Democratizar y cambiar el modelo de las redes sociales

Lo cierto es que estamos “voluntariamente en sus manos”; Musk pone el terreno de juego, las reglas que le convienen y el manejo de sesgos y algorítmicos que reparte según el perfil de las cuentas de “sus clientes” para hacer negocio y para conseguir que determinadas noticias se hagan virales. Lo más llamativo es comprobar, cada día, como también los grandes líderes demócratas del planeta priorizan las redes en internet para comunicar y dar sus exclusivas. Hablamos de unas herramientas en internet que están en manos de grandes empresas tecnológicas, ajenas a los valores éticos y los principios de una sociedad democrática.

Resulta evidente que ni Musk, uno de los principales donantes a la campaña electoral de Trump, ni las demás plataformas tecnológicas están dispuestas a hacer filantropía en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de los contenidos que intoxican las redes sociales, no comprometiéndose con el control y moderación de los contenidos ilegales y de las noticias falsas, una labor a la que ya están obligadas las redes digitales. Pero pasan de aplicar las Leyes y Directivas de la UE sobre Redes, Mercados, Servicios Digitales o Desinformación que recogen una regulación en defensa de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, el Estado de derecho, el honor de las personas o la protección de la infancia.

Las plataformas tecnológicas priorizan su soberanía digital sin aceptar condiciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas multinacionales siguen criterios y reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, alimentan un consumo enfermizo de sus servicios y hacen negocio con el big data por el poder que les da manejar datos personales e información a conveniencia.

De ahí la necesidad elemental de una regulación precisa de las redes, por parte de la Unión Europea y los Estados miembros, que sancione los contenidos ilegales, los discursos de incitación al odio y la violencia, la desestabilización de un país y la práctica de las fake news, así como la estrategia de la desinformación viral por parte de quienes ocupan las redes y actúan desde el ciberpopulismo o el tecnofascismo. En la actualidad, las redes se han convertido en poderosos sectores estratégicos que amenazan el sistema democrático.

Todos los espacios accesibles al público en internet son propiedad de cinco macroempresas tecnológicas con un posicionamiento ideológico en muchos casos trumpista. En los tiempos convulsos que vivimos tienen el control y el uso de la comunicación en sus manos para hacer un gran negocio con la publicidad online y para dar forma a la opinión pública. Aprovechan el poder que da la propiedad de las redes sociales para sembrar incertidumbres, miedo y colonizar al electorado. Este escenario nos ha de empujar a los demócratas a reflexionar también sobre cómo promover la idea de unas redes sociales alternativas al actual modelo, que aporten confianza digital, funcionen con criterios de responsabilidad ética y cumplan la regulación existente.

Lo que planteo no es una quimera ni un ejercicio de voluntarismo. Necesitamos que se desarrolle un proceso para democratizar el sistema de redes sociales de modo que no esté presidido por la doctrina y visión neoliberales sino que persiga el interés general de la ciudadanía. Puede incluso plantearse, en competencia con las empresas privadas, la creación de un modelo de red social pública de escala europea configurada como servicio público que funcione con criterios de ética democrática y esté gestionado por un órgano independiente de la UE. Un modelo que nazca gracias a una alianza entre entidades, empresas y otros sectores con vocación pública.

La sociedad necesita unas redes sociales que no sirvan a los intereses privados de las empresas ni a los intereses partidistas de ningún gobierno. De igual manera que también precisa unos medios de comunicación públicos sometidos a un control democrático que garantice rigor, independencia y respeto al pluralismo. Unos medios informativos públicos que han de ser gestionados por un organismo realmente independiente del gobierno de turno y de los poderes económicos. A los medios públicos de comunicación hay que exigirles credibilidad e imparcialidad así como transparencia en su financiación y mecanismos para el acceso de los lectores a la verificación de las noticias en tiempo real antes de difundirlas en las redes. Buena parte de esas exigencias se han establecido este año por ley del Europarlamento, también para los medios de comunicación privados.

Los poderes públicos parecen no ser conscientes de la vital importancia que tiene contar con medios de comunicación, en especial los públicos, que sean creíbles, veraces, plurales, transparentes, profesionales ... y atractivos. Es la única manera de recuperar audiencia, especialmente joven, y evitar que un sector de la población, cada vez más amplio, caiga en la dependencia de la burbuja informativa de las variadas redes sociales. Las grandes empresas tecnológicas, con el impacto de los algoritmos que utilizan, tienen un poder y atractivo social enorme, dominan miles de millones de interacciones privadas, contaminan la opinión pública y afectan a la confianza en las instituciones democráticas.

En el caso de las redes sociales, los Estados han de garantizar a la ciudadanía un instrumento en el ciberespacio para poder comunicar, debatir e intercambiar opiniones que no estén sometidas a las conveniencias del negocio privado ni a oscuros intereses políticos ni soportar las provocaciones, injurias, bulos y amenazas de cuentas anónimas o de bots. Cierto que es un objetivo difícil -no imposible- propio del ámbito y las competencias de la UE. Por ello, en el Congreso de España y en el Parlamento Europeo, los grupos políticos democráticos tendrían que avanzar en propuestas consensuadas con la voluntad política clara de transformar el actual modelo de negocio de las redes en favor de unas redes sociales alternativas que recuperen la vocación inicial de redes abiertas, con las instancias de la UE en un papel regulador.

Además del reto de dar respuesta a la crisis climática y a crisis de las migraciones, los poderes democráticos del planeta tendrán que afrontar este complejo reto: una regulación eficaz en el ámbito de la IA y las redes sociales. Hoy, están todas en manos de grupos privados de ideología neoliberal que promueven discursos populistas, la distopía y la posverdad. Si no actuamos, los enemigos de la democracia tienen todas las de ganar.