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Un ápice de sentido común

¿Queda un átomo de sentido común en alguno de los principales poderes que configuran los nexos entre la gran empresa y el Estado en España? Responder sí a esta pregunta implica superar importantes obstáculos. El más prominente de los surgidos en los últimos días concierne a la incorporación –fichaje- por la compañía eléctrica Iberdrola de quien fuera hasta junio de 2019 director del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, teniente general Félix Sanz Roldán. Este conquense de 71 años, que ha sido durante la última década y hasta su jubilación en junio de 2019 principal gestor de la Razón de Estado en España –los secretos intereses estratégicos de la nación - se integrará como consejero internacional del presidente de la compañía eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán. Se trata de la misma empresa que fichó al policía, luego ex policía, José Manuel Villarejo Pérez durante 13 años seguidos para realizar distintos asuntos investigados por la Justicia. Villarejo y Sanz Roldán se enfrentaron a propósito de la vinculación con el ex policía de Corina Larsen Zu Wittgenstein, ex amante del rey emérito Juan Carlos. La empresaria germana recurrió a Villarejo en una supuesta búsqueda de protección contra presuntas amenazas contra ella del entonces director del principal servicio secreto español. Villarejo permanece en prisión desde 2017.

Pero hay más. La misma compañía eléctrica contrató a Villarejo tiempo atrás para truncar una operación financiera sobre Iberdrola protagonizada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS. Lo haría, presuntamente, mediante la búsqueda de información comprometida contra ACS, con el propósito de impedir que tomara el control de la compañía eléctrica, si bien Sánchez Galán impidió a Florentino Pérez acceder a su consejo de administración alegando que eran competidores. Iberdrola reconoció además haber contratado entre 2004 y 2017, en 17 ocasiones, a Villarejo, para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, acosar a miembros del comité de Empresa de la central nuclear de Cofrentes e investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

En resumen, Villarejo brindaba a particulares y empresas privadas acciones encubiertas propias de servicios extraoficiales de Inteligencia. Por su parte, Sanz Roldán dirigía el servicio oficial de Inteligencia que, en nombre del Estado, dirige el espionaje, el contraespionaje y la acción encubierta autorizada por los jueces.

Un ciudadano de a pie se preguntará cómo y por qué uno de los ex altos cargos de mayor relevancia en la Administración española, como el ex director del Centro Nacional de Inteligencia, se dispone a asesorar a una compañía metida de hoz y coz en investigaciones judiciales del jaez descrito. ¿Qué tiene que estar sucediendo entre bambalinas para que el funcionario tal vez mejor informado del país, recién jubilado, acceda a una compañía con tal volumen de, llamémoslas suavemente, anomalías?

Una de las tareas que el director del CNI asumió durante su mandato fue la de intentar evitar la erosión institucional que implicaba la relación sentimental entre Juan Carlos I y la alemana Corinna Larsen Zu Wittgenstein, vínculo que adquirió también una anómala dimensión financiera con supuestas comisiones millonarias y pagos irregulares de por medio, con paraísos fiscales en lontananza. Una vez rota aquella relación amatoria con flecos pecuniarios, el teniente general fue denunciado por la amante, hoy ex amante, del rey emérito. Ella achacaba al CNI amenazas incluso de muerte contra ella y su familia en caso de no cejar en su actitud contra Juan Carlos de Borbón.

Lo que convierte en más intrincado todavía este opaco asunto es que fue precisamente Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica y años atrás mano derecha de José María Aznar, quien puso a Villarejo en contacto con Corina para afrontar las supuestas presiones, en forma de amenaza, presuntamente ejercidas contra la alemana por el entonces director del CNI. ¿Qué pinta pues el compañero de pupitre y ex mano derecha de Aznar, Juan Villalonga, asiduo visitante de Miami, en esta trama? ¿Cómo explicar los ampulosos sombrerazos a la Corona de Pablo Casado, cachorro predilecto de Aznar, mentor en su día de Villalonga?

Así pues, Iberdrola, cuestionada por sus nexos con Villarejo, tras el reciente fichaje de Sanz Roldán, juega consecutivamente con dos barajas. Es lo que los estadounidenses llaman una técnica two track ways, algo así como una “política de ida y vuelta”, para ganar siempre en una de las dos opciones por las que se apuesta simultáneamente. ¿Se trata de lavar la cara de la multinacional “española”? ¿Cómo así?

Si el avisado lector permanece aún interesado en seguir este intrincado relato, he ahí datos nuevos: en primer lugar, el ex director del CNI ha accedido a su nueva asesoría internacional sin haber culminado el plazo de dos años que la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública fija para aquellos altos cargos que se proponen acceder a la empresa privada tras culminar su estancia en el servicio público. En apenas un año ha conseguido el placet oficial para asesorar a Iberdrola. No hay incompatibilidad. En segundo lugar, Félix Sanz Roldán ha tenido que renunciar a los 6.848,98 euros mensuales que su condición de muy alto cargo de la Administración le procuraba. En tercer lugar, desempeñará su asesoría internacional con una frecuencia semestral -“sin cargo ejecutivo”, precisa la empresa-; pero lo hace –según informaba El País- en el mismo consejo asesor del que forman parte personajes de la entidad político-económica del ex ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joshka Fisher; Jonathan Hill, barón Hill de Oareford, Par y político británico del Partido Conservador, ex Comisario Europeo de Estabilidad, Servicios Financieros y Mercado de Capitales de la Unión; Laurence Tubiana, diplomática francesa nacida en Argelia, representante del Gobierno francés para asuntos de sostenibilidad; así como Kenneth Salazar, antiguo Secretario –ministro- del Interior de Estados Unidos con Barak Obama, o el español Ramón de Miguel, exembajador de España en París y ante la Unión Europea. También figura en tal consejo asesor de Iberdrola, Ernesto Zedillo, ex presidente de México, país del cual Ignacio Sánchez Galán, por cierto, acaba de retirar una inversión prevista de 1.000 millones de euros, por divergencias con el actual presidente de izquierda del país azteca, Andrés Manuel López Obrador.

Se dirá que las compañías privadas pueden fichar a quien les venga en gana al respecto. Mas cabe preguntarse si este ramillete, tan cosmopolita, de personalidades con proyección mundial tiene algo que ver con la defensa real de los intereses de España. Para responder sí a tal cuestión, cabe repreguntar para qué sirve entonces la diplomacia oficial española, si ya tenemos a Iberdrola que, a modo de empresa atrápalo todo, sienta entre sus asesores a tan cualificados ex representantes de los intereses estatales de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos porque, si no, o bien habrán dejado de defender a sus países para trabajar en pro de España o bien se habrán guiado por intereses particulares y personales, amparados en el prefijo ex que los exime de aquellos otros deberes. Claro, se dirá, eso explicaría la presencia del ex director del CNI, Félix Sanz Roldán que, “como viejo zorro, podrá embridar a los asesores foráneos y hacerlos serviciales a la causa estatal hispana, etc…”

¿Representa Iberdrola los intereses de España, los del consumidor de electricidad que afronta mensualmente las facturas y confirma –o desmiente- la calidad de la prestación o más bien representa solo los intereses de sus accionistas y trabajadores? ¿Puede afirmarse, en este caso para España, lo que se decía allende el océano sobre la General Motors, de que lo que era bueno para GM lo era también para los Estados Unidos de América?

Mal. Muy mal. Luego se dirá que quienes hablan de puertas giratorias no tienen elementos para seguir con su cantinela. Da la impresión de que el teniente general Sanz Roldán o se ha equivocado, o se ha precipitado o bien silencia la clave de su decisión. Ello no obsta para que su pasado le acredite como probo ex servidor del Estado; pero no parece que en la presente coyuntura debiera asociarse a una compañía como Iberdrola. Muchos de los más de 3.500 agentes del CNI que, como el propio general Sanz Roldán durante diez largos años, han tenido que renunciar a tantas cosas de sus vidas personales por mor de vivir en el secreto, no parece que vayan a ver en este paso un ejemplo edificante, a no ser que alguien les explique a qué obedece, realmente.

Sería muy de temer que la verdadera explicación se encontrara en una motivación meramente personal, derivada del temor a la indefensión legal que, a un servidor del Estado como él, le acarrearía el abandono de su cargo oficial, en virtud de tareas que –supuestamente- se vio obligado a asumir en razón, precisamente, de tal cargo. ¿Eran ilegales entonces tales tareas por él supuestamente asumidas o eran legales y hoy ya no lo son? Tanto los desarrollos del caso Corina-Juan Carlos I, como el supuesto espionaje recientemente descubierto al president del Parlament catalán Roger Torrent y al líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Ernest Maragall, penden sobre la cabeza de Félix Sanz Roldán entre otras potenciales amenazas judiciales. Cabe recordar que Emilio Alonso Manglano, ex director del CESID e impulsor del CNI, murió separado del servicio y un solitario ostracismo, salpicado por una serie de pinchazos telefónicos ilegales del CESID contra la sede bilbaína de HB, que le llevaría ante los tribunales, entre otros asuntos.

¡Qué trance el de quienes, cuando dejan su cometido de servicio público, se sienten desamparados ante la ley y parecen, digo parecen, recurrir al blindaje que puede proporcionarles una potente empresa privada! Y tan “cosmopolita” como la eléctrica descrita donde, por cierto, personajes tan foráneos como esos ex ministros y prebostes de la política mundial, orientan (¿) al presidente Ignacio Sánchez Galán sobre cuáles son los verdaderos intereses estratégicos de España.

Si todo este tremendo enredo se dirimiera en un ambiente de sensatez política e institucional, con una oposición dirigida sensatamente y no movida por el odio y el despecho por haber perdido el Gobierno por corrupción desaforada; si ésta oposición se mostrara interesada en la defensa de los intereses de España y no en sintonía con quienes quieren hundir las ayudas de la Unión Europea para afrontar la pandemia, las cosas, incluso las más espinosas como la que ahora tratamos, podrían tener acomodo dentro de la ley. Si esta derecha arrimara el hombro parlamentario a un Gobierno de coalición joven, pero legítimo, empeñado en lidiar en clave social con los problemas más graves acaecidos en la realidad española desde la salida del franquismo, se podrían aplicar o bien innovar las leyes y resultaría comprensible la protección de los servidores del Estado que no las hayan transgredido, así como la fiscalización necesaria, por parte de experimentados agentes estatales –como es el caso-, de la actividad económica de las multinacionales “españolas”. Pero no parece ser así. Por otra parte, la actitud del poder judicial, al respecto, resulta siempre impredecible.

Una de las claves teóricas de lo sucedido se encuentra en la llamada Inteligencia económica –loada por todos los teóricos al uso- cuyo mensaje mixtificador de lo privado y lo público ha impregnado venenosamente, con su discurso ultraliberal, las actividades de los servicios de Inteligencia en todo Occidente, también el de aquí; el capitalismo financiero no tiene por qué ser la única seña de identidad económica de los Estados democráticos porque, como vemos, los desmorona y los arruina de sus valores sociales mayoritarios; y termina por prescindir de la democracia, como vemos allende y aquende los mares. Aquí, las fronteras entre lo privado, Iberdrola, y lo público, los intereses estatales de España, se mezclan en un confuso engrudo que puede emparedar, en un magma de presumibles delitos, a personas dignas de respecto, pero cuyos pasos no están libres de discurrir por caminos erróneos.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.