En estos días Feijóo, líder del Partido Popular y de la derecha reaccionaria, viene utilizando el término terrorismo para atacar la ley de amnistía, y contra la política del presidente del Gobierno y a sus socios parlamentarios, faltando el respeto a las víctimas reales que tanto dolor y sufrimiento han padecido durante años en España. En Catalunya no hubo terrorismo durante el procés. Los altercados públicos nunca lo son.

El vaivén de sintagmas de “judicialización de la política” y “politización de la justicia” está aquí de nuevo con vocación de permanencia si es que alguna vez se ha ido. A nadie se le oculta que sin los calambrazos de la instrucción del titular de la Audiencia Nacional, García-Castellón, con la apariencia de oportunidad dirigida en coincidencia con los progresos de la ley de amnistía, las disrupciones de Junts no se hubieran producido.

La expresión sociológica de pánico moral me interesa por todo aquello que no cubre su espectro semántico. Muchos comportamientos quedaban regidos en mis años mozos por el qué dirán. Al margen de lo que uno creyera había que medirse con el parecer ajeno, entendido este como un estado de opinión que se imponía por tradición y asunción pasiva de todas las partes implicadas. Daba igual el contexto pragmático. Podría referirse a la vestimenta, las opciones eróticas o los avatares políticos. Esa línea imaginaria era una frontera que no podría cruzarse sin más. Enfrentarse al parecer hegemónico desde una perspectiva más o menos minoritaria siempre ha sido un anatema con peajes muy onerosos.

Suele ser usual definir el maltrato infantil como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años. Abarcando todo tipo de maltrato físico, afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole, que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Así es generalmente definido y asumido también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dependiente de las Naciones Unidas. No cabiendo duda alguna de que se trata de un problema de enorme magnitud, de ámbito mundial y con muy graves consecuencias personales para quien lo sufre, y que arrastrará probablemente a lo largo de toda su vida.

Después de lo ocurrido en el parlamento con la ley de amnistía, hay que plantearse cuál será la próxima jugada de cada protagonista y, sobre todo, quién ha ganado con este resultado.

La filósofa Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, acuñó una nueva palabra: “aporofobia”, para definir el rechazo al pobre. Es un concepto que tiene que ver con el conflicto ético en el que estamos y del que los dirigentes políticos no asumen como central en sus programas. En el caso de que los tengan, claro. Aunque dada la mediocridad o ejercicio de venalidad de algunos y algunas en su formación académica, poco podemos aguardar de ellos. La pobreza será la situación general hacia la que se dirige España, merced a la pasividad, ignorancia o ejercicio activo de una buena parte de los propios pobres.

Poco a poco, se van conociendo algunas de las interioridades de las acciones y actuaciones del gobierno de Mariano Rajoy, durante los años del proceso independentista catalán. Los que conocemos a Jorge Fernández Díaz, no nos sorprenden, algunas de las informaciones que van saliendo a la luz pública.

Operación Cataluña es una conspiración policial impulsada por el Gobierno de Rajoy del Partido Popular, con el objetivo de frenar el proceso independentista catalán. La trama supuso pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones interesadas en la prensa, y amenazas para obtener información confidencial, entre otras acciones del más estilo mafioso. Se ha mantenido oculto, pero las filtraciones han permitido conocer algunos de los nombres de lo que se llama las cloacas del estado, al mando del ministro de Interior de entonces Fernández Díaz.