cualquier país democrático.

En tercer lugar, y esto es una novedad, llama la atención que hay por vez primera más mujeres que hombres en elevada proporción. Desde la entrada de Soledad Becerril como Ministra en Cultura en diciembre de 1981 y, casi al final de la misma década (julio de 1988), el nombramiento de Matilde Fernández y de Rosa Conde como Ministras de Asuntos Sociales y Portavoz del Gobierno, respectivamente, ha llovido mucho. Ya no es que haya equiparación, sino que hay mayoría femenina con el mensaje político que comporta apostar por la estricta igualdad de género que, hoy por hoy, requiere superar la equiparación y ampliar el número de Ministras. Y además con tres Vicepresidentas.

Otra circunstancia a comentar es que no ha cambiado la estructura gubernamental, salvo la creación de la Secretaría de Estado de Función Pública y su adscripción al Ministerio de Hacienda (que pasa a denominarse de Hacienda y Función Pública). Denota que el modelo de enero de 2020 ha funcionado aceptablemente y que el Presidente no ha considerado necesario aplicar un cambio más rotundo.

A algunos les ha llamado la atención que el cambio sólo haya tenido lugar en los Ministerios asignados en la coalición al PSOE, no a los Departamentos regidos por Ministros de Unidas Podemos. Es un dato significativo que muestra cómo funciona la coalición, donde el Presidente otorga libertad de movimiento al socio minoritario, que no ha considerado oportuno cambiar a sus Ministros, quizá porque hubo un cambio reciente con la dimisión de Iglesias Turrión y el nombramiento de Belarra. Quiere ello decir que la clave del pacto es la asignación de Ministerios a cada partido, el cual propone a los Ministros que desea, otorgando bastante autonomía a cada uno.

Por terminar temas jurídicos y de organización, hemos visto que Pablo Casado se ha quejado de que los Ministros han sido nombrados a dedo por el Presidente. NATURALMENTE. El Presidente del Partido Popular debe ignorar que entre los principios de organización gubernamental está el principio de dirección presidencial o de Canciller (por ser el modelo de la Ley Fundamental de Bonn), que establece una amplísima potestad de dirección política del Presidente sobre la composición, la estructura y la política del Gobierno. Así lo recoge la Constitución en su artículo 100, que establece que los miembros del Gobiernos son nombrados y cesados por el Rey A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Y, por si pudiera haber dudas, lo reitera la Ley del Gobierno de 1997. Todo ello como expresión del principio de Canciller, cuya formulación más nítida está en el artículo 98.1 de la Constitución: el Presidente dirige la política del Gobierno. Si Casado quiere seguir diciendo banalidades equivocadas, que lo haga, pero no le vendría mal estudiar un manual sencillo de Derecho Constitucional.

Llama la atención un hecho que nadie ha comentado. En 1996, cuando se formó el primer Gobierno del Presidente Aznar, se vinculó por vez primera el Ministerio de la Presidencia a una Vicepresidencia. El modelo (rectificado en ocasiones al nombrar Vicepresidente a un Ministro de otro Departamento o dejar el Ministro de la Presidencia sin Vicepresidencia) siguió funcionando en los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, salvo en sus últimos años cuando se nombró a Ramón Jáuregui sin encargarle ninguna Vicepresidencia. Ahora se vuelve a la práctica de nombrar Ministro sin que asuma al mismo tiempo una Vicepresidencia (sobre esto, Javier García Fernández: Regulación jurídica y acción política del Gobierno en España, Madrid, 2020).

A pesar de la reacción hiperbólica de la oposición, la política española o, al menos, la acción del Gobierno, es posible que mejore, porque el cambio de Ministros denota una reacción rápida y contundente ante una eventual deterioro que era inevitable tras una crisis socio-sanitaria tan grave, donde la oposición no sólo no ha colaborado, sino que ha intentado derribar al Gobierno. El modelo constitucional ha funcionado.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.