Desahucios

Esta sí es una noticia terrible porque ha afectado a tantas personas de este país, y de la que ya poco se habla, y antes solamente se hacía cuando se producían altercados al ejecutarse un desahucio o si producía un suicidio, tratando el asunto más como una cuestión de la sección de sucesos que como un problema gravísimo porque en este país, con los precios de las viviendas y de los alquileres, además de por el proceloso mundo de las hipotecas, no se está garantizando un derecho fundamental, el de la vivienda. Nunca está de más recordar que el artículo 47 de la Constitución española dice lo siguiente:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

No se ha garantizado este derecho a un millón de unidades familiares, por lo tanto, no se está cumpliendo, y solamente se han establecido medidas paliativas y prórrogas, sin adoptar una política clara, ya no sólo de promoción de vivienda y alquileres públicos, sino de cuestionar en alguna medida, algo que es intocable, la propiedad privada, pilar de nuestro sistema económico. No estamos pidiendo el establecimiento de un sistema comunista, ni mucho menos, porque, además, el acceso de la vivienda también tiene que ver con unos salarios bajísimos y unos empleos precarios, que impiden acceder a la vivienda a tantos y tantas.

No soy economista, soy historiador, y por eso, en una tentación radical ante una realidad tan vergonzosa, recuerdo un artículo de otra Constitución, allá en aquellos tiempos de esperanza que, entre otras cosas, establecía lo siguiente:

“Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.  

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada…”

Leyendo noticias así uno no puede de recordar que no hemos venido a este mundo para trabajar jornadas interminables en el intento de tener un techo, y ni tan siquiera eso ya es plausible para tantos ciudadanos. Al menos, si no llegamos a este cuestionamiento del principio sagrado de la propiedad, aunque sigo sin entender que se permita la especulación con las viviendas, al menos esperemos que el nuevo Gobierno atienda la batería de medidas que la PAH ha planteado, como hemos podido leer en estos días. No cuestionemos la propiedad, abandonemos la tentación revolucionaria, pero tampoco aceptemos parches, ni que se mire para otro lado, para que cada uno aguante como pueda. Las izquierdas tienen una gran responsabilidad en esta materia. No pueden defraudar a estas familias y a otras nuevas que puedan verse en esta verdadera tragedia.