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EL PERIÓDICO
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Whistleblower


Antes que nada permítanme una pregunta. ¿Qué opinión les merece los chivatos? Muy posiblemente negativa. No se lo haga mirar. Es cultural. Una actitud ante el poder, del que se desconfía y que prohíbe lo que se considera subjetivamente justificable (sea dar cumplimiento a un deseo, perseguir el propio interés, o incluso – raros hay- un beneficio público). Así, el chivato está mal visto en tanto que aliado del poder. En dicho contexto de cultural general, la pregunta que les hice casi llevaba la respuesta de mochila.

Y sin embargo, el “whistleblower” es una categoría esencial en la calidad democrática. Regulada en los países normativamente más avanzados, afecta tanto al ámbito privado como público. Su labor es informar de “actividades dentro de una organización privada, pública o gubernamental que se considera ilegal, ilícita, insegura o un despilfarro, fraude o abuso de los fondos de los contribuyentes”. En la práctica, esa categoría de chivatos deberían ser héroes locales.

No parece el caso ni hay demasiados voluntarios, viendo como tantos delitos de corrupción pasaron por múltiples manos administrativas y raro es que alguien (vagamente recuerdo a una heroína, represaliada por supuesto) toque el silbato y denuncie. La fórmula más extendida es hacerse el longui. Un longui hace ver que no ve lo que ve, y va viendo como llegado el caso de una vista, puede evitar dejarse ver. Es un caso generalizado entre los subordinados en lo público privados de defensa y en lo privado privados de interés público. ¿La razón?

Anda la cosa ambigua en la UE sobre la "Whistleblower Protection Directive". De elogios sin par a dudas a pares. La razón es el denominado "duty speech". Es decir, el empleado informa a su supervisor o superior jerárquico que una tarea asignada no es legal (por ejemplo, facilitar información confidencial a quien no se debe) en lugar de realizar una denuncia. Es decir, primero llama a su jefe incompetente y desinformado para disimular que el que la hace sabe lo que hace. Siendo el procedimiento más habitual casi siempre conlleva represalias públicas y privadas. Y que quiere que le diga, en el santoral no existe día para la categoría chivato y mártir.

En la práctica es un indicador (como lo es la regulación de las puertas giratorias) del compromiso con lo público. La corrupción de los jefes es imposible sin el compromiso del subordinado. Si algo tiene el estado moderno (Weber dixit) es papeleo y el papeleo se mueve a paletadas en las galeras administrativas. Sin proteger al del silbato (y por una vez no es el árbitro) la trasparencia estará fuera de juego.

Catedrático de Sociología Matemática.