Jorge Bergoglio, alias Papa Francisco, ha estado visitando el campo de concentración de inmigrantes en la isla de Lesbos. Y naturalmente ha aprovechado la ocasión para colocar su discurso falso e hipócrita, que a fin de cuentas es el que caracteriza a la secta vaticana que encabeza el monarca absoluto de ese Estado sin fronteras que es la Iglesia católica.

Desde la crisis que arrancó en 2008, la sociedad española, al igual que otras de su entorno, está inmersa en auténticos procesos de centrifugación de sus estructuras y de sus posiciones, a causa de climas de malestar alimentados por los problemas sociales y laborales.

La manifestación celebrada en Madrid el 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada en su tiempo “Ley mordaza”), que el Gobierno está preparando, ofrece elementos que deben preocuparnos sobre la vulnerabilidad del Estado democrático y sobre las maniobras que pretenden dificultar la capacidad que tiene éste para ordenar políticamente la sociedad. Vamos a examinar este tema desde tres perspectivas que son: a) el alineamiento de las derechas con una Ley represora; b) el intento de unos sindicatos policiales de presionar al Gobierno y al Parlamento en base, además, a un conjunto extenso de interpretaciones inexactas; y c) la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por lanzar contra el Gobierno a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP.

La pandemia de covid-19 nos colocó en enero de 2020 sobre una montaña rusa de miedos, esperanzas, desesperaciones y euforias de la que aún no nos hemos bajado. Hay momentos en que todos pensamos que la pandemia ya es cosa del pasado, y otros en que parece que comenzamos de nuevo desde cero. El último susto nos lo ha dado la nueva variante ómicron.

Cuando el independentismo se encontraba en sus horas más bajas en Catalunya desde 2017, atrapado entre la desafección popular y las peleas internas a cuchillo, aparece el Tribunal Supremo español y le inyecta una dosis extra de entusiasmo. Nunca se lo agradecerán lo suficiente.

El estallido social producido en torno a la negociación del convenio de las empresas del metal gaditanas va mucho más allá de una simple negociación sindical en la medida que escenifica una situación que lleva demasiado tiempo siendo límite.

El diseño final del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al derogado Factor de Sostenibilidad con el que se quiere reforzar el sistema de pensiones, para mitigar el efecto de las jubilaciones de los boby boomers, nacidos entre los años sesenta y primeros de los setenta, lo firmó la pasada semana el Gobierno con los sindicatos UGT y CC.OO.