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Notas 1968 (5). Con el sudor de la frente

En el ámbito laboral, las reclamaciones de los trabajadores habían aumentado desde principios de la década, indirectamente favorecidas por la Ley de Convenios Colectivos de 1958, que pretendía estabilizar los precios al suprimir las subidas generales de salarios, haciéndolas depender de los acuerdos entre empresas y trabajadores. Fragmentaba, además, las reclamaciones laborales, dividía las luchas, reducía la resistencia a los planes patronales y despolitizaba los conflictos, al desviar las demandas hacia el capital privado en vez de hacia el Gobierno.

Como un efecto del Plan de Estabilización de 1959, que tuvo un coste muy alto para los asalariados, pues pagaron el saneamiento del sistema económico con deterioro de su situación de vida y trabajo -congelación salarial, contracción del consumo, reducción de plantillas, paro, migración interior y exterior y aumento de impuestos indirectos-, las protestas de los trabajadores fueron en ascenso, extendiéndose desde la minería asturiana, en 1962 y 1964, a otras ramas y provincias, principalmente al sector del metal y a zonas industriales.

La industrialización produjo el aumento y la concentración de trabajadores en grandes ciudades y zonas y polos de desarrollo, lo cual tendió a unificar las condiciones de trabajo y facilitar la organización y coordinación de las luchas, y atizó la tensión con los empresarios en la disputa por el reparto del excedente obtenido en la producción de bienes y servicios; es decir, reprodujo el conflicto entre el capital y el trabajo, entre los salarios y los beneficios; la lucha de clases, en suma, que el Régimen creyó haber desterrado suprimiendo los partidos políticos y sindicatos de clase y uniendo a patronos y trabajadores en un solo sindicato nacional, bajo control estatal.

La tímida liberalización auspiciada por los ministros tecnócratas que pretendía ofrecer una imagen menos politizada del Régimen favoreció ese clima. En el Código Penal se modificó la tipificación de la huelga como delito de sedición, aunque conservó ese carácter para funcionarios y empleados públicos; en 1964, con motivo de cumplirse los “XXV años de paz”, se decretó un indulto parcial, en 1965 se promulgó la Ley de Asociaciones y en 1966 la Ley de Prensa e Imprenta. Por otro lado, el Régimen quiso revitalizar su burocratizado sindicato a través de unas elecciones, en las que los trabajadores pudieran elegir a sus representantes (enlaces sindicales). El artífice de esta operación de “maquillaje” fue el polimórfico José Solís, que intentó, sin éxito, que la Organización Sindical Española fuese reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese clima de limitada tolerancia permitió que las candidaturas obreras impulsadas por las comisiones obreras obtuvieran bastantes representantes en las elecciones sindicales de 1966, en algunos lugares en puestos de cierto nivel.

Fue después de que CC.OO. convocase a miles de trabajadores en dos jornadas de protesta, en enero y octubre de 1967, en las principales zonas industriales, cuando el Gobierno percibió su verdadera dimensión y decidió declararlas fuera de la ley y perseguirlas sañudamente.

Una sentencia del Tribunal Supremo, que consideró CC.OO. como organización ilícita y subversiva, abrió el camino a sucesivos procesos judiciales contra sus militantes, de los cuales el más conocido fue el Proceso 1001, incoado a su plana mayor.

Pero, desde el punto de vista laboral, 1968 fue un año poco agitado, pues se negociaron pocos convenios, por lo que las protestas y las jornadas de lucha fueron menores que el año anterior. Fue un breve paréntesis entre 1967 y 1969, años más conflictivos y sometidos a la represión, ya que el Gobierno decretó sendos estados de excepción.

No obstante, en 1968 hubo jornadas de lucha a primeros de mayo y protestas contra la nueva ley sindical, con la cual el Régimen intentaba hacer frente a las luchas obreras y Falange asegurarse el control de los trabajadores, que se le escapaba. Hubo encierros de mujeres en apoyo de trabajadores sancionados o detenidos, así como huelgas en empresas importantes como Pegaso, Standard Eléctrica, SEAT y en la minería, en HUNOSA, con la consiguiente represión patronal y policial. Hubo también continuas vistas en el Tribunal de Orden Público contra trabajadores y sindicalistas por participar en huelgas y protestas, así como contra estudiantes, militantes nacionalistas y sacerdotes, que fueron muy activos en ese año.

En 1968, se contaron 551 conflictos colectivos frente a 1.595 en 1970, ocurridos con preferencia en Asturias y el País Vasco; el 41 por ciento en el sector minero, el porcentaje más alto, seguido del siderometalúrgico, con el 17 por ciento.

Por otra parte, a diferencia del movimiento estudiantil, los acontecimientos del extranjero ejercieron escasa influencia sobre el movimiento obrero, que fue más autónomo y original en sus reclamaciones y tácticas de lucha.

Respecto a los hechos más relevantes del año en el ámbito laboral, hay que recordar que, en marzo, la policía desalojó violentamente una asamblea de trabajadores en la factoría de Pegaso (Empresa Nacional de Autocamiones), en Madrid, detuvo a 25 trabajadores y 40 fueron despedidos por la dirección de la empresa, lo cual provocó una huelga de protesta.

El 29 de marzo, el TOP condenó a 9 mineros asturianos a penas que iban de 6 meses a 4 años de cárcel, y a 4 trabajadores que protestaban en Bilbao por los despidos en Laminación de Bandas en Frío. Días después, los sindicalistas Marcelino Camacho y Julián Ariza comparecieron ante el TOP.

El mes de abril concluyó con la ocupación de la fábrica Rockwell-Cerdán, en Gavá (Barcelona), por los trabajadores, y con las detenciones en toda España con que la policía trató de impedir los días de lucha decididos por CC.OO. con motivo del día 1 de mayo, en solidaridad con las huelgas de Pegaso y Standard en Madrid y SEAT en Barcelona.

El día 30 de mayo, presidido por el Delegado Nacional de Sindicatos, José Solís, se celebró en Tarragona el IV Congreso Sindical, que aprobó la nueva ley sindical, ya rechazada por representantes de los trabajadores.

El 18 de junio, el TOP impuso diversas penas de cárcel a una docena de trabajadores asturianos, miembros del PSOE y de UGT.

El 22 de julio, una delegación de obreros del metal solicitó a la Conferencia Episcopal que rompiera su silencio y defendiera la doctrina social de la Iglesia respecto a los derechos laborales. En respuesta, la Curia declaró que apoyaba la libertad sindical y el derecho de huelga.

El 15 de octubre, el Tribunal Supremo confirmó el carácter ilegal y subversivo de las Comisiones Obreras y el día 29, diez mil mineros fueron a la huelga en protesta por el despido de varios compañeros.

El 19 de noviembre, la policía detuvo, en Valencia, a 21 sindicalistas, y el día 20, treinta y nueve enlaces sindicales de la rama del metal entregaron un escrito a la Conferencia Episcopal, solicitando que ningún prelado asistiera a la aprobación de la Ley Sindical en las Cortes.

El 28 de noviembre, 15.000 mineros asturianos se declararon en huelga por la muerte de tres compañeros en accidente laboral. Al entierro asistieron más de 20.000 personas. HUNOSA amenazó con no pagar las indemnizaciones si no se reanudaba el trabajo.

A mediados de diciembre, en Madrid, grupos de mujeres de presos políticos se encerraron en iglesias para exigir mejor trato a los presos de la cárcel madrileña de Carabanchel.

En vísperas de Navidad, 43 presos políticos de la cárcel de Soria, entre ellos Marcelino Camacho y José Sandoval, miembros de las comisiones obreras, iniciaron una huelga de hambre, que se extendió a otras prisiones.

Profesor jubilado de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015) y, con Ramón Cotarelo: La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).