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Cuando España reconoció al Estado de Israel


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Dov Shilansky, presidente de la Kneset (parlamento israelí), pronuncia un discurso durante la visita oficial de Felipe González a Israel, diciembre de 1991. /Foto cortesía de la Fundación Felipe González Dov Shilansky, presidente de la Kneset (parlamento israelí), pronuncia un discurso durante la visita oficial de Felipe González a Israel, diciembre de 1991. /Foto cortesía de la Fundación Felipe González

El 1 de enero de 1986, se anunció oficialmente que el Gobierno español establecería relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Una semana después, el 10 de enero, el presidente socialista Felipe González envió una amistosa carta a los embajadores de las naciones árabes -acreditadas ante España- para adelantarse a su reacción, asegurándoles que el reconocimiento de Israel entraba dentro del plan de universalización trazado por España desde el inicio de la Transición.

Los orígenes de ese cambio histórica pueden retrotraerse hasta junio de 1983, cuando el presidente afirmó, por primera vez, que el establecimiento de relaciones no era un mero asunto político, sino un reto histórico. Una “cuestión histórica” fue, en consecuencia, el término utilizado a partir de entonces para referirse a las relaciones bilaterales entre Israel -modelo de Estado socialista para algunos barones del PSOE- y significó un punto favorable de cara a la opinión pública. Y así, esa cuestión fue ejerciendo un equilibrio frente al veterano concepto de “tradicional amistad hispano-árabe”.

El gobierno -que continuaba las negociaciones de la UCD para entrar en la Comunidad Económica Europea- tuvo que soportar las presiones de los países europeos que le instaban al reconocimiento diplomático. Sobre todo, cuando la CEE instó a Grecia a hacerlo el 20 de mayo de 1983. Además, el lobby pro israelí de los Estados Unidos realizó una activa campaña entre los grupos bancarios españoles para lograr intercambios y convenios entre Cámaras Comerciales. Por su parte, la comunidad judía española trabajó intensamente en la propaganda a través de las publicaciones y de la popularidad de algunos artistas, periodistas, empresarios y académicos. Ellos empezaron a recordar la importancia histórica de los sefarditas, apelando a la necesidad de reparar la expulsión de los judíos de 1492. Olvidaron que ya, en los años 20, el gobierno de Miguel Primo de Rivera había concedido la nacionalidad española a los sefarditas que quisieran obtenerla, medida que -aunque limitada en el tiempo- fue de enorme ayuda para que algunos diplomáticos españoles salvaran vidas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

El reconocimiento de Israel recibió cada vez más fuerza y convenció a la mayor parte del gobierno. El propio Felipe González realizó declaraciones, en este sentido, ante representantes árabes, buscando que desapareciera la idea de condicionar la decisión a las buenas relaciones de Israel con sus vecinos. El rey Juan Carlos I -de acuerdo con el gobierno socialista- realizó, en diciembre de 1985, un viaje por Jordania, Arabia Saudí y Emiratos árabes con la intención de explicar y persuadir a sus dirigentes para que no entorpecieran o dificultaran el proyecto español. Unas semanas más tarde, el monarca emprendió un nuevo viaje a Omán, en compañía de Fernández Ordóñez -ministro de Asuntos Exteriores- y comunicó al presidente González sus impresiones, afirmando que todo estaba dispuesto para aceptar el reconocimiento. Efectivamente, las naciones árabes terminaron por aceptar el hecho siempre y cuando no afectara a los estrechos vínculos que España mantenía con ellas.

Y así, el 17 de enero de 1986, en La Haya, capital de la CEE en esos momentos, se normalizaron las relaciones, tras casi cuarenta años desde la fundación del Estado de Israel. Aunque, junto al reconocimiento, el gobierno español presentó su postura en lo relativo al conflicto de Oriente Próximo, considerando que se debía reconocer y garantizar los legítimos derechos y aspiraciones del pueblo palestino, singularmente el de autodeterminación. Asimismo, apoyó las medidas necesarias para garantizar el derecho a la existencia pacífica de todos los Estados de la región, dentro de las fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.

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