El Indulto y Perdón General a los catalanes (1713)

Al parecer, esta decisión tuvo que ver con la presión de Inglaterra en plenas negociaciones en Utrecht para poner fin a la Guerra de Sucesión. Los ingleses, en realidad, querían que se concediese una amnistía general a los austracistas catalanes y que se mantuviera el ordenamiento jurídico catalán, dos cuestiones a las que se negó rotundamente Felipe V. Por eso, en compensación declaró la concesión del indulto.

El mismo estaba condicionado a que los catalanes depusiesen las armas. El texto de la disposición era duro, sin lugar a dudas, porque una rebelión era un delito muy grave desde la concepción absolutista del poder. Se aludía a la “pertinaz continuada ceguedad” de los catalanes, que subsistían en faltar a las obligaciones como vasallos que habían jurado. En todo caso, concedía el perdón de las vidas y haciendas a aquellos que en el plazo de dos meses depusieran las armas, y en caso contrario serían considerados como rebeldes y “reos de lesa majestad”.

El perdón real era muy importante para la Monarquía, considerado como una regalía, es decir, como un derecho asociado a la Corona. Las medidas de gracia serían, por tanto, potestad real, además de constituir un instrumento de la política, especialmente cuando los perdones tenían que ver con asuntos generales, pero también en los individuales. Demostraban donde se concentraba el poder y qué institución era la única con ese derecho, esto es la Monarquía.