¿Quién incumple la constitución?

La imaginación argumental del Partido Popular para justificar lo injustificable es cada vez más creativa, pero hay que volver a señalar las cosas como son. ¿Quién incumple en España la Constitución?

EN PRIMER LUGAR, INCUMPLE LA CONSTITUCIÓN EL PARTIDO POPULAR. Elegir y renovar los órganos constitucionales es una obligación que impone la Constitución para el pleno funcionamiento de ésta, pero el Partido Popular lleva cuatro años impidiendo la renovación del CGPJ para impedir que en el nuevo Consejo pierda el control la derecha judicial.

EN SEGUNDO LUGAR, INCUMPLEN LA CONSTITUCÓN LOS OCHO VOCALES CONSERVADORES DEL CJPJ QUE NO PERMITEN QUE ÉSTE PROPONGA AL REY EL NOMBRAMIENTO DE DOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Los miembros de los órganos constitucionales han de ejercitar las atribuciones que la Constitución señala a éstos. Pero los vocales del CGPJ de extracción conservadora no acceden a que se vote la propuesta de dos Magistrados del Tribunal Constitucional con la esperanza de que la propuesta paralela que ha formulado el Gobierno no sea admitida por el propio Tribunal. Lo más grave es que quienes incumplen esta obligación constitucional son Magistrados de carrera que antes o después se sentarán en un Juzgado o en un Tribunal y ¿cómo pueden juzgar quienes antes han incumplido la Ley?

EN TERCER LUGAR, INCUMPLE LA CONSTITUCIÓN EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE NO DA POSESIÓN A LOS MAGISTRADOS QUE EL GOBIERNO HA PROPUESTO AL REY. Desde 1980 cada vez que el Gobierno ha ejercitado su facultad constitucional de proponer al Rey el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, éste se reunía de inmediato para confirmar que poseen las cualidades exigidas por la Ley. El Consejo de Ministros propuso dos nombres el 29 de noviembre que se publicaron en el BOE. ¿Por qué el Presidente del Tribunal Constitucional no convocó Pleno el 1 de diciembre? Por el argumento falaz de que el CGPJ no ha hecho la propuesta paralela. Pero ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está dicho que si un órgano constitucional incumple sus obligaciones pueda condicionar, nada menos, al otro órgano constitucional que dispone de su autonomía.

Por consiguiente, al día de hoy, el Partido Popular, los Vocales conservadores del CGPJ y el Presidente del Tribunal Constitucional están incumpliendo la Constitución con el fin de no perder la mayoría conservadora de ambos órganos. Así de sencillo. Y no sólo incumplen preceptos concretos de la Constitución, sino que también vulneran el principio democrático que garantiza el pluralismo y la alternancia en los órganos constitucionales. ¿Por qué puede haber alternancia en el Gobierno y cambiar las mayorías en la Cortes y no puede haber alternancia en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional?

La opinión pública progresista de este país ya está harta de las trampas de la derecha. No quiere tener un Tribunal Constitucional trumpista ni un CGPJ al servicio de las asociaciones judiciales. Por eso ya se pide al Gobierno y a los partidos que lo forman que ponga fin a esta situación, en la medida en que sea constitucionalmente posible.

A este respecto, los Grupos Parlamentarios que en julio presentaron una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional pecaron de ingenuos y de falta de visión jurídica, porque aquella no dejaba claro que Gobierno y CGPJ pueden formular sus propuestas sin estar condicionados mutuamente, lo que había que especificarlo, no en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ha llegado el momento de actuar con rapidez y por ello parece necesaria una proposición de ley de lectura única que modifique el artículo 16.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para establecer que cuando corresponda renovar al tercio de Magistrados propuestos por el Gobierno y por Consejo General del Poder Judicial, cada uno de estos dos órganos elevará al Rey sus propuestas antes de finalizar el término de nueve años de las anteriores, sin aguardar las que pueda elevar el otro órgano.

Además, visto el uso que el Presidente del Tribunal Constitucional está haciendo de la inocua facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrados [artículo 10.1.i) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional], la proposición de ley debería derogar esa letra que es una extravagancia en el mejor de los casos y un instrumento para defraudar la voluntad de los órganos proponentes en el peor de los casos como ocurre actualmente.

Si no se actúa con rapidez, la crisis se le va a ir de las manos a la izquierda progresista y la derecha judicial y política se apoderará de forma definitiva del Tribunal Constitucional y del CGPJ.