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Optimismo contra catastrofistas

Por primera vez en mucho tiempo, entramos en una coyuntura esperanzadora de la mano de una Europa que ha decidido no suicidarse, sino seguir apostando por sí misma como espacio de libertades y de colaboración solidaria. España ha hecho valer la importancia de su peso estratégico como vivero del europeísmo más sensato, sobre la base de pugnar por conseguir una Europa social que reequilibre las derivas neoliberales que tan dañinamente han golpeado al continente en las últimas décadas. Lo acontecido tiene más mérito, aún, por surgir en un contexto político interior agitado por la irresponsabilidad de alguno de los principales líderes de la oposición.

En meses recientes hemos asistido, intramuros, a uno de los espectáculos más descorazonadores que cabe recordar de nuestro inmediato acontecer político. Estuvo, y por lo que parece sigue estando, protagonizado por el líder del principal partido político de la derecha española, erigido en heraldo catastrofista por antonomasia. En plena pandemia, ante el enorme desafío que la nación entera afrontaba a consecuencia de un virus tan criminal como desconocido por su atroz expansión, en medio de una angustia general sin precedentes por la cercanía de la muerte que nos rondaba a todas y todos, ese dirigente aumentaba gratuita, caprichosa y cruelmente la cuota de agobio sufrida por cada español: y lo hacía con un intento de linchamiento de un Gobierno bisoño, pero legítimo, que pugnaba entonces con denuedo por dar solución sanitaria, social y humana a tan insólito reto, caracterizado por su descomunal envergadura.

La actitud del precitado no ha abochornado únicamente a quienes aceptan la legitimidad del primer Gobierno de coalición habido en España desde el comienzo de la democracia; también avergonzó a muchos de sus votantes que contemplaban tan abyecta actitud procedente del líder del mismo partido político que venía de una derrota electoral, tras protagonizar el episodio de corrupción más prolongado y letal de toda la historia de España: 900 de sus cargos imputados ante los jueces, entre otras causas por haber ganado reiteradas elecciones y sucesivos Gobiernos a costa del dinero de quienes se vieron privilegiados –o extorsionados- por los dirigentes de esa misma formación política.

La metástasis clientelar creada con aquellas prácticas contaba con una ristra de sentencias exculpatorias, así como con sintonías en algunos ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, amén de una trama parapolicial cómplice, incrustada en el corazón mismo del aparato de Estado. Desde todos estos frentes -que prosiguen en su intento de provocar lo más semejante a un suicidio estatal de España-, el proyecto de linchamiento siguió su curso: formaba parte de una vieja estratagema de la derecha más retrógrada que, cuando no gobierna, pugna por provocar un estado de excepción permanente en las filas de los Gobiernos de izquierda o centro-izquierda; y ello, con el artero propósito de que distraigan las energías necesarias para hacer frente a los retos en presencia mediante políticas cabales y sensatas, de manera que les resulte imposible cualquier tipo de gobernanza y caigan en el desconcierto y el descrédito.

Esquema fallido

Pero, en este caso, el esquema perseguido ha fallado: la excepcionalidad buscada no ha podido ser inducida por ningún petimetre devenido en líder de esa formación política y por los acólitos que le acompañaron en esa aventura a ninguna parte, como se ha demostrado. Y ello porque la excepcionalidad, aquí y ahora, la determinaba no una estratagema política premeditadamente artera como la suya, sino que obedecía al caprichoso dictado una pandemia vírica de inusitado alcance debido a la desenfrenada expansión de un microorganismo en mutación que ya ha segado 625.000 vidas en todo el mundo -más de 28.000 en España-, e infectado a más de 15.300.000 seres humanos. Por consiguiente, ese líder de la derecha no pudo capitalizar en clave propia tamaña felonía.

Desde presupuestos democráticos cabe afirmar que es función de toda oposición ejercer la crítica política. Sin duda, así es y ha de ser. Pero una cosa es la crítica a una decisión o decisiones determinadas de un Gobierno legítimo y otra bien distinta, la de incendiar la escena política sin propuesta alternativa alguna e inmediatas contrapropuestas a las decididas por el Gobierno, en una deriva desprovista de toda lógica, en sucesión alocada, guiada por la mera y mezquina maleovolencia, carente de toda disposición al diálogo, pese a las reiteradas ofertas que le fueron formuladas al respecto; y todo ello dentro de un esquema objetivamente golpista, sin otra intencionalidad visible ni opción política vertebrada, más que la de forzar el descarrilamiento de un Ejecutivo gubernamental ante un trance nacional sin precedentes, olvidando las consecuencias que en tal coyuntura de lucha anti-pandémica el logro de aquel propósito acarrearía a la nación entera en términos de sufrimiento, angustia y ruina.

La pluralidad del mensaje democrático exige el respeto a la diferencia. Obviamente, es sano y necesario que existan discrepancias políticas, incluso, admitámoslo, en situaciones de extrema gravedad. Pero el respeto a la diferencia política dentro del ámbito de la democracia tiene solo un límite: que lo discrepado haga posible la convivencia social, no que dinamite irresponsablemente ese coexistir como ha sido el caso, por la premeditada polarización y crispación así tan intencionadamente generada. El intento de forzar el descarrilamiento inducido de forma premeditada contra un Gobierno legítimo en plena eclosión pandémica cobra pues los perfiles de una práctica criminal, golpista. Práctica ésta que ha adquirido un contorno mucho más definido aún por la actitud seguida por ese mismo líder de la derecha para intentar impedir que Europa salga en defensa de España para afrontar, con fondos comunitarios, la reconstrucción de la maltratada estructura social y económica del país golpeada por el Covid 19.

Si aquella felonía adquiría tal silueta, la seguida en Europa por ese dirigente y sus acólitos, adulando a los Estados-Paraísos fiscales para forzarles a dañar a España, cobra tintes inquietantes de verdadera traición a los intereses nacionales. Ya no se ha tratado únicamente de una agresión criminal a un Gobierno legítimo, sino que más bien esa actitud ha escalado hasta el grado de una conducta antiestatal delictiva que frisa la sedición, porque atenta contra los intereses de las capas sociales y económicas concernidas o golpeadas por la pandemia, todas, señaladamente la clase obrera, cuya potencial sangría en pérdidas inmediatas de empleo e ingresos ha sido afortunada y convenientemente taponada con una serie de políticas sociales que abarcan desde los ERTES hasta el ingreso mínimo vital recién aprobado.

La clase obrera, en cuyos rangos figuran también votantes de la formación derechista, tiene derecho a exigir que ese dirigente abandone el papel dirigente al que ha sido aupado por quienes han querido –y logrado- convertirle en títere de sus impulsos suicidas, derrotados ahora por múltiples causas: el sentido común de la población; la sensatez estatal de la mayoría parlamentaria acorde con los intereses objetivos del Estado y la prudente, también audaz y sensata, política de Estado del primer Gobierno de coalición que llega al Ejecutivo en medio de una escena política sobremanera conflictiva, con frentes territoriales, institucionales, sociales y económicos aún abiertos.

Europa solidaria

Pero, destacadamente, la derrota de tan artera política derechista ha sido debida a una Europa sensata y solidaria, harta ya de los irresponsables devaneos de quienes han dejado de ser derecha democrática para convertirse, inconsciente o intencionadamente –no se sabe qué es peor- en heraldos del discurso que, a modo de aterrador ritornello, parece proponerse otra vez: precipitar a Europa en un caos semejante al que hace siete décadas preludió una efusión bélica de sangre a escala continental como nunca lo había sido a lo largo de la historia europea y cuyos letales efectos comprometieron al mundo en una segunda gran guerra.

Presumiblemente, la incompetencia moral y política seguirá guiando lo pasos de quienes así han procedido: veremos nuevos intentos de linchamiento antigubernamental surgidos del ámbito judicial, financiero, incluso de alguna alta magistratura y de todos aquellos anti-demócratas disfrazados con ropajes liberales y de otra guisa; pero, pese a sus atuendos, se muestran incapaces de entender que el juego democrático exige respetar las decisiones mayoritarias. Sin embargo, la derrota cosechada por ellos en España y en Europa forzará una nueva situación en la que, si a la derecha política española le queda un ápice de sensatez, como resulta deseable y parece probable, prescindirá de los que solo saben hacer recrecer, a base de odio, su propia incompetencia moral, su deslealtad política que, de proseguir, infestará todo el cuerpo de esta formación política que, convenientemente saneada, resulta imprescindible para la salud y la pluralidad democráticas del país.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.