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Una apuesta por una farmacéutica pública

Leo, escucho, veo noticias, igual que usted (bueno, seguramente más porque es mi trabajo), sobre el dichoso coronavirus. Un contador incesante que nos avisa de cómo va en aumento el contagio. Y mientras tanto, las voces más respetadas y respetables, responsables médicos, responsables políticos, que nos dicen que no nos preocupemos, que tranquilos.

Nos dicen que es un virus que afecta a personas que pudieran estar delicadas previamente. O sea, como una gripe, como una neumonía: que si te pilla delicado, se te complica todo mucho más.

Recuerdo el apocalipsis de la gripe A. íbamos a morir todos. No había vacunas, y después se pagaron millones de dinero público para comprar no sé cuántos cientos de miles, que…. bueno, voy a ser exacta porque el tema lo requiere. España compró 37 millones de vacunas a finales del verano de 2009. La intención era vacunar al 49% de la población y tener reservas para inmunizar al 20%. Porque estábamos todos muertos de miedo con las cifras que nos daba la OMS como vaticinio. Se decía entonces que harían falta dos vacunas.

Vamos a recordar aquello para ver si entendemos mejor de qué van estas cosas: las vacunas que no se usaron, fueron a la basura. No servían para el año siguiente. La decisión de la compra de vacunas fue del Ministerio de Sanidad y las dosis se adquirieron a las farmacéuticas Glaxosmithkline (GSK), Novartis y Sanofi Pasteur. El fármaco costó, aproximadamente entre 10 y 15 euros por dosis, según decía la Ser en su día. (Los vecinos franceses todavía tiraron más la casa por la ventana, pues compraron 90 millones de vacunas).

Sí, echemos cuentas: si se compraron 37 millones de vacunas, a -pongamos término medio de 12,5 euros- equivaldría a unos cuantos millones de euros para las farmacéuticas. Después del verano, en septiembre, la OMS dijo que el virus había mutado y que las vacunas probablemente ya no servirían. ¡ups!

El día antes de terminar la campaña de vacunación algunos medios explicaban que, por ejemplo en Navarra solamente se pudieron poner un tercio de las que tenían previstas. Las demás, a tirar.

En agosto de 2010 se dio por terminada la pandemia. En ese momento ya se publicaba que “los mismos gobiernos que se pelearon por hacer acopio de vacunas, se deshacen de unos excedentes que ya no sirven”. Esto lo vamos a traducir en 6 millones de dosis que costaron, según se dijo en el momento, 42 millones de euros. No encajan las cifras, es cierto. Porque si cada dosis costaba entre 10 y 15 euros, se habría tirado a la basura el doble prácticamente de dinero. El caso es que de las 37 millones de vacunas que se compraron, se pusieron 3 millones. Porque solamente fueron tres millones de españoles a vacunarse.

En agosto, el responsable en la materia, era entrevistado. Decía que “en invierno circularán otros virus de la gripe y debemos proteger a la población”, y hacía referencia al hecho de que se estaban ya haciendo nuevas vacunas trivalentes que incorporaban el virus de la gripeA. En ese momento “se dieron cuenta” de que no merecía la pena utilizar las vacunas que habían sobrado, porque “generarían un exceso de trabajo al personal sanitario y la vacuna más eficaz incluye las tres cepas juntas. El resto de países están en la misma situación. Todos comprarán una nueva vacuna de la gripe y tendrán que destruir los sobrantes de la gripe pandemica”. Chim pon (esto del chim pon no es de Martínez Olmos, es mío al leerle).

Algunos datos que siempre viene bien tener a modo de ejemplo: Maria Isabel Barreiro, que fue la jefa de gabinete de Güemes cuando era Consejero de Gobierno de Esperanza Aguirre en Sanidad, ha sido directora autonómica en Madrid de asuntos sanitarios en Glaxosmithkline. Es la mujer de José Manuel García Margallo.

Novartis se ha visto salpicada por presunta corrupción de dos ex primeros ministros y ocho ministros: sobornos, desfalcos y lavado de dinero fueron los delitos en los que la firma se vio acusada durante el periodo de 2006 a 2015 por promover desde el gobierno los productos de la firma.

De Sanofi Pasteur lo más reciente que se conoce es que se acaba de asociar con BARDA para conseguir la vacuna del coronavirus. Pero también ha ocupado titulares por el escándalo Dengvaxia, una vacuna contra el dengue que se aplicó en escuelas durante los años 2016 y 2017 que se ha vinculado con la muerte de varios menores en Filipinas. La compañía tuvo que admitir en 2017 que la vacuna tenía efectos adversos y que las personas vacunadas que contrajeran dengue por primera vez sufrirían “síntomas mucho más adversos”. Se puso más de un millón de vacunas, entre ellos a 830.000 niños, en muchos casos sin consentimiento de sus padres. El gobierno tuvo que paralizar su uso después de que la compañía reconociera los efectos adversos de la misma. Este programa de vacunación costó 75 millones de dólares al Estado y además ha supuesto que el gobierno de ese momento se sentase en el banquillo acusado por homicidio imprudente de 13 muertes que se relacionaron directamente con estas vacunas. Pero la Fiscalía General en un informe apuntaba a más de un centenar de casos.

No soy antivacunas, no se vayan ustedes a confundir. Que ya me conozco el soniquete. Lo que no me gusta es que nos generen un estado de alerta, para condicionarnos una supuesta necesidad, que abone el terreno para amasar millones que van a parar a manos de industria farmacéutica.

No me quiero extender, porque este artículo pretendía ser breve, informativo y sencillamente para dar mi opinión. Y mi opinión es que habría que invertir en la creación de una industria farmacéutica de carácter público, con patentes públicas, que genere la medicación que la población necesita, que se someta a controles exhaustivos y que nadie pueda enriquecerse a base de generar alertas, miedo, o incluso poner en riesgo nuestra salud en lugar de garantizarla. Como pienso que todo el mundo debería tener garantizada una vacuna si la necesita, como pienso que con eso no se debería especular, sí: apuesto por la creación de una empresa farmacéutica pública. Que se invierta en investigación y que entre todos garanticemos que con dinero público se suministrarán los medicamentos necesarios. Cada cual que saque sus conclusiones.

Abogada.