El artículo 18.4 de nuestra Constitución considera la protección de datos y la privacidad de los mismos como un derecho fundamental. Como tal también lo considera el artículo 8 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE. Nuestra Ley de Protección de datos (05/12/2018) traspone las directivas emanadas del Parlamento Europeo entre 2016 y 2018. En ella, se regulan numerosos aspectos tales como el deber de confidencialidad de todos los agentes que intervengan en el tratamiento de nuestros datos, la necesidad de un consentimiento expreso cuando una entidad privada vaya a recopilarlos, los derechos de acceso, rectificación y supresión de los mismos, el de oposición a ciertos usos, etc. También crea la Agencia Española de Protección de Datos, que es la encargada de velar por el cumplimiento de todos estos aspectos.

El diccionario de la Real Academia Española define causalidad como “ley en virtud de la cual se producen efectos”. Y es evidente que sin conocimientos de este tipo de leyes no podemos aspirar a entender hechos y fenómenos de interés. De hecho, la investigación científica no consiste más que en la aspiración de comprender cómo funciona el mundo a partir de los datos que nos deja la historia y la experiencia.

“Nunca un gran filósofo renegaría de la verdad si, por azar, la oyese de labios de su barbero. Pero este es un privilegio de los grandes filósofos. La mayoría de los hombres preferirá siempre, a la verdad degradada por el vulgo –por ejemplo; dos y dos, igual a cuatro-, la mentira ingeniosa o la tontería sutil, puesta hábilmente más allá del alcance de los tontos”

(Antonio Machado, Juan de Mairena)

“El príncipe no es sino el primer servidor del Estado, viéndose por ello obligado a comportarse con probidad, prudencia y un completo desinterés, como si a cada momento tuviera que rendir cuentas de su administración a los ciudadanos”

(Federico II de Prusia)

Hemos asistido hace nada a una nueva fiesta de la Constitución de 1978 un tanto curiosa, por mucho que algunos traten de nublar el panorama con el humo de su propaganda. Vemos el sinsentido aparente, aunque muy calculado, de cómo la misma derecha heredera del franquismo, incluso la más extrema de aquella Alianza Popular que luego vivió décadas agazapada en el PP y que hoy representa Vox, la misma que votó en contra del texto constitucional porque ‘rompía España’ y abría las puertas al laicismo, al divorcio o al aborto, aparenta ahora ser su máxima defensora hasta llegar a autodefinirse como los mejores ‘constitucionalistas’.

Si los partidos políticos nacieron en el Reino Unido en el siglo XVIII no fue una casualidad ni un designio de la providencia. Aunque se dice usualmente que los partidos ingleses (tories y whigs) nacieron en el siglo XVII tras la revolución de 1648, lo cierto es que éstos sólo eran grupos político-ideológicos que defendían, respectivamente, la preeminencia del Rey y del Parlamento, sin intentar encuadrar a los ciudadanos ni, menos aún, participar de forma permanente en las elecciones. Sólo cuando en el siglo XVIII el Parlamento británico se consolidó como órgano de dirección política frente a los Monarcas y, con ello, se convirtió en un órgano representativo que se formaba a través de elecciones directas (aunque todavía con sufragio censitario y muy minoritario), los partidos políticos aparecieron con el carácter que todavía hoy poseen. Desde entonces, la democracia representativa necesita a los partidos que expresan el pluralismo de la sociedad hasta el extremo de que incluso en dictaduras que no permiten la existencia de partidos, éstos existen en la clandestinidad y tratan de organizar a los opositores, como ocurrió en España y en Portugal en las dictaduras franquista y salazarista. Como explicó un constitucionalista francés, la existencia de partidos políticos diferentes significa que la competición ante los electores no es momentánea e improvisada sino que es duradera e institucional (André Hauriou: Derecho constitucional instituciones políticas, Barcelona, 1971, pág. 273). Pero los partidos no se limitan a concurrir a las diversas elecciones para obtener el triunfo de sus candidatos pues, como ha señalado el politólogo Josep Maria Vallès, los partidos, dotados de una organización estable, acaparan las posibilidades de conectar a los individuos y a los grupos con las instituciones políticas (Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, pág. 363).

“Tener 60 años hoy es lo mismo que 40 hace dos décadas”, me dijo recientemente una amiga mientras celebraba haber alcanzado una edad que antes se consideraba venerable.

Cuando aún resuenan los ecos de los debates e iniciativas surgidos en España en torno al décimo aniversario del fin de la violencia de la banda terrorista ETA, queremos traer aquí algunas reflexiones sobre diversas iniciativas de mediación entre terroristas y sus víctimas que pasaron bastante más desapercibidas en 2011 y 2012, varios meses antes y después del anuncio de ETA que hemos conmemorado estos días. El hilo para estas reflexiones nos lo proporciona una película reciente, Maixabel (Icíar Bollaín, 2021).