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La represión del pensamiento


“Y el pequeño hecho gritador que suena a lo largo de toda la

historia: la represión solo funciona para fortalecer y tejer lo

reprimido“. John Steinbeck


Por represión debemos entender a las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir ciertas actuaciones políticas o sociales. El grado de violencia aplicada y la legitimidad de la legislación vigente serán determinantes a la hora de valorar su razonabilidad. Al menos en democracia deberían preservarse los derechos de expresión del pensamiento discrepante. Sin embargo, aún tiene España restos arraigados de legalidades represoras. Recordemos el “No te metas en política”.

La Justicia condena a la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O. En la sentencia se dictamina que "No puede asumir una posición política". Al parecer, paradójicamente, un centro de pensamiento debe ajustarse a criterios de restricción ideológica. Ello, según doctrina del Tribunal Constitucional. Pese a esto, por el voto mayoritario de su claustro, las universidades públicas catalanas suscribieron un manifiesto condenando la sentencia del referéndum “ilegal” del 1-OCT, en octubre de 2019, en el que exigían la inmediata puesta en libertad de los presos, y denunciaban "la deriva autoritaria" de los poderes del Estado, además de revindicar la autodeterminación de Cataluña.

La magistrada Ana Alonso, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona, determinó que esa declaración vulnera el derecho a la educación, a la libertad de expresión y de libertad ideológica. "La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y ese deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente".  

Sería interesante conocer su opinión acerca de la “neutralidad” de las universidades privadas cuando se prestan a ser escenario de centros de pensamiento definidamente ultraliberales o conservadores. Por no hablar de la educación concertada que es una estructura de adoctrinamiento político perfectamente conocida.

Al parecer, esta decisión se ajusta a la línea ideológica que predomina en el CGPJ, en funciones, y en el Tribunal Supremo. Esta intervención forma parte de los excesos a los que nos tiene acostumbrados la Justicia del sistema. No se admite la discrepancia. Se supone tal vez que, reprimiéndola, se eliminará esa realidad social que cuestiona los modos del statu quo. En la legalidad del franquismo ya se intentó de manera extrema, llenando las cunetas de represaliados pero, la discrepancia, sobrevivió a aquellos horrores al volver a poner frente a su espejo a los que defienden reprimir para proteger privilegios. Así, se terminó avasallando el derecho a disentir de los demás. Tal vez, en aquellos tiempos, aquella justicia también concluiría que aquella discrepancia “… no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente".  

Si pretendemos juzgar al pensamiento porque no concuerda con el nuestro, entonces ya no seremos una democracia. Ya lo hicimos y entonces pasó lo que pasó.

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.