Tras el primer contacto con el presidente Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular, comentó que tomarían más en serio la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial si el actual gobierno de Sánchez aceptase una rebaja general de impuestos.

En marzo de 2022 el Índice de Precios de Consumo aumentó en un 3% sobre el mes precedente y en un 9,8% sobre el mismo mes del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la electricidad, carburantes y combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los componentes del índice con crecimientos mayores en el mes citado. En el mismo mes el aumento de los precios de consumo en los países de la Eurozona ascendió al 7,5%, dentro de los cuales el precio de la energía explicó más del 44,1% del aumento de dicho indicador.

En las previsiones del Fondo Monetario Internacional de febrero de 2022, dicho organismo señalaba que las perspectivas económicas se habían debilitado al inicio de 2022. El Fondo preveía en febrero de 2022 una desaceleración del crecimiento del PIB desde el 5,9% en 2021 hasta el 4,4% en 2022. Dicho crecimiento sería del 3,9% en 2022 en los países desarrollados. Tales previsiones para 2022-23 eran inferiores a las realizadas en octubre de 2021.

Se va a iniciar en el Congreso de los Diputados la tramitación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Dicha tramitación puede ser de interés, a la vista de la notable oposición contra el proyecto manifestada por varios grupos parlamentarios, en especial los del espectro político conservador. También existen diferencias sobre el contenido del proyecto de Ley en los dos partidos que integran el gobierno de coalición. La tramitación va a tener lugar en un momento en el que se ha comprobado que el mercado de vivienda ha resistido bien la contracción económica que supuso la extensión de la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2021.Se echa en falta una mayor disponibilidad de estadísticas del mercado de vivienda, sobre todo al tratarse de un mercado con una fuerte incidencia sobre la evolución de la economía española.

El lunes 21 de febrero las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC firmaron la actualización del protocolo destinado a fomentar la inclusión financiera de todos los ciudadanos en general, especialmente los mayores. El protocolo inicial, firmado el 23 de julio de 2021, no parece haber tenido amplias consecuencias positivas. Después de esa fecha, un ciudadano de 78 años, Carlos San Juan, ha podido recoger más de 600.000 firmas de apoyo a un texto extremadamente crítico con el comportamiento de loa bancos españoles con los clientes bancarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE 2022), por segundo año consecutivo, el conjunto de partidas relativas a Vivienda, gasto público y desgravaciones fiscales, presenta un crecimiento significativo sobre los Presupuestos del año anterior. Una parte de los gastos previstos se va a financiar con recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El crecimiento de 2022 se concentra en las partidas de gasto público directo o de ayudas a la construcción y rehabilitación de viviendas. Las partidas de gasto superan, por primera vez en mucho tiempo, la cuantía de las ayudas fiscales, circunstancia que no se producía desde hace bastante tiempo. 

Ante la relativa firmeza de la demanda de vivienda durante los peores momentos de la pandemia en 2020, era de esperar que la recuperación de la economía española en 2021 podría contribuir a reforzar dicha demanda. Factores tales como la nula rentabilidad de los depósitos bancarios, el deseo de vivir en lugares más despejados y en viviendas con mayor superficie, la presencia de fondos de inversión inmobiliarios que aportan liquidez al mercado de vivienda y unas condiciones de financiación inmobiliaria muy favorables, han generado un contexto favorable a la demanda de vivienda en 2021.

Las declaraciones económicas más utilizadas por los políticos suelen descansar en supuestos que nunca se cumplen en la realidad. Es frecuente escuchar a los políticos afirmaciones económicas que son absolutas falacias. Los juicios de valor que se esconden detrás de las proposiciones económicas pretenden mantener la presente situación de amplia desigualdad de renta y de riqueza entre los ciudadanos. La economía que se enseña en las Facultades de Ciencias Económicas incluye abundantes proposiciones normativas (lo que debe ser), mientras que en las proposiciones positivas escasean los contrastes de la teoría con lo que sucede en la realidad.

El rebrote mundial de la inflación no ha tenido la misma intensidad en los diferentes países. Las causas de la mayor inflación son generales, pero las reacciones ante la inflación están siendo desiguales. El papel desempeñado por los bancos centrales ha resultado decisivo, en especial en el periodo de año y medio en el que la pandemia ejerció un serio impacto deflacionista sobre la economía mundial. El nuevo papel asumido por los bancos centrales contrasta de forma sustancial con el que tuvieron durante la etapa de la “gran moderación”. De celosos guardianes de la inflación han pasado a ocupar el terreno de la política fiscal, suscitándose serias dudas respecto de la duración del periodo presente de acusado protagonismo de los mismos en la política económica.

Después de registrar una intensidad reducida en el periodo comprendido entre 2013 y 2020, la inflación ha reaparecido en España en 2021, de forma semejante a lo que está sucediendo en numerosos países del mundo. Se trata en principio de una inflación de costes asociados con la salida de la pandemia de Covid-19. Los mayores costes se están trasladando de forma rápida a los precios de consumo, favorecidos por la presencia de una demanda reactivada, que también resulta estimulada por las expansivas políticas monetarias de los bancos centrales. El debate sobre el carácter transitorio o permanente de la mayor inflación genera abundantes incertidumbres, por la posible incidencia que sobre la política monetaria puede tener una inflación prolongada.

Los dos partidos integrantes de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, cerraron el pasado martes 5 de octubre de 2021 un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y sobre la Ley de Vivienda. Se han divulgado aspectos destacados de la futura ley, como la posibilidad de introducir un control de precios en el caso de grandes propietarios de viviendas, la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a la construcción de viviendas protegidas y la creación de un bono de 250 euros mensuales para facilitar el acceso a la vivienda. La norma citada será la primera ley de vivienda del periodo democrático de gobierno posterior a 1977. Pero una ley de derecho a la vivienda es ante todo una promesa de política de vivienda. Dicha promesa deberá de materializarse en actuaciones específicas.

Los aumentos de precios de las viviendas no se atenuaron con motivo de la pandemia en 2020. Los aumentos mayores fueron los de Estados Unidos, donde en mayo de 2021 el aumento interanual fue el 23,1%. En Europa el crecimiento interanual fue el 5,7% en el último trimestre de 2020. Mientras que el mundo atravesó por una intensa recesión en el pasado ejercicio como consecuencia de la pandemia de Covid-19, los precios de las viviendas crecieron como no lo habían hecho en mucho tiempo. La colocación del importante volumen de ahorro generado durante los confinamientos de la pandemia parece ser el principal factor explicativo de dicha evolución.

En el documento de prospectiva ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’, publicado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, no hay un capítulo específico sobre vivienda, pero ésta es objeto de tratamiento en varios apartados del mismo. La vivienda se incluye entre las actuaciones destinadas a lograr un desarrollo territorial equilibrado. También se la considera como un instrumento que puede reducir las desigualdades existentes en la población española. Tales desigualdades habrían aumentado como consecuencia de la crisis financiera y de la deuda, que se extendió entre 2008 y 2013, y después por la fuerte recesión provocada por la pandemia de 2020-21, que afectó de forma desigual a los precios de los inmuebles.

El INE ha publicado en abril de 2021 los resultados anuales de la Encuesta Continua de Hogares correspondientes a 2020. La Encuesta citada permite disponer de información sobre el número de hogares y su evolución durante el periodo comprendido entre 2013 y 2020. La elevada edad de emancipación de los jóvenes y el notable peso de la vivienda en alquiler entre la población extranjera son algunos de los resultados de más interés.