La subversión del Tribunal Constitucional

Sobre todo porque ningún recurso de amparo, por muy legítimo que este sea ante la irregularidad que pueda suponer la incorporación de enmiendas ajenas al tenor de la proposición original, tan habituales en el Parlamento, no tiene justificación alguna la paralización de la función legisladora del Congreso, como si de un recurso previo de inconstitucionalidad se tratase, posibilidad que hace ya tiempo que ha sido excluida de la ley del Tribunal Constitucional.

El bloqueo de los nombramientos inmediatamente después y el intento de alterar las mayorías hasta el acoso personal a una de las magistradas por parte del empecinado núcleo duro del CGPJ que lleva además meses en rebeldía en contra de los plazos estipulados en la reforma de la ley, demuestra una concertación evidente entre ambas mayorías conservadoras con el objetivo primero de paralizar y luego de condicionar la futura composición de la mayoría y la presidencia del tribunal de garantías constitucionales.

Pero, por si todavía existiese alguna duda, la reciente rectificación del presidente del TC de no convocar el pleno para dar el placet a los magistrados nombrados por el gobierno y por el contrario esperar a la designación de los que están pendientes por parte del Consejo General del Poder Judicial, cierra el círculo de la estrategia de obstrucción a la renovación del Tribunal Constitucional en un flagrante incumplimiento de la ley por los que tienen encomendado su constitucionalidad y su aplicación, hasta tanto el Parlamento saque adelante la nueva proposición de ley anunciada por los grupos parlamentarios que sirven de apoyo al gobierno.

Una proposición de ley que deberá contar con todas las garantías de procedimiento e incluso con todas las bendiciones, para no dejar ni un solo resquicio por el que se puedan colar posibles recursos preventivos, que entonces habrían de ser resueltos de la misma manera y por la misma mayoría espuria del actual Tribunal Constitucional.

En definitiva, nos encontramos ante una extralimitación y una injerencia groseras, que no pretenden otra cosa que configurar al Tribunal Constitucional como una parte más de la oposición política, en evidente coordinación junto al núcleo duro del Consejo General del Poder Judicial y la derecha política. Las últimas declaraciones de los portavoces de la derecha, que se ufanan de haber logrado doblegar el pulso al gobierno a través de las medidas cautelares del Tribunal Constitucional, así parecen acreditarlo.

Pero, más allá de la degradación institucional en forma de oposición política, existe también una clara voluntad de subvertir mediante ejercicio de una suerte de control previo de constitucionalidad, como si de una tercera cámara se tratase, en una evidente extralimitación de su papel constitucional.

El precedente más reciente de esta tendencia han sido las resoluciones de inconstitucionalidad sobre el estado de alarma a instancias de la ultraderecha negacionista. Algo considerado excepcional y extravagante en el marco los tribunales constitucionales de nuestro entorno. Entre los antecedentes estarían también tanto la polémica sentencia sobre el Estatut de Cataluña e incluso, salvando las distancias, las adoptadas en relación al Procés. De aquellos polvos, estos lodos.

Todo ello ha servido de caldo de cultivo de la actual deslegitimación del gobierno de las izquierdas y en particular de la mayoría de investidura y por extensión del parlamento, a los que desde las derechas se cuestiona acusándolos de aliarse con la antiespaña de independentistas y filoetarras. Un proceso agravado a raíz de la moción de censura que relevó a Mariano Rajoy y de las dos elecciones generales que confirmaron la minoría de la derecha y su paso a la oposición, algo que todavía perecen no haber asimilado.

En definitiva, con estas últimas decisiones se ha retrotraido el funcionamiento interno del Tribunal Constitucional y sus tímidos avances consensuales, otra vez a la lógica de bandería, algo que parecía haberse abandonado a raíz de su última renovación parcial y que había supuesto aplazar toda una serie de dictámenes en relación a leyes fundamentales como las de educación, aborto, eutanasia o reforma laboral a la espera de la renovación parcial y el previsible cambio de orientación del órgano. Ahora, al parecer, esa tregua ha terminado.

En resumen que como en el teatro en horas venticuatro hemos pasado de las musas al teatro: del papel de control de constitucionalidad de las leyes al del control político del gobierno y a la injerencia descarada en la independencia del parlamento, con el riesgo cada día más evidente de entrar en un año electoral en la subversión del consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional como tercera cámara.