Que los estados y sociedades en su dimensión pública dejaran de ser confesionales ha sido históricamente una ardua y dura batalla, incluso sangrienta. Hasta la época moderna, no se concebía el laicismo ni individual ni colectivo. La creencia religiosa, el temor a Dios, era una norma relevante y de obligado cumplimiento. Ya conocemos que les pasaba, durante muchos siglos, a los que se apartaban de esta ortodoxia. No fue hasta el siglo XVIII, y sólo para unas escasas minorías, que empezó a imaginarse un mundo sin Dios y en todo caso, ganó enteros el concepto de “tolerancia religiosa”, es decir, el respeto absoluto a cualquier tipo de creencia arrancando de las iglesias el derecho adquirido a la imposición de una fe y una moral incontrovertible. En el mundo de la Ilustración, que es de lo que hablamos, se fue imponiendo también la noción primordial de que las estructuras políticas, los Estados, debían ser no confesionales, pues la dimensión religiosa formaba parte del ámbito de lo que era privado. Todo el mundo podía tener y expresar la religiosidad que quisiera, o no tenerla, pero en ningún caso podía imponerla o hacerla dominante en el espacio público. Un hecho éste, al que el catolicismo fue, y todavía es, reacio a abandonar. Que una parte importante de la ciudadanía del sur de Europa venga de tradición católica, no implica, aunque sea practicante y que su vínculo vaya más allá de ser un referente cultural, un hábito, que ha ido perdiendo peso en un mundo y unas vidas mayoritariamente secularizadas.