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EL PERIÓDICO
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La primera guerra carlista


El carlismo fue un movimiento político y social cuyos orígenes se sitúan en la época del Trienio Liberal con la Regencia de Urgell y la guerra de los malcontents en Cataluña, pero su desarrollo se produjo tras la crisis sucesoria de 1832, y la muerte del rey Fernando VII al año siguiente.

El carlismo, como opción dinástica, defendía las pretensiones al trono de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, frente a la línea sucesoria femenina representada por Isabel II. El rey, después de los sucesos de La Granja, terminó por publicar la Pragmática Sanción de 1789 que derogaba la Ley Sálica.

Pero el carlismo era algo más que la defensa de una determinada solución dinástica carlismo, ya que pretendía el mantenimiento de las estructuras absolutistas y del Antiguo Régimen, en oposición a la Revolución liberal, iniciada en Cádiz y con el Trienio Liberal. Por otro lado, el carlismo suponía una cierta idealización del mundo rural frente al urbano e industrial, difundiéndose mejor en el primero que en el segundo. Por fin, el carlismo suponía la defensa de las instituciones y fueros tradicionales vascos, navarros y catalanes frente a las pretensiones liberales de uniformidad política y jurídica de España, aunque hoy la historiografía relativiza, en cierta medida, la vinculación automática entre carlismo y foralismo.

El carlismo contó con una base social heterogénea. En primer lugar, destacó el apoyo de una parte del clero, que percibía el liberalismo como enemigo de la religión. Después estaría la pequeña y mediana nobleza, especialmente, del norte de España y, por fin, parte del pequeño campesinado que veía amenazada su situación económica por las reformas liberales encaminadas hacia el fortalecimiento de la mediana y gran propiedad, y el fin de las tierras comunales.

En cuanto al ámbito geográfico, el carlismo arraigó, fundamentalmente, en las zonas rurales de las tres provincias vascas, de Navarra, parte de Aragón, en la Cataluña interior y en el Maestrazgo.

El carlismo desencadenó tres conflictos armados, y que representan hechos fundamentales en la Historia contemporánea española. La primera guerra carlista tuvo lugar entre 1833 y 1840, y fue la más violenta de todas ellas, con devastadores episodios de crueldad en las retaguardias.

Los primeros brotes armados estallaron al día siguiente de la proclamación de Isabel como reina de España, terminando el mes de septiembre de 1833. Hubo levantamientos de partidas rurales organizadas por Zumalacárregui. En noviembre ya había guerra abierta en el País Vasco y el norte de Cataluña. A estas zonas se sumaron grupos de guerrilleros en Aragón, el Maestrazgo, Galicia, Asturias y La Mancha. Esta fase de la guerra, de fuerte iniciativa carlista, finalizó con la muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en el mes de julio de 1835.

La segunda etapa de la guerra discurrió entre julio de 1835 y octubre de 1837. Destacaron las expediciones del general Cabrera, pero la acción más espectacular de esta fase fue la Expedición Real, encabezada por Carlos María Isidro. Su objetivo era imponer un pacto a la regente María Cristiana en un momento de debilidad ante la sublevación de La Granja. Las tropas carlistas llegaron a las puertas de Madrid en septiembre de 1837, pero Espartero obligó a los carlistas a retirarse.

De octubre de 1837 a agosto de 1839 tuvo lugar la tercera etapa de la guerra. En el seno del carlismo surgió una división entre los más conservadores (apostólicos), destacando entre ellos el obispo de León, y los más moderados, con el general Maroto como principal líder, partidarios de negociar y llegar a un acuerdo honroso. Esta fue la postura que terminó por triunfar, lo que permitió firmar el Convenio de Vergara el 29 de agosto de 1839, entre los generales Espartero y Maroto. En él se prometía el mantenimiento de los fueros vascos y el reconocimiento de los oficiales del ejército carlista. Para un importante sector fue considerado una traición.

El rechazo de este acuerdo por el sector apostólico prolongó la guerra en Cataluña y Aragón hasta la derrota definitiva de Cabrera en Morella, en junio de 1840.

El conflicto carlista tuvo importantes repercusiones, comenzando por su alto coste en vidas humanas. Por otro lado, supuso la definitiva inclinación de la Corona hacia el liberalismo. El agrupamiento de los absolutistas en torno a la causa carlista convirtió a los liberales en el único apoyo al trono de Isabel II.

La guerra reforzó el protagonismo de los militares en la política española como elementos fundamentales para la defensa del sistema liberal. Los generales se situaron al frente de los partidos, y se erigieron en árbitros de la política, utilizando, además, el recurso del pronunciamiento. La guerra supuso enormes gastos, que situaron a España en serios apuros fiscales. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas políticas, como la desamortización de Mendizábal, ya que terminaron por primar las necesidades financieras del Estado sobre cualesquiera otras, como podía ser una reforma agraria, por ejemplo.

En relación con la cuestión foral, conviene señalar que en el año 1834 Canga Argüelles había establecido que las provincias vascas y Navarra serían consideradas como “provincias exentas”, llamadas así por las peculiaridades de su sistema fiscal. El Convenio de Vergara respetó, en principio, los fueros y este especial sistema fiscal, pero para terminar con ciertas ambigüedades, en 1841 se aprobó la Ley Paccionada, que establecía que las Diputaciones Forales asumirían las funciones de las Diputaciones Provinciales. Pero la tensión con el acusado centralismo del Estado liberal no se despejó.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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