De nuevo sobre el derecho a la vivienda

El relator está conociendo de primera mano la realidad española a través de entrevistas con gobiernos regionales y colectivos sociales en su trabajo para evaluar la pobreza en nuestro país, y que presentará en esta semana al Gobierno central.

Es impresionante leer una afirmación tan rotunda de una autoridad de una organización de la importancia de la ONU sobre el hecho de que España tiene el nivel más bajo de vivienda social de toda Europa, cuando todos sabemos que nuestro país, según los indicadores económicos, no está, ni mucho menos en el furgón de cola de la riqueza en el continente, un hecho a tener en cuenta sobre la persistente desigualdad, y que ha crecido en el último decenio. Los ejecutivos españoles han fracasado en este tema, ¿o no?, porque si no se han planteado ambiciosos programas nacionales para crear vivienda social tampoco se fracasa, simplemente se pasa, y se cifra todo al mercado.

Alston insiste en que no se está cumpliendo el precepto constitucional sobre el derecho de la vivienda, y eso debe cambiar. Por nuestra parte, no dejamos de agradecer que un relator internacional saque lo colores a nuestro país en esta materia. El relator reconoce que los españoles están muy preocupados por esta cuestión y que piensan que se debe ser drástico en la política a seguir, pero también tiene claro que los partidos políticos no tienen entre sus prioridades esta cuestión.

Es encomiable que una autoridad internacional nos recuerde que los derechos también son sociales, que hay que tomarse en serio los mismos, como el de la vivienda.

También nos ofrece una pista, la intervención en los mercados libres como un medio para solucionar esta cuestión, recordando que los Gobiernos sí intervienen, pero cuando lo hacen tienden a favorecer al factor capital, y no a la población. ¿Estará pensando Alston en el mercado financiero, en el mundo de los bancos?

Como en el anterior artículo de opinión, insistimos en que el Gobierno de coalición debe abordar con la misma energía que lo ha hecho en relación con el salario mínimo, el problema de la vivienda porque es un derecho constitucional, y no cabe dejación alguna.