El protocolo actualizado contra la exclusión financiera

La exclusión financiera se ha extendido por toda España, pues afecta a las generaciones de más edad, a más de la mitad de los municipios del todo el Estado y a millones de clientes de servicios bancarios

La fuerte concentración bancaria producida en España en los últimos años puede generar problemas de exclusión financiera. Cinco bancos concentran el 70% de los activos bancarios (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja). En 2008 había 45.600 oficinas bancarias que se habían reducido hasta 20.421 en septiembre de 2021. El número de cajeros automáticos había retrocedido desde 61.714 hasta 49.481 entre 2008 y 2020. La exclusión ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.

La exclusión financiera se ha extendido por toda España, pues afecta a las generaciones de más edad, a más de la mitad de los municipios del todo el Estado y a millones de clientes de servicios bancarios. En la ‘España vaciada’ se combina la desaparición de las oficinas bancarias con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Los ciudadanos de estos municipios tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas. En 4.405 pueblos no hay entidad bancaria alguna después de 2020.

La exclusión bancaria incluye otros aspectos adicionales. Destaca, sobre todo, el cobro de comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, el cobrar comisión por una transferencia que se hace desde el ordenador. Es preciso realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita la mayoría de la clientela; lo que traslada al cliente el riesgo de manejo de efectivo en plena calle. Recientemente, la Audiencia Provincial de Álava ha declarado nula por abusiva la comisión que cobraba Bankinter por ingreso de dinero en ventanilla.

La red de cajeros automáticos sufre un notable deterioro y déficit de mantenimiento. Es frecuente encontrarse con cajeros averiados y fuera de servicio, lo que contribuye a aumentar las colas. Los bancos repiten que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, pero según datos publicados por el Banco de España el tipo de interés de los préstamos al consumo, empleados con frecuencia para la adquisición de electrodomésticos, ascendió en diciembre de 2021 al 7,5%.

Se desprecia a los depositantes. Ha influido en esta situación la política monetaria expansiva del BCE, similar a la de otros bancos centrales, que ha convertido los depósitos de particulares en un engorro para los bancos, aunque esta situación puede empezar a cambiar si persiste la notable tasa de inflación que se viene apreciando desde hace un año. Durante bastante más tiempo del inicialmente previsto, el origen de la liquidez bancaria no ha radicado en los depósitos, sino en la compras de activos y en los préstamos a tipos de interés mínimos por parte del BCE.

Esta política monetaria ha conducido a un aumento de las desigualdades sociales, pues ha reforzado en exceso los precios de los activos bursátiles y los de la vivienda. La gran mayoría de los clientes bancarios están obligados a mantener una cuenta bancaria de forma obligada, sin la cual poco puede hacerse, pues en ese caso no se podría cobrar la pensión, ni se pueden pagar los recibos de los suministros ni pagar los impuestos. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita. De ahí que las instituciones del Estado deban velar para que sea un derecho efectivo.

En España no se dispone de ningún banco estatal que trabaje directamente con el público. El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa. Por otra parte, una vez entregada Bankia a Caixabank, el Estado sólo cuenta, además del ICO, con Correos, con unos 4.675 puntos de atención al ciudadano en todo el territorio, particularmente en la “España vaciada’, y ha abierto 109 cajeros automáticos en sus oficinas. En cada oficina de Correos funcionaba una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron desde 1991, vendiéndolas a un banco extranjero, que poco tiempo después prescindió de las mismas. En este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales.

El plan de choque que supone la actualización del protocolo de 2021 recoge compromisos de las entidades financieras, no resultando obligatorio para las mismas el cumplimiento de los compromisos recogidos en el nuevo texto. En el decálogo adoptado por los bancos destacan los puntos como la ampliación de los horarios de atención presencial, que abarque como mínimo desde las 9 a las 14 horas para los servicios de caja, la reparación de los cajeros fuera de servicio y el seguimiento semestral del cumplimiento por parte del Observatorio de Inclusión Financiera. Este último no es un órgano de control independiente. Se echan en falta los puntos previstos que favorecían sobre todo a la población de la ‘España vaciada’ y que asignaban un papel mayor a Correos. Los ejemplos precedentes de compromisos equivalentes asumidos por parte de la banca no arrojan los mejores augurios respecto del cumplimiento del protocolo de inclusión bancario renovado.