Aspectos ideológicos sobre la enseñanza de la agricultura en la época liberal

Si la Ilustración española no planteó claramente y sin ambigüedades la relación, con la excepción de Jovellanos y aún así con contradicciones, entre revolución técnica (agrícola) y revolución económica (agraria) en la agricultura, teniendo la enseñanza de la agronomía un destacado papel en la difusión de la primera, el liberalismo intentó superar esta situación y estableció el lugar que debía ocupar esta enseñanza en el organigrama general educativo del naciente estado. Por este motivo no debemos perder de vista la carga ideológica que el debate de ideas, proyectos y leyes sobre la educación se dio durante el siglo XIX.

La agricultura española debía sufrir -según los liberales- importantes cambios estructurales, especialmente en lo referido a la estructura de la propiedad, eliminando la vinculación de la misma y otras trabas como eran los diezmos, privilegios mesteños, tasa de granos y control de precios. La liberalización económica era la guía que debía regir los cambios que los ilustrados comenzaron a diseñar pero que no terminaron por realizar o no se atrevieron a llevar a cabo por las fuerzas y circunstancias contrarias a los cambios en el Antiguo Régimen. Este programa de cambio económico posibilitaría, en teoría, la aplicación técnica de los avances en la nueva ciencia agronómica que venía desarrollándose desde el siglo anterior en Europa y que en España se había comenzado a conocer gracias a los fisiócratas y a los agraristas. Así pues, el liberalismo español situó el papel de la educación agraria como medio, entre otros, de divulgar los nuevos conocimientos científicos básicos una vez que triunfase la propiedad privada, verdadero motor del interés individual y con él del enriquecimiento, y como resultados la felicidad pública. La educación, en general, serviría al fin de la libertad y del progreso del país; la enseñanza agraria, en concreto, posibilitaría una agricultura desarrollada. Los liberales heredaron de los ilustrados su fe pedagógica y ahora, con el poder, fruto del cambio revolucionario, tenían la oportunidad histórica de abordar de manera más coherente y plena estos postulados para desterrar la ignorancia que gangrenaba cualquier cambio a favor del progreso.

Pero el liberalismo, al menos el del sector predominante en el poder hasta el Sexenio Democrático, no concebía la educación desde un prisma democrático o de superación de las desigualdades sociales. En la época en la que estamos tratando se pretendía mejorar la situación de todos los grupos sociales, pero sin una política de promoción clara de las clases más deprimidas o de superación de las desigualdades basadas en razón del sexo. La enseñanza de la agricultura es un caso en el que las diferencias de clase se hacen patentes: partiendo de principios generales y básicos para todos los españoles, verdadera conquista que no se debe ocultar, no era lo mismo educar a los hacendados que a los labradores o a los jornaleros. No podemos dejar de insistir en las diferencias entre las diferentes versiones dentro del liberalismo –moderada, progresista y democrática- a la hora de abordar una cuestión tan marcadamente ideológica como es la de la educación, sobre todo en lo referente a la gratuidad en los distintos niveles que no posibilitaba el acceso educativo de las clases desfavorecidas a niveles superiores a la mera instrucción primaria, siendo la opción moderada la que conformará en gran medida la concepción educativa del siglo XIX, ya que debemos recordar que, salvo contadas excepciones, es la facción liberal dominante en el reinado de Isabel II. Así pues, los propietarios serían formados en niveles superiores y, de esta manera, guiados por el interés individual, aplicarían en sus haciendas los avances científicos y técnicos aprendidos. A su vez, los labradores, en un nivel más inferior de peritaje podrían aplicar también lo que los grandes propietarios estudiaban de una manera más científica. Para los jornaleros sólo se contemplaba que supiesen leer, escribir y algunas nociones básicas de agricultura. Estas cuestiones no suelen aparecer explícitamente en la documentación correspondiente, pero tenemos que pensar qué jóvenes españoles podían estudiar una carrera superior, o el nivel medio de enseñanza, si no se arbitraron mecanismos de becas y ayudas.

Por otro lado, pero con cierta conexión con lo anteriormente expuesto, en los primeros decenios del reinado de Isabel II se vivió una evolución en relación con el sistema de enseñanza superior. En primer lugar, la corriente predominante defendía la enseñanza común de ingenieros y peritos, y hasta agrimensores e ingenieros de montes. Posteriormente, se cambió de posición, y se fueron perfilando, en primer lugar, dos carreras distintas y bien separadas; por un lado los ingenieros agrónomos, y por otro, los peritos agrónomos. La agrimensura terminaría por incluirse como asignatura de estas carreras, y los ingenieros de montes se separaron definitivamente, con su carrera propia. En el reinado de Isabel II, dados los recursos del estado liberal, los ingenieros tendrían que recibir su formación científica en las facultades y escuelas universitarias madrileñas, mientras que los peritos estudiarían en una escuela específica. La necesaria práctica de los conocimientos teóricos de los ingenieros se desarrollaría, por su parte, en esta escuela, pero sólo para esta parte de su formación. Habría que esperar a la Restauración para que se creasen, definitivamente, dos escuelas distintas.

En relación con los aspectos científicos y técnicos, y con el papel del Estado o de la iniciativa privada, íntimamente unidos en el período histórico, surgió una viva polémica en los años sesenta del siglo XIX, cuando un sector formado de propietarios criticaron la política educativa en agricultura, demandando una mayor vinculación entre enseñanza y rendimiento económico vinculado a la propiedad privada con una carga mayor de práctica agronómica y menor contenido o aparato científico.