Las políticas de la exclusión y los gobiernos "títere"

El beneficio, entonces, no sólo es inequitativo por la distribución de la riqueza producida. También lo es porque no se recompensa al talento. Véanse los casos de Cifuentes y Casado, que no son más que la muestra de la mediocridad de los agentes del modelo, en éste tampoco se recompensa al esfuerzo. De allí, que el modelo necesite cómplices necesarios para custodiar y reprimir cualquier manifestación de rechazo a tales condiciones. Para eso están los representantes de las corporaciones, lobbistas al fin, que son “colocados” en lo alto de las instituciones para preservar al statu quo necesario para medrar. Los "títeres". Luego regresarán a las puertas giratorias, sin el menor complejo, pero con gestos del máximo patriotismo carente de la menor moralidad. Dicho esto, porque el modelo produce víctimas, en razón de que uno de sus requisitos es el desmantelamiento de una legalidad basada en la protección de los individuos en lugar de la salvaguarda de las cuentas de resultado de las corporaciones.

Tal vez por ello, es para pensarlo, una de las primeras medidas de estos gobiernos “títere” sea eliminar todos los mecanismos de regulación e instituciones concebidas para ello, bajo la falsa enunciación de principios del libre mercado. La creación de una legalidad "a medida" es indispensable para su ejecución. Así mantienen la Reforma Laboral, la Ley Mordaza y la opacidad de los organismos de control de la competencia, financieros y armamentísticos.

Este empresariado español es poco competitivo en relación a las principales economías de la OCDE. Todo apunta a que si no juega con las cartas marcadas de las tramas, es incapaz de expandir la riqueza de este país. Así lo da a conocer el World Competitiveness Ranking que, aunque no agrada especialmente a este analista, es el índice más referido a la hora de medir la competitividad de los países y las empresas. En su informe de 2018 la economía española ha descendido dos puestos respecto al año anterior debido a la inflación, la financiación de las pensiones (directamente vinculada a la precarización de los salarios y del trabajo), la intensidad energética y la balanza por cuenta corriente. En el año 2007, España marcó su mejor registro en el ranking al alcanzar el puesto 30, en 2013 bajó hasta el 45 y cuando parecía que volvía a recuperar posiciones al reafirmarse en el número 34 por dos años consecutivos ha vuelto a descender. Primeros de la clasificación aparecen Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Holanda y Suiza. Entre los diez primeros también figura Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Suecia y Canadá. Alemania por su parte ha bajado dos puestos hasta colocarse décimo quinta, Reino Unido es vigésimo, Francia ha pasado de ocupar el número 31 al 28 e Italia se queda en el 42.

El estudio analiza cuatro áreas principales: resultados económicos, eficiencia del Gobierno, eficiencia empresarial e Infraestructuras. La mejor posición es la anotada en infraestructuras y la peor en eficiencia empresarial. Sobre resultados económicos, en donde España ha subido cuatro posiciones, destaca la mejora en la formación bruta de capital fijo y el descenso del paro. Sin embargo, ha empeorado la inflación y la balanza por cuenta corriente respecto a 2017. En este mismo apartado, el WCR señala como fortalezas de la economía nacional la exportación, la inversión directa en el exterior y la inversión extranjera en España. Nada dice sobre el empobrecimiento de vastos sectores de la población.

En cuanto a la eficiencia del sector público, en España as finanzas públicas se quedan a la cola, son las 52 de 63, la política fiscal está en el puesto 45 y solo parece salvarse el marco social, que asciende al puesto 19. Para los dirigentes empresarios: la eficiencia empresarial, que es la que peor nota obtiene de las cuatro áreas, queda lastrada por la falta de atracción y retención de talentos, formación laboral, transformación digital y emprendimiento. En el lado positivo aparece la cualificación de los trabajadores, la productividad y la salud de las grandes empresas españolas.

En definitiva, el modelo cumplió sus objetivos. Pero pareciera que la sociedad española ha fracasado con la colaboración necesaria de gobiernos títere. Pedro Sánchez aún tiene la oportunidad de desmentirme.