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¿Un pacto de Estado contra la desinformación y la polarización? Sí por favor

No hay más que leer la definición que da la RAE a la voz onomatopéyica “zasca” para darse cuenta de la cultura política que sea instalado en España. Una praxis política ajena al sentido de estado cada día más cerca de los liderazgos adolescentes de corte tribal. Es grave y nada inocente.

Durante la crisis sanitaria del Covid-19 la sociedad parece haberse radicalizado. Curiosamente la radicalización política, permite la aplicación del modelo epidemiológico, donde los factores implicados en una epidemia pueden verse como un agente externo o patógeno, un anfitrión, un medio ambiente y un vector.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Criptológico Nacional han publicado informes y guías en las que se hace referencia a la existencia de campañas de desinformación animadas por países ajenos a la UE.

En el informe del DSN de 2019, se menciona la manipulación informativa con el ánimo de influir en los procesos sociales y políticos incluso en periodo electoral. De hecho, se habla de incremento de estas acciones, “de especial importancia son las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales”.

¿Estas campañas son rechazadas por el conjunto de la clase política? Parece razonable pensar que no y eso que, según el Departamento de Seguridad Nacional, “por su potencia de desestabilización política que pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas”.

De hecho, el jueves día 11 de junio, el presidente del gobierno firmó la nueva Directiva de Defensa Nacional 2020 en la que se pretende hacer frente a las estrategias hibridas para una adecuada integración de recursos con el fin, entre otros, de “incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad”.

El Centro Criptológico Nacional dice en su guía contra la desinformación, que estas campañas aprovechan las vulnerabilidades sociales ya existentes donde “los agentes responsables de emprender acciones de desinformación contra un Estado no inician sus acciones desde cero”. Es decir, primero se identifican las vulnerabilidades en un Estado para después “centrarse en aumentar y polarizas este debate.”

Instruir a la ciudadanía en identificar las acciones y herramientas de este tipo de campañas no es suficiente. Existe una colaboración activa y entusiasta de muchos ciudadanos, que no tienen problema alguno en deshumanizar y demonizar a parte de la ciudadanía aduciendo cuestiones ideológicas, bien vinculadas al territorio o a la dialéctica radical de izquierda-derecha. Y mientras la polarización, que no es si no pura radicalización.

Estos ciudadanos quizás sean un reflejo de toda una arquitectura de difusión de agresivas campañas donde la, exageración, la discriminación y la difamación por razones ideológicas sobrevuela de continuo. Esta arquitectura de la polarización política incluye desde nodos mediáticos a políticos sin escrúpulos que agitan a la turba digital, todo ello bajo una apariencia de espontaneidad. Detrás de este fenómeno, lamentablemente tan habitual, es probable que esconda la lógica de los social war rooms. De lo cual se deduce, que la acumulación de capital político a través de la polarización que comprenda el uso herramientas similares de las que se valen aquellos países cuya acción constituye lo que los expertos denominan como operaciones hibridas, bien pudiera constituirse como una acción que perjudica gravemente la salud de debate político y de las instituciones democráticas; eso sí, desde dentro.

Parece no solo razonable, si no necesario la firma de un pacto de Estado abierto a diversos agentes sociales contra el uso político de la polarización social. La colaboración activa de responsables políticos en este tipo de campañas bien pudiera ser objeto de investigación parlamentaria y la colaboración de algunos medios en este tipo acciones debiera de ser motivo para descartarlos como medios adecuados para la inserción de publicidad institucional. De hecho, recientemente se ha publicado la inserción de publicidad institucional por parte de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid en los espacios publicitarios de una plataforma mediática nacida a raíz del estado de alarma cuyo contenido bien pudiera considerarse polarizador. Un hecho reprobable. Y es que hemos de tener en cuenta que esta colaboración cortoplacista más o menos consciente afecta no solo a nuestra soberanía, también a la propia Unión Europea.

Desde la irrupción del terrorismo yihadista en Europa se han elaborado prácticamente en todos los países de la UE planes de prevención contra el terrorismo, la radicalización y el extremismo violento. Algunos de estos inciden en la polarización como ante sala de la radicalización, luego su uso partidista con el fin de obtener rédito político es un acto deplorable que debiera aparejar algún tipo de responsabilidad en el orden moral o político.

La elaboración y difusión de campañas como las anteriormente reseñadas no es delito, aun que bien pudiera encajar en alguno de los ilícitos recogidos en el código penal en este tiempo tan dado al eufemismo donde el concepto de amenaza hibrida esconde realidades mucho más sencillas. Un pacto de Estado contra la polarización social y su uso político en los límites anteriormente expuestos parece una necesidad amparada en una decisión estratégica tan simple como la de censurar y no colaborar con quienes pretenden socavar la legitimidad de nuestras instituciones nacionales y comunitarias.

Además del pacto de Estado, las medidas contra la difusión del extremismo debieran de venir acompañadas de propuestas legislativas que tengan en cuenta la actuación organizada de estas estructuras y sus responsables que, por su quehacer continuo, puedan ser consideradas como difusoras del extremismo, con la atribución de las responsabilidades en que pudieran incurrir.

Román Echaniz Carasusan es politólogo de formación, especializado en Seguridad Ciudadana y Política Anti Terrorista.