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EL PERIÓDICO
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Los cementerios entre el despotismo ilustrado y el siglo XIX


El reformismo emprendido por el despotismo ilustrado también llegó a los súbditos fallecidos, o más bien, a los cementerios, habida cuenta de la constatación de los peligros sanitarios que acarreaban las necrópolis en el interior de las ciudades, la práctica de enterramiento más común en la época moderna.

En 1781, el rey Carlos III ordenó al Consejo de Castilla que pidiera dictámenes a los Arzobispados y Obispados, así como a las Academias de la Historia y de Medicina, para que, en función de los mismos, se le informase sobre si era mejor enterrar a los difuntos dentro o fuera de las poblaciones. El rey se había movilizado a instancias de Campomanes. Al parecer, se había dirigido al rey porque conocía el caso de una iglesia en Guipúzcoa que estaba en mal estado y que había provocado una epidemia. Pero hubo más casos. Uno de los más sonados fue el de la parroquia de San Sebastián en Madrid donde el hedor fue tal que en 1786 tuvo que cerrarse durante un tiempo. La mayoría de las respuestas que recibió el Consejo de Castilla fueron favorables al enterramiento fuera de las poblaciones y a que se prohibiesen los enterramientos en los templos o en los cementerios adjuntos.

La consecuencia de esta investigación fue la promulgación de una Real Cédula en 1787 en el que se establecían los cementerios extramuros en toda España, aunque seguirían a cargo de las parroquias, que continuarían percibiendo los derechos que se cobraban por los entierros. El problema era que había que construir estos cementerios. La disposición aclaraba el modo de sufragar los gastos. Estos costes debían cargarse sobre los fondos de las parroquias, el Fondo Pío de Pobres, y fondos públicos. Solamente podrían enterrarse intramuros aquellas personas que tuvieran comprada una sepultura dentro de una iglesia.

Pero esta disposición tan importante no se cumplió realmente. La costumbre y la tradición eran más fuertes que la razón ilustrada, que luchaba contra una práctica tan peligrosa para la higiene y sanidad públicas, pero muy arraigada. Así pues, en 1799 se dio otra orden, ya en tiempos de Carlos IV, en el mismo sentido. Se mandaba establecer cementerios en sitios ventilados, con diseños que debían realizar el cura párroco y el corregidor del lugar. Pero el interés del despotismo ilustrado por esta mejora se volvió a encontrar con la fuerza de la costumbre, con la oposición tanto del tercer estamento, como de los estamentos privilegiados, muy interesados en seguir enterrándose en las iglesias, en sus sepulturas destacadas. En medio de esta polémica se puso en marcha en 1804 un plan para construir cementerios en cada localidad. Pero la resistencia continuó, y no ayudó mucho a que se implantara esta nueva forma de enterrar la inestabilidad generada a raíz de la Guerra de la Independencia. Hubo que esperar a muy entrado el siglo XIX para que triunfase lo que planteó la Ilustración en España en esta materia.

El gobierno afrancesado se preocupó intensamente por esta cuestión dentro de su programa reformista. Se potenció la construcción de cementerios extramuros. El desastre demográfico que supuso el hambre en Madrid en plena guerra de la Independencia trajo consigo la necesidad de que aparecieran nuevos cementerios. Las cofradías sacramentales adquirieron, en este sentido, un gran protagonismo en ese momento y en el reinado de Fernando VII. El primer cementerio extramuros de la capital sería el Cementerio General del Norte (Puerta de Fuencarral) de manos del arquitecto Juan de Villanueva, que introdujo el sistema francés de nichos, y cuya obra comenzó antes de la guerra de Independencia. En 1811 se construyó la Sacramental de San Pedro y San Andrés. Estaba situada en el Monte de las Ánimas a espaldas de la Ermita del Santo. El rey Fernando VII confirmó en 1814 la propiedad para la Sacramental. Este cementerio se tuvo que ampliar, y pasó a ser la Sacramental de San Isidro. Fue el favorito de las clases altas -nobleza y burguesía- del Madrid de la época liberal.

A pesar de estos ejemplos y de otros en distintas ciudades españolas, se calcula que en 1857 carecían de cementerio municipal más de dos mil quinientas localidades. Una Real Orden de 1850 dispuso que los cementerios madrileños no podían situarse a menos de mil quinientas varas de la ciudad por su lado norte. Por el sur no se podían construir cementerios en la orilla izquierda del río Manzanares. En 1868 se dictaminó que los Ayuntamientos debían hacerse cargo de la administración y conservación de los cementerios.

El impulso de construcción de cementerios llegó con la Restauración borbónica. Una disposición de 1876 permitía la expropiación de terrenos para la construcción de cementerios, y en 1888 se establecieron las normas para levantarlos. Cada necrópolis tenía que poseer un reglamento propio. Como ejemplo estaría el denominado Cementerio del Este en Madrid, que comenzó a proyectarse años antes. En mayo de 1876 se creó una comisión con el fin de preparar la construcción de la denominada “Necrópolis del Este”, en lo que serían terrenos de la localidad, hoy distrito, de Vicálvaro. El Ayuntamiento de Madrid compró los terrenos, pasando a pertenecer a su término. La situación de los cementerios madrileños se complicó mucho en los años ochenta de aquella centuria. La epidemia de cólera de 1884-1885 produjo un vertiginoso aumento de la mortalidad, por lo que hubo que habilitar un cementerio provisional, “de epidemias”, y que se puso en marcha en junio de 1884, el conocido como Cementerio de la Almudena. Además, en ese momento dejaron de funcionar siete cementerios de la ciudad. El nombre de la Almudena es el que ha terminado por dar nombre al Cementerio del Este.

La legislación decimonónica fue intensa en relación con la muerte, siempre en un sentido higienista, muy en línea con los avances científicos de la época liberal en materia de urbanismo. La administración municipal tenía que atenerse a estas normas, como hemos señalado anteriormente. Los cementerios debían estar bien administrados, limpios, con muros que los cercaran de más de dos metros de altura, y con puertas metálicas cerradas con candados. En 1898 se dispuso la prohibición del uso de féretros metálicos, estableciéndose las dimensiones y condiciones de las fosas, nichos y galerías.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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