El conflicto de la reforma agraria en Cataluña en la Segunda República

La Ley de Contratos de Cultivo fue aprobada por el Parlament de Catalunya el 21 de marzo de 1934 por unanimidad, aunque con la ausencia de los diputados de la Lliga. La ley buscaba corregir los abusos contractuales, especialmente en la rabassa morta y preconizaba de manera moderada, aunque reformista, el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra cultivada. La Ley reforzaba la propiedad privada de la tierra frente a cualquier intento de colectivizarla. En este sentido, estaba en línea con lo defendido por la Unió de Rabassaires y Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, el poderoso sindicato agrario catalán de campesinos no propietarios. La Unió quería una profunda reforma agraria, pero rechazaba también las pretensiones anarquistas sobre la colectivización de la tierra.

Por su parte, los grandes propietarios no estaban de acuerdo con dicha Ley. Se organizó una intensa campaña en contra organizada por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre en relación con la Lliga. La impugnación de la Ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República polarizó el clima social y político en Cataluña, ligando las reivindicaciones de los payeses a las nacionalistas de autogobierno, junto con las sociales de los trabajadores. La propia Unió se radicalizó.

La Ley volvió a ponerse en vigor a partir de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.

Una visión general sobre la Historia de Cataluña en el período podemos encontrarla en el volumen sexto escrito por Josep Termes, en la Historia de Catalunya, dirigida por Pierre Vilar, publicada en 1987, con ediciones posteriores.

Sobre la cuestión autonómica también es recomendable una obra más reciente de José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, titulada, La España de los nacionalismos y las autonomías, publicada en 2001.