La transparencia suele vacunar contra la conspiración, la corrupción y los bulos, y siempre es una buena noticia para la democracia. Por ese motivo, en el 45 aniversario del intento de golpe de Estado, la decisión del Gobierno de desclasificar todos los documentos localizados hasta ahora del 23-F, en total 153 unidades documentales, salda una deuda histórica, al abrir los cajones, ordenar los papeles y ponerlos a disposición de cualquier persona interesada.

Entre la ley de Secretos Oficiales, en vigor, y la de Información Clasificada, en vías de progreso al parecer inobjetable, se ha abierto camino la publicación de los documentos del 23F, en efeméride de 45 años de aquella infausta memoria, con un resultado “de azul desganado que los ingleses llaman gris”, que dice Borges, en El Aleph. Las 167 unidades temáticas, como intitula el gobierno, responsable de su publicación, apenas han hecho otra cosa que confirmar cuatro décadas y media después lo ya sabido y reproducido por investigaciones periodísticas aparecidas tiempo atrás. Fallecidas las figuras estelares de la tentativa de golpe de Estado, con la excepción de Tejero, quien más visibilidad ostentaba, que lo hizo dos días después de la publicación, el gobierno ponderó, quizá con acierto, que, con la redondez de los 45 años, hacer públicos estos documentos lo que se pretendía era desmitificar aquellos acontecimientos que produjeron mucho daño reputacional a la idea institucional, histórica y geográfica de España. Solo quedaba el teniente coronel Tejero en la coincidencia de la aireación de los documentos, pero la involuntaria colaboración del destino ha colocado la publicación a la par del óbito del golpista.

La desclasificación de 153 lotes de documentos concernientes al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 -que algunos analistas definen ya como un autogolpe- ha generado un previsible aluvión de comentarios, cábalas y debates al respecto. Y eso que han transcurrido 45 años desde entonces. Esta ansiedad en torno a aquel infausto episodio obedece al silencio obligado en el que se ha sumido premeditadamente a la opinión pública y a la ciudadanía españolas sobre un pasado tan borrascoso como complejo e hiriente, escondido bajo el secreto de Estado. Ojalá sea el preludio de una anhelada transparencia que, con certeza y de ser así, fortalecerá la conciencia democrática.

Hay días donde las noticias se agolpan sin minutos suficientes para digerirlas. Mucho más cuando parece que unas se contradicen a otras en la expresión de los valores que quieren mostrar. Como si se tratara de una partida de ajedrez donde los movimientos de cada jugador responden a un plan prefijado que pueden conducir a la victoria o al fracaso. Lo preocupante es que no estamos ante un juego sino ante la realidad y sus víctimas.

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España, mediante un decreto ley, obligará a las plataformas de internet que han desarrollado redes sociales a impedir el acceso a todas las personas menores de dieciséis años, en la línea de lo que ya hacen Francia y también Canadá, como acabarán haciendo muchos otros países. Ya existen suficientes evidencias y estudios científicos que demuestran el perjuicio que comporta su utilización y adicción durante los años de formación y de conformación de la personalidad de niños y adolescentes. El vínculo con la pantalla y la falsa construcción de espacios de relación impiden un desarrollo saludable, así como el establecimiento de relaciones personales y sociales sólidas y naturales. Se acaba viviendo en un mundo de ficción que provoca el abandono del mundo real y dificulta la creación de vínculos y afectos saludables.

Los archivos de Epstein son un hito trascendental, gravísimo (3 millones de páginas de documentos, 180 mil imágenes, 2.000 vídeos) pero no dejemos que oscurezcan lo demás. No es un hecho aislado sino un eslabón más de toda una larga cadena. Incluso una consecuencia. Lo demás no es menos grave, y también hay niños.

El pasado 2 de febrero tuvo lugar la presentación en le Ministerio de Trabajo y Economía Social, del informe de la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

La larga campaña del gobierno autonómico de Madrid contra las universidades públicas tiene una triple motivación. La primera es puramente económica, porque buscan aumentar el beneficio de las universidades privadas. La segunda es ideológica, porque se trata de retornar al modelo de universidad solo para ricos. Y la tercera es política, porque creen combatir así el inevitable activismo progre en las aulas públicas.