El auto de 11 de abril de 2026 dictado por el Magistrado Juez de la plaza núm. 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la que acuerda continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, contra la asistente de ésta y contra un particular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, puede parecer que crea un problema político al Gobierno, pero en realidad a quien crea un problema político serio es al Poder Judicial. Cuando los imputados recurran ante el Tribunal Superior al Magistrado Peinado, ¿se confirmará esta operación que desprestigia a todo el Poder Judicial o, por el contrario¸ se atreverán a desautorizar a un francotirador que lleva dos años escrutando a unas personas inocentes para poner en un compromiso al Presidente Sánchez? De la decisión de convalidar o rectificar una actuación judicial discutible depende el prestigio o desprestigio del Poder Judicial ante la ciudadanía, la imagen de un Poder Judicial cómplice en operaciones políticas desestabilizadoras o un Poder Judicial neutral que aplica el Derecho.