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La Ley de Amnistía: el clavo ardiendo de los franquistas

Decía Jaime Sartorius en un artículo publicado en 2010 en El País que “al llegar la democracia, y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación, la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas”.

Su artículo, muy interesante, continúa señalando que “se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado”.

En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía. A través de ella, concretamente en su artículo 1, se estableció una amnistía general a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”.

En su artículo 2 especifica que “En todo caso están comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

Votos a favor de la Ley de Amnistía en 1977

¿Cómo se aprobó esta ley en su momento? Con los votos de UCD, PSOE, PCE, nacionalistas catalanes y vascos. Parece hoy increíble, pero en su día, el Partido Comunista explicó que esta ley permitiría avanzar hacia la libertad, la paz y el progreso. Fue Marcelino Camacho quien lo dijo.

Pero no todos estaban de acuerdo. El diputado de Alianza Popular, Antonio Carro, dijo en aquel momento que “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”.

Tiempo después, desde las filas del PSOE, figuras como la de Ramón Jaúregui han defendido esta ley, señalando que “fue necesaria” y que el PSOE no consideraba que fuera conveniente revertirla. Fue así como no hace mucho tiempo, PP, PSOE y Ciu se pusieron de acuerdo para rechazar la propuesta de reforma que abría la puerta a la investigación judicial del franquismo en los tribunales españoles.

Quizás en aquel momento la situación hiciera necesario plantearlo de este modo. Seguramente así fuese. Pero cuarenta años después hemos podido comprobar que lo que en esos días eran buenas intenciones esperando que de esa manera quedasen enterrados para siempre los terribles actos cometidos, hoy siguen estando a la orden del día. A pesar de que muchos de los abusos que se están ejerciendo por parte de algunos, siguen actuando sabiendo que son impunes en la mayoría de los casos. A pesar de que la legalidad vigente no permite hacer lo que en muchos casos se hace.

Pero no todos estaban de acuerdo. El diputado de Alianza Popular, Antonio Carro, dijo en aquel momento que “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”.

Salvoconducto para los intocables

Hoy podemos decir que esa Ley de Amnistía sirvió para que muchos culpables de auténticas aberraciones, en lugar de ser juzgados y sentenciados, fueran ascendidos y laureados durante todas sus carreras profesionales. Hablamos de civiles, miembros de gobiernos, fuerzas policiales y militares que han mantenido estatus privilegiados durante los últimos cuarenta años. Nadie les ha pedido cuentas y en ningún momento han sido juzgados, puesto que la Ley de Amnistía hizo un auténtico borrón, una puesta a cero en el contador.

Pero no solamente sirvió para esto, sino también para cerrar a cal y canto la manera de poder hacer justicia con lo que ocurrió en este país en 1936. Un golpe de Estado al que después siguió una terrible dictadura que no ha habido manera de juzgar.

A pesar de que la Ley de Amnistía pretendía eliminar cualquier rastro de cualquier crimen, el ordenamiento jurídico prevé que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. No se borran jamás. Por mucha ley de Amnistía que aparezcan. Y así fue como el juzgado 49 de Madrid admitió a trámite la querella que Miguel Angel Gómez Álvarez presentó contra “Billy el niño” y cuatro torturadores más.

Precisamente la jueza entiende que estamos ante un caso de lesa humanidad. Y aquí va a ser difícil parapetarse en regalías, y leyes de Amnistía.

Sin embargo planteará un debate intenso: ¿puede entonces revisarse ahora lo que la ley pretendía tapar? No sólo puede. Sino que debe. Mientras sigan existiendo denuncias por torturas en las detenciones; procesos llenos de pruebas adulteradas, falseadas; abusos de autoridad y una total impunidad por parte de algunos miembros del poder de este país, es necesario señalar que aquella ley no sirvió para lo que dijeron que venía: esto es, cerrar una etapa pasada y garantizar que aquello que tapaba no volvería a suceder. No. Lo que ha supuesto la Ley de Amnistía ha sido el salvoconducto para que algunos limpien su expediente y puedan seguir haciendo más o menos lo mismo con mayor disimulo, pero igual de impunes. Y esto no se puede consentir en un país que dice ser una Democracia.

Sartorius en su artículo al inicio citado, hace una reflexión muy acertada, en mi opinión: “No se entienden las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos”. Sin embargo, en su opinión, Sartorius se olvida de lo que establece el artículo 2 de la ley, que es precisamente la puerta de atrás por la que entran para aferrarse a esta ley los que cometieron abusos desde la policía y las fuerzas militares.

Amnistía Internacional recuerda que esto no puede proteger los crímenes del Franquismo

Precisamente Amnistía Internacional ha recordado que, según el derecho internacional, no pueden incluirse en el perdón de la ley del 77 delitos como la desaparición forzada o la tortura. Y la organización lleva años denunciando cómo desde los distintos poderes (tanto legislativo, ejecutivo y judicial) se ha bloqueado el paso para que la legislación española trabaje de manera alineada como los compromisos internacionales en lo que a las víctimas del franquismo y la conocida como guerra civil se refieren.

Con motivo del cumplimiento de 40 años de la Ley de Amnistía, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, señaló que “En estos 40 años ningún poder, ningún Gobierno, ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación”.

La Ley de Amnistía, contraria a los acuerdos internacionales que España ha firmado

En el mes de abril del mismo año 1977, mese antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este pacto se señala que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional.

Precisamente, desde el año 2013, han sido al menos 5 los mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales. Y así lo recuerda también Amnistía Internacional España.

Bloqueos invocando la Ley de Amnistía

Desde AIE han apuntado algunos obstáculos a la verdad, justicia y reparación sobre la base de la Ley de Amnistía:

1.- El Poder ejecutivo ante los mecanismos de Naciones Unidas, ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la imposibilidad de investigar los crímenes del pasado.

2.- Desde el ámbito legislativo, el 19 de julio de 2011 se rechazó por mayoría absoluta para modificar la Ley de Amnistía.

3.- La Comisión de Justicia del Congreso rechazó una Proposición No de Ley que instaba a la modificación de la Ley de Amnistía para poder establecer que no se aplicase a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como establece la normativa internacional. Esto ocurrió en diciembre de 2016

4.- La ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no ha sido impulsada desde el Parlamento.

5.- La Audiencia Nacional, en noviembre de 2008 se inhibió de conocer la querella presentada dos años antes por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (un asunto que denunciaba 114.226 casos de violaciones de derechos humanos).

6.- El Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para que España no pudiera abrir investigaciones judiciales en el llamado “Caso Garzón” en febrero de 2012.

7.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes durante la guerra civil y el franquismo.

Martín Villa deja en evidencia a los que se parapetan en la Ley de Amnistía

En 2014, Martín Villa mostró su voluntad de declarar ante la justicia argentina, diciendo que él no iba a “parapetarse” tras la protección de la Ley de Amnistía. Posteriormente, en 2015, tras rechazarse la extradición y la comisión rogatoria, envió a Servini un acta notarial con aclaraciones sobre su situación y su papel en los sucesos de Vitoria (según informó El País). Y la última vez fue en 2017, donde envió una carta personal a la magistrada en la que reiteraba su voluntad de declarar.

Precisamente en este año, 2017, la justicia argentina obligó a revisar la imputación contra el exministro español por la muerte de los cinco obreros en Vitoria en 1976, dejando sin efecto la orden de detención internacional.

El próximo 1 de mayo se presentará la película que precisamente cuenta lo sucedido aquel 3 de marzo de 1976. Según el auto del 7 de junio de 2017, la juez argentina Servini, señalaba que lo sucedido en aquel momento fue un “plan sistematico, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes lelvado a cabo por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

Será un buen momento, la presentación de esta película, para que todos podamos conocer todo aquello que ha estado 40 años oculto y silenciado.

Abogada.