Alerta contra ingenuos, disfóricos y genocidas

Los Estados son artefactos sofisticados que pueden ser concebidos como realidades políticas inmutables o bien cambiantes, como movedizas relaciones de fuerza. Ambas concepciones, en clave democrática, conciben lo estatal como un universo en el cual el poder nudo, el pragmatismo político, se ve controlado por la eticidad, la moral pública; mientras que la eticidad, en caso de exacerbarse dando lugar al doctrinarismo –léase el jacobinismo– se embrida y sus propios excesos los acorta el poder pragmático. En la armonía de poder y ética se encuentra la clave del buen quehacer político.

Grosso modo, lo estatal invoca la estabilidad, pero tiene dentro pulsiones dinámicas que introducen cambios en su ser y en su funcionamiento. Dentro de los Estados actúan distintos vectores políticos. Por ejemplo, los partidos. Se trata de organizaciones, racionalizadas y jerarquizadas que representan intereses de categorías sociales distintas, generalmente divergentes de los intereses de otros partidos; de ahí su dialéctica conflictiva, porque las acciones y posiciones de las distintas clases sociales en liza, por su antagonismo y por las distintas cuotas de poder de las que disponen, entran casi siempre en conflicto. Los partidos políticos, por sí mismos, niegan la política concebida como una totalidad, porque son parciales, de ahí su denominación. Acceden a ejercer el poder cuando llegan al Gobierno por vías electorales y/o parlamentarias.

El Gobierno es otra de las instituciones políticas conectada pues a los partidos y, también, al Estado. Los Gobiernos están obligados a satisfacer los intereses sociales, los de toda la sociedad, de manera congruente con los intereses estatales que consisten en asegurar al Estado en cuestión a mantenerse íntegramente como organización política en el espacio territorial y en el tiempo histórico.

Los Gobiernos saben muy bien que en el caso de alejarse de la satisfacción de los intereses sociales y estatales, caen irremisiblemente y pierden el poder. Y todo ello en cuanto a la necesidad de la sociedad, a través de la política, de satisfacer sus demandas vitales y existenciales, de libertad, igualdad y seguridad, de un lado, y del otro, las relativas al mantenimiento del espacio territorial de la nación sobre la que el Estado se asienta y a la actualidad histórica en la que el Estado vive.

¿Para qué todo este enredado introito, se preguntará el paciente lector? Pues, sencillamente, para averiguar cuál es hoy, aquí y ahora, la salida a la cuestión planteada por una supuesta –y, presumiblemente, muy grave- crisis generada por conductas corruptas de dos figuras de peso, una en el Gobierno socialista, del cual fue expulsada, y otra en la organización de uno de los partidos gobernantes, el PSOE, además de un colaborador necesario que lo está enredando casi todo y no se sabe bien si además de sus propios intereses, trabajaba por cuenta de terceros, partidos políticos rivales o instituciones, interesados en dañar a quienes él asesoraba y al partido en el cual aquellos militaban.

En la vida existe un axioma que se asocia a la justicia, “el que la hace, la paga”. Si esos tres señores se han corrompido mediante la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, deben pagar al erario público el fruto de tales comisiones y ser juzgados imparcialmente por un juez que les imponga la pena que en ley les corresponda afrontar.

Vayamos ahora a las consecuencias políticas de esa presunta corrupción. ¿Qué debe hacer el Gobierno afectado por esa supuesta corrupción? De momento, les ha apartado a ambos de los puestos de responsabilidad que ocupaban, uno meses atrás, del Gobierno y el otro, hace apenas unas semanas. ¿Debe dimitir el Gobierno porque dos corruptos se hallaron demasiado cerca del poder? ¿Tiene responsabilidad quien les designó para aquellos cargos?

De responder afirmativamente a estas preguntas, debiera haber dimitido José María Aznar, por haber tolerado la corrupción en las filas del PP durante su mandato- casos Gürtel y su prolongación, caso Bárcenas- y por haber mentido a los españoles por falsear la información del atentado del 11-M con fines electoralistas, así como Mariano Rajoy, por el caso Rato, representante de España en el Fondo Monetario Internacional, además de Felipe González, presidente del Gobierno del PSOE, cuando se supo que Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil, había incurrido en corrupción probada. Si ellos no dimitieron, ¿por qué debiera ahora dimitir Pedro Sánchez, cuando los cargos de los supuestos corruptos por él nombrados, Ábalos y Cerdán, son de menor importancia y peso político que los de un representante de España en el Fondo Monetario Internacional, ex Vicepresidente Primero y nada menos que el Director General de la Guardia Civil? No sería ni justo ni equitativo. Sin embargo, el clima creado por los profesionales del insulto, esos que solo saben vociferar y patalear en el Congreso de los Diputados, decanta tanto los ánimos hacia el linchamiento que no conciben otra salida a la crisis, es lo que dicen pretender, que arramblar con todo lo hecho por el primer Gobierno de coalición, el único en 40 años de democracia en España. Y lo hecho es mucho, muy consistente y avanzado en términos objetivos y reales, salariales también, en cuanto a la satisfacción del interés social, existencial y vital para la mayoría social española. Eso lo saben millones de trabajadores, empleados y asalariados españoles.

Nadie niega la responsabilidad política de quien designó a dos manzanas podridas para cargos tan relevantes. Habrá de pagar un precio por su error doble. Mas ese precio se enjuga en las urnas, donde las responsabilidades políticas pasan factura a quien en ellas incurre. Pero todo ello, en ningún caso y mucho menos sin sentencia firma y probada, puede implicar el derrumbe total de toda una política de progreso social y económico para trabajadores y empleados de este país que, por primera vez en la historia reciente, han recibido el trato de ciudadanos con plenos derechos y no el de simples vasallos como los que les aplicaron los Gobiernos de derechas anteriores ni el de meros votantes asignado por el prolongado Gobierno de Felipe González. La satisfacción de necesidades sociales de la gran mayoría de los españoles está por encima de los rasgados de vestiduras de aquellos que no solo toleraron sino que silenciaron la corrupción en sus filas, cuando no incurrieron en crímenes de Estado.

Por cierto, ¿qué le mueve al político sevillano y algunos de sus exministros a situarse frontalmente contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo su cabeza, su dimisión y la convocatoria urgente de elecciones generales? ¿Tal vez el deseo de participar, junto al PP, en un Gobierno de coalición hegemonizado por la derecha en sintonía obligada con la extrema derecha, que le pisa los talones y le echa su aliento en la nuca a cada paso que se propone dar? La política, ¿no les ha enseñado nada a ese puñado de próceres socialistas y algún acólito, a propósito de la ingenuidad, ni del precio que exige pagar a quien incurre en ella? ¿Creen que el PP les va a dar cancha para cogobernar con ellos? ¿Es preciso recordarles lo que ha sucedido en Portugal, donde la ingenua actitud del Primer Ministro Antonio Costa, aviniéndose a dimitir por una mera sospecha de corrupción, que se demostró falsa, ha abierto la puerta a la extrema derecha super-reaccionaria Chega y su incrustación presumiblemente irreversible en el poder y en el aparato de Estado del país vecino? Quizá aquí les mueva el odio hacia la persona que, aleccionada por la izquierda real, mostró que el socialismo o es de izquierda, en términos sociales y económicos, también políticos, o es otra cosa como la que ellos, durante su Gobierno, aplicaron aquí, tan medrosamente como para dejar la escena política española salpicada de cargas de profundidad irresueltas, por no haber hecho lo que había que hacer con el coraje que a ellos entonces les faltó y que abrió camino a prolongados, socialmente ruinosos y objetivamente corruptos Gobiernos del Partido Popular?

Deberían tener clara una cosa: los ciudadanos demócratas españoles, que son muchos, conservan la memoria de lo que implicó para España una dictadura de extrema derecha durante cuarenta largos años, dictadura que nos apartó del progreso continental y nos sujetó férreamente a los caprichos de distintos Gobiernos de Estados Unidos de manera hoy difícilmente reversible. Ya hemos visto hasta dónde llega ahora la arrogancia que irradia tan tóxicamente desde la Casa Blanca, cuyo disfórico inquilino de atreve a decir que “España es un problema” cuando el mundo entero sabe que el verdadero problema del mundo es él. Y ya hemos conocido qué modelo de antidemocracia preconizan sus apóstoles, Bannon, Vance y Rubio para media Europa, ya casi toda ella bajo la bota de Gobiernos reaccionarios, ultranacionalistas y belicistas en sintonía con la Casa Blanca.

Pero aquí, en España, esa memoria antifranquista impide e impedirá con todas sus fuerzas el acceso al Gobierno de quienes, por haberse apartado de la democracia que les permitió jugar un juego político que ellos detestan, quieren arrasar la democracia y sus avances sociales y económicos, para regresar a los tristes y mediocres tiempos del dictador, cebándose de injurias contra en los migrantes, las mujeres, los diferentes y los débiles y, sin duda, contra los que viven de sus manos, trabajadores, empleados, funcionarios, asalariados todos.

Por todo ello, los coqueteos del Partido Popular con la extrema derecha han sido, son y sin duda, serán, una invariante persistente que hará perdurar el rechazo hacia la fórmula gubernamental que el partido de la gaviota azulada preconiza sin tener, ni mostrar, la más remota idea de qué va hacer con España. Y ello en medio de una tormenta geopolítica mundial que solo el coraje personal de un político europeo como Pedro Sánchez, pese a sus errores, se ha atrevido a denunciar en medio del silencio de los acobardados vecinos continentales y el sumiso aplauso de los aduladores locales del déspota del rubio tupé y de su pupilo, el genocida que acabará por destruir el Estado que dice defender. El viaje de Pedro Sánchez a China en plena tormenta logorreica de Donald Trump fue todo un alegato del intento de autonomía geoestratégica europea.

Calma pues. Y prudencia. Nada de precipitaciones. Esperemos las pruebas de la corrupción y cuando las sentencias surjan, aplíquense los cambios orgánicos necesarios para que la plaga no vuelva a surgir en las filas del partido socialista. Y no quitemos el ojo a lo que en derredor acontece, no vaya a ser que lo que sucede, su secuencia, su ritmos y sus crescendos, tenga que ver mucho más de lo que imaginamos con la ira del gestor inmobiliario re-devenido en presidente estadounidense o con el rencor de su genocida de guardia, doloridos ambos por comprobar que hay por aquí redaños, todavía, para denunciar sus exacciones y crímenes, respectivamente.

La secuencia Estado-Gobierno-Partidos políticos tiene un fundamento básico prioritario: el interés social, que da sentido a los tres vectores políticos. La sociedad española no está ahora para rasgados de vestiduras, ni dimisiones, ni desestabilizaciones políticas, cuando por vez primera en mucho tiempo, sus necesidades vitales comienzan a verse satisfechas. Caiga el peso de la ley sobre los corruptos convictos y déjese al Gobierno legítimo hacer políticas para la mayoría.