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Publicidad y transparencia de las contrataciones de emergencia por COVID-19


Los contratos de emergencia realizados por las administraciones públicas para combatir la pandemia COVID19 y atender las necesidades de la población, al margen de las problemáticas que han suscitado las carencias de equipos al inicio de la tragedia humana que ha provocado el coronavirus, tienen como objetivo suministrar equipos sanitarios de proteccion personal.

Hablamos de millones de mascarillas, PCRs, respiradores, kits para hacer los test, batas quirúrgicas, guantes, geles, ... Todos esos contratos se van publicando desde el día 21 de abril en la web del Portal de Transparencia del Gobierno.

Es preciso dejar claro que la inmediatez en las actuaciones que ampara la celebración de contratos mediante la tramitación de emergencia en un mercado internacional presionado y especulativo, lo es en base a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19.

En concreto, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, excluye la obligación de tramitar el expediente habitual de contratación y, por tanto, la necesidad de publicar el anuncio previo de licitación y otros trámites de dicho expediente.

Sin embargo, dicha LCSP no recoge especialidades para las contrataciones de emergencia en relación con el requisito de la publicidad de los actos de adjudicación y formalización de dichos contratos. Se deben publicar en el perfil de contratante del órgano de contratación, de acuerdo con el régimen de publicidad previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1 de esa Ley de Contratos del Sector Público.

Por razones elementales de transparencia y de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, el Gobierno es el primer interesado en respetar el acceso ciudadano a la información pública. En tal sentido, ya viene trasladando al conjunto de la sociedad los datos y evolución del contagio del coronavirus en España. Aunque es cierto que, en este caso, la publicidad pudiera limitarse a lo esencial teniendo en cuenta que no existe un procedimiento previo con los trámites habituales en la contratación.

En este sentido y según la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, cobran importancia en su publicación posterior en la Plataforma de Contratación, aspectos como la justificación del procedimiento de urgencia utilizado para la adjudicación, la mención del objeto y condiciones del contrato, el importe de la adjudicación y la identidad del contratista.

Cómo se puede ahora comprobar, frente a las acusaciones de opacidad de grupos de la oposición contra el Ministro de Sanidad, el Gobierno de coalición cumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (arts. 151 y 154) y el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Estos contratos, a efectos de poder ser objeto de conocimiento público y control parlamentario, son accesibles siguiendo en la web del Portal de Transparencia, los enlaces a Contratos de Urgencia/Emergencia y contratación del sector público por el Instituto Nacional Ingesa.

Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

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