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37 horas y media: la derrota que desnuda el truco (y el margen de maniobra)


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

La escena fue rápida: PP, Vox y Junts sumaron 178 votos frente a 170 y devolvieron al Gobierno su proyecto de 37,5 horas. Fin del trámite, portazo al debate parlamentario, aviso a Moncloa. Pero la película no va de un capricho frenado a tiempo: se ha hecho saltar por los aires una pieza de política laboral que llevaba un año de diálogo social, con acuerdo de Gobierno y sindicatos —sin la patronal—, y que aspiraba a actualizar un marco que, no por simbólico, deja de ser clamor: desde 1983 la jornada máxima legal española sigue clavada en 40 horas.

Conviene mirar con lupa lo que se votó. En lo aritmético, un frente de circunstancia que une intereses distintos y objetivos compatibles: la derecha rehúye cualquier límite legal al tiempo de trabajo; Junts juega su partida de desgaste al Ejecutivo y exhibe palanca. En lo ideológico, la apuesta que pierde es la de ordenar mejor el tiempo, medirlo y protegerlo. No se quería una discusión de artículos ni matices sectoriales; se quiso devolverlo entero y ya. Y esa es la primera pista: cuando no se debate el cómo, suele ser porque molesta el para qué.

La mesa tripartita —Trabajo, CCOO y UGT— había cerrado el paquete; CEOE se descolgó. Ese gesto desplaza el conflicto del salón de acuerdos a los pasillos del Congreso y a los convenios. Y, sí, en la primera vuelta ha ganado la patronal. Aun así, el partido no termina aquí. Los sindicatos anuncian ofensiva en salarios y materias afines —registro horario, contratos parciales, SMI— para recuperar por convenio parte de lo que la ley fijaba por arriba. El Gobierno, por su lado, mueve la otra pata del Estatuto: el despido, con una negociación ya anunciada. Si no hay jornada legal, habrá más control horario, desconexión digital más exigente y costes de incumplir el tiempo pactado. Otra vía, más sinuosa, de elevar el precio del tiempo.

En medio late un mantra que conviene desmontar: “reducir jornada resta productividad”. Productividad no es apilar horas, sino generar más valor por hora. Y ahí pesan la organización, la inversión, la tecnología, la calidad directiva. La propuesta tumbada incluía reforzar el registro horario y la desconexión, dos palancas que tocan el elefante en la habitación: horas extras no pagadas y el goteo infinito de WhatsApp y correo que licúa la frontera entre trabajo y vida. No se trataba solo de trabajar menos: se trataba de trabajar mejor medido y mejor protegido.

¿Qué se ha caído y qué no? Se cae la fijación legal de 37,5 horas para finales de 2025 y el refuerzo explícito del registro y la desconexión. No se cae la capacidad del Ejecutivo para afinar por vía reglamentaria aspectos técnicos del control horario, allí donde no haga falta ley. No se cae, por supuesto, la negociación colectiva: desde mañana pueden pactarse 37,5 —o menos— en convenios sectoriales y de empresa. Y no se cae la agenda de despido, llamada a reequilibrar incentivos en la relación laboral. El tablero se mueve por otros costados.

De aquí salen tres caminos prácticos. Primero, la vía convenios: meter 37,5 en plataforma con reorganización de turnos y métricas de productividad. En sectores con rotación alta, una jornada menor atrae y fideliza mejor que complementos dispersos. Segundo, la vía reglamentaria: el registro horario es el IRPF del tiempo; cuando se digitaliza de verdad y se cruzan datos con Inspección y Seguridad Social, aparecen las horas fantasma y cambian las conductas. Tercero, la vía política: volver con un paquete más amplio —tiempos de trabajo, desconexión, incentivos a la inversión en organización y tecnología, herramientas para pymes— y abrir de verdad el intercambio parlamentario, también con el socio renuente. Mientras tanto, SMI y reforma del despido funcionan como contrapesos para fortalecer la posición negociadora de quien solo tiene su tiempo.

La discusión, al final, no es sentimental. España no puede competir a cronómetro. Defender las 40 horas “de toda la vida” es, en realidad, defender un modelo de bajo valor que no paga la factura de la IA, la transición energética ni la demografía. Bajar a 37,5 era el mínimo civilizatorio y un mensaje a la economía: inviertan en organización, dejen de usar la hora barata como atajo. Negarse a transitar esa puerta condena a muchas pymes a márgenes raquíticos y a demasiadas familias a equilibrios imposibles.

La derrota de hoy no es una catástrofe; es un diagnóstico. Cuando la patronal rompe la baraja y una minoría decisiva le guarda la jugada, el Parlamento se convierte en escombrera de reformas. Toca construir mayoría social en convenios y en la calle. Y toca hacer política mejor: explicar con números y ejemplos que menos horas pueden dar más resultados —no por magia, sino por diseño organizativo— y que el tiempo de vida no es variable de ajuste. La próxima vez que se vote, que se vote con relojes sobre la mesa: registro real, turnos racionales, descansos efectivos y productividad por diseño. Si no, seguiremos midiendo el siglo XXI con una tarjeta de fichar de 1983.

 

Doctora en filosofía y letras, Máster en Profesorado secundaria, Máster ELE, Doctorando en Ciencias de la Religión, Grado en Psicología, Máster en Neurociencia. Es autora de numerosos artículos para diferentes medios con más de cincuenta publicaciones sobre Galdós y trece poemarios. Es profesora en varias universidades y participa en cursos, debates y conferencias.


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